Liliana Garabedian tenía 37 años cuando fue encontrada muerta, el 12 de diciembre de 2010, en un descampado de la localidad de Nueva Coneta, Catamarca. En la causa obraban dos autopsias, la primera realizada en Catamarca que decía que había muerto de hambre y sed, la segunda hecha 5 años después por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que señalaba que murió asfixiada por un lazo. Ahora Gendarmería “desempató” y determinó no sólo la muerte por asfixia, sino que fue en un contexto de violencia de género.

Con este nuevo panorama, el abogado Ivan Sarquís, quien representa a la madre de Liliana, Lola Carrizo, pidió lo mismo que hizo en 2015, cuando el EAAF había determinado la muerte violenta y no fue escuchado por la Justicia catamarqueña.

“Solicité que el ex marido de Liliana, Roberto Barros, sea apartado de la querella, y su inmediata imputación. Que se caratule como homicidio doblemente agravado y se pida la colaboración de la Policía Federal o de Gendarmería, teniendo en cuenta la ostensible crítica que realizaron a la autopsia local y a investigación de la Justicia. Por último que se encuadre la investigación en el marco de todas las leyes y convenciones internacionales que protegen a las mujeres, ya que fue en contexto de violencia de género”, dijo.

“Tengo una víctima que es mujer y una querellante que es su madre y también es mujer y hay que cuidarle todos sus derechos. La Fiscala Yésica Miranda tiene que actuar ahora en este marco rápidamente sin demora ni dilaciones y tomar medidas urgentes”, agregó Sarquís.

El año pasado, el quinto fiscal que intervino en la causa, Jonathan Felsztyna, tras varios años de tener la causa en sus manos, fue el segundo en solicitar un pedido de archivo de la causa con argumentos sin perspectiva de género.

Felsztyna, quien actualmente está ternado para ejercer como juez de la Cámara de Apelaciones, apeló en su escrito a una supuesta “locura” de Liliana en base a los dichos de su marido que la habrían llevado a suicidarse de hambre y sed. El fiscal nunca se preguntó por qué Barros tenía en su poder el diario íntimo y el celular de Liliana, cuando supuestamente él no la había visto. Sólo se limitó a resaltar palabras como “deprimida”, “incoherente”, “desestabilizada”, etc. También desestimó la re-autopsia del Equipo Argentino de Antropología Forense, por ser realizada “fuera de tiempo”.

Como contraparte, destacó la “modernidad” de la autopsia psicológica que se realizó 8 años después. Estas “hipótesis”, avalan, para el fiscal, que Liliana era una joven que había sufrido pérdidas, y estaba deprimida, en resumen, que estaba “desequilibrada”.

Tras este pedido, fue el juez de Garantía, Rodolfo Maidana, quien desestimó este archivo y decidió el año pasado que “aún hay elementos para investigar” y la causa fue derivada a un sexto fiscal. En ese marco, fue que Sarquís pidió que un equipo tanatológico Federal desempate las dos autopsias.

“Hay que plantear seriamente la capacidad acreditante de la autopsia y para esto hay que pedir la intervención de un equipo tanatológico federal, ya sea de la policía, gendarmería, los dos o cualquiera que no sea de la provincia, porque acá todos son primos”, dijo Sarquís en agosto del año pasado. “El investigador debe sentirse responsable cuando pasan 10 años sin resultados. Hay mucha ausencia de responsabilidades fiscales aquí. Creemos que a esta altura se tiene que ordenar la causa y definir de una buena vez, si tiene razón el médico tanatólogo del EAAF o el médico de la policía”.

Desempate

Finalmente, y luego de 7 meses de análisis, Gendarmería concluyó el informe, que consta de 140 fojas.

Entre las conclusiones, primero y tal como hizo en su momento el EAAF, señalaron las impericias de la primera autopsia y también las de la investigación realizada por el equipo de criminalística y la Policía de Catamarca, descartando de plano que Liliana pueda haber tenido una muerte natural por inanición y deshidratación.

“Del análisis surge que se ha incurrido en severos errores y omisiones que no condicen con lo que marca el arte y ciencia de la medicina forense”, destacan y concluyen a diferencia de esa primera autopsia, que su muerte no databa de entre 48 a 72 horas, sino de 12 a 24 horas previas al hallazgo.

Asimismo, señalan en cuanto el actuar de criminalística que “no se observa el ingreso a la escena con elementos de bioseguridad que reduzca la posibilidad de contaminación de la misma. Que las fotografías son escasas en calidad y cantidad ni fueron tomadas en detalle con testigo métrico. Que tampoco se hizo planimetría ni una cadena de custodia de la evidencia”.

En cuanto a la autopsia psicológica que ordenó uno de los fiscales en su momento con el objetivo de refutar lo vertido por el EAAF, Gendarmería destaca: “No hubieron elementos suficientes para pensar una conducta autoagresiva”. Las autopsias psicológicas se realizan en caso de suicidios.

Además, destacan que “Que se entiende que no existe un diagnóstico claro respecto de la estructura psíquica de Liliana, que no hay elementos para determinar si cursaba o no una psicopatología, pero que si es posible inferir que estaba transcurriendo alteraciones emocionales por todo lo vivido en los últimos meses”, es decir luego de octubre de 2010 cuando ella se separó tras denunciar por violencia de género a su ex marido.

Por último resaltan: “Que según todo lo obrante en autos, se infiere que Liliana Garabedian fue víctima de violencia física, psicológica, económica y patrimonial”.

Historia

“Quiero que la justicia de Catamarca me diga quién mató a mi hija, qué le paso”, dijo Lola en septiembre de 2015 mientras el EAAF desenterraba el cuerpo de Liliana para practicarle una re autopsia. Pasaron 7 años desde aquel día en que la mujer tuvo que volver a ver el cuerpo de su hija en esa situación y ya entonces pensaba que la justicia de Catamarca no quería investigar ni darle respuestas para “tapar” las “pésimas pericias y actuaciones” que hicieron desde que ella estuvo desaparecida.

El dolor de Lola inició antes del homicidio de su hija. Fue en octubre de 2010, cuando ella vino a visitarla desde Buenos Aires y fue testigo de la violencia a la que era sometida por su entonces marido. Ese mismo mes, y por primera vez, Liliana se animó a denunciarlo por violencia de género. Barros, quien tenía una hermana y un cuñado que eran policías, tras la separación comenzó a ir a la casa donde habían convivido y comenzó a desvalijarla. Se llevó todo, y les dejó apenas los cepillos de dientes.

Liliana se deprimió, pero pudo hacer lo necesario en el Juzgado de Familia para obtener la tenencia de sus hijos a quienes pensaba llevarse de regreso a Buenos Aires luego de que terminaran las clases la primera semana de diciembre. Su madre la acompañó hasta donde pudo con su sueldo de jubilada y volvió a su provincia el 5 de diciembre para preparar todo para la llegada de su hija y de sus nietos.

El domingo 6 de diciembre la joven fue a buscar a sus hijos, quienes habían pasado el fin de semana con su padre, en la casa de su cuñada. No se los quisieron dar y Liliana reclamó. La historia que se cuenta después fue la que dio su cuñada. Ella llamó a la policía (sus colegas) y les dijo que su pariente le había pegado con un palo. Esa versión fue la que relató tras radicar una denuncia contra Liliana en la Unidad Judicial N|2.

Esa noche, los policías de la Comisaría Décima que concurrieron al lugar, detuvieron a Liliana por averiguación de antecedentes y medios de vida. Eso asentaron en el libro de manera sobrepuesta y con tachones muchos días después. La mujer, que por protocolo debió ser trasladada a la Comisaría de la Mujer, estuvo 18 horas detenida de manera irregular. Un policía declaró que se hizo pis encima. Su marido, fue cuatro veces al destacamento a dar versiones de lo “violenta” que se había puesto.

Al día siguiente, por orden del Juzgado de Familia, Liliana fue llevada al Hospital para que la atienda una psicóloga. Los uniformaron la llevaron. Liliana en la entrevista se mostró molesta y dio a entender cuando se iba que alguien la esperaba para llevarla. Nunca más la vieron.

Barros, quien tenía restricciones de acercamiento, denunció su desaparición el 9 de diciembre. La buscaron cerca de su casa y por ruta provincial N°4, donde solía ir a caminar. Ese mismo día y según pericias pedidas por Lola, el celular de su yerno se activó con la antena de Nueva Coneta, lugar en donde unos puesteros dijeron que la habían visto cuando la foto comenzó a circular en los medios porque estaba desaparecida.

Liliana fue encontrada a 500 metros del lugar donde la vieron los puesteros, tres días después de denunciada su desaparición. Estaba tirada bajo un árbol y tenía puesta una musculosa blanca sin rastros de tierra o sudor, sus pies descalzos no habían pisado una sola espina del monte. La versión que le dieron desde la División de Homicidios a Lola fue, que no encontraron el resto de la ropa (bombacha, corpiño, pantalón, medias y zapatillas) porque se la “llevaron los animalitos del monte”. El perito que realizó la autopsia, dijo que su muerte fue por “inanición y deshidratación severa”, luego de vagar 5 días en un círculo de 500 metros cuadrados, por donde pasaba un canal de agua de riego y se escuchaba el ruido de los vehículos circular por la ruta, ubicada a escasos 1000 metros del lugar.

La causa, que comenzó a ser investigada por el entonces fiscal y ahora Juez Correccional, Javier Herrera, pasó a finales de agosto de 2011 a manos de los fiscales Marcelo Sago (hoy Juez de Garantías) y Juan Pablo Morales (hoy ex Juez de Apelaciones destituido por el delito de cohecho e investigado por narcotráfico). Ambos, el 9 de septiembre de ese año (una semana y media después de recibir el expediente), decidieron que Liliana estaba desequilibarda y se suicidó)y que la responsabilidad era de la psicóloga que la atendió en el Hospital y la dejó irse sin internarla, por lo que pidieron una indemnización para el marido de 500 mil pesos a quien dejaron ingresar como querellante.

Tras el rechazo, el expediente pasó a las manos del fiscal Roberto Mazzuco. Durante su investigación es que Lola, con las fotos que sacaron los peritos durante el hallazgo del cuerpo de su hija y la autopsia, logró que las analicen los expertos del EAAF. Tras varios meses de espera lograron la exhumación del cuerpo.

El EAAF, además de encontrar rastros de una autopsia mal realizada, determinó, con lo poco que tenía para analizar, que Liliana falleció como consecuencia de asfixia mecánica por lazo.

Los fiscales no creyeron. Y, estando el caso del suicidio de Alberto Nisman en boga a quien se le practicó una “autopsia psicológica” (recomendada para casos de suicidios dudosos) solicitaron que el equipo de psicólogas del Cuerpo interdisciplinario Forense (CIF) local se capaciten y la realicen. Fue una capacitación de tres días que recibieron y así consta en el resultado de la pericia. Con este documento que avalaba una muerte por suicidio de hambre y sed, quisieron refutar al EAAF.

Mazzuco, fue destituido por un Juri de enjuiciamiento por el cobro de coimas. En su lugar quedó Alejandro Gober y posteriormente el expediente pasó a manos del fiscal de novena nominación Felsztyna.

Hoy la causa la tiene la fiscala Miranda y sigue caratulada como “Desaparición con sospecha de criminalidad”.