Una estudiante denunció por acoso al profesor Gabriel Gómez, del Colegio Secundario de la localidad de Las Lajitas, quien además fue candidato a intendente y a convencional constituyente por el Frente Salteño.
El Ministerio de Educación informó que el docente será apartado de las aulas y le asignarán tareas administrativas en otra institución. La denuncia es de julio último, pero recién esta semana, la fiscala María Celeste García Pisacic caratuló la causa. Asimismo, el martes, el Juzgado de Violencia Familiar y de Género, cuya titular es Verónica Viarengo, dispuso medidas cautelares.
Las Lajitas es un municipio en el departamento Anta, a 200 kilómetros de la ciudad de Salta.
El Ministerio de Educación fue el primer organismo que confirmó la existencia de la denuncia y las medidas dispuestas de forma preventiva. Según la información aportada a Salta/12, se siguió "todo el protocolo" y "se lo trató como a cualquier caso".
La cartera educativa indicó que el profesor pidió licencia voluntaria, "puede volver cuando quiera pero en cuanto vuelva se le notifica de la separación de los cargos que tenga en los colegios y pasa a tareas administrativas sin contacto con alumnos como marca el protocolo", se indicó. "El inicio de sumario está en trámite. Ya realizaron todas las presentaciones en (el departamento) jurídico y solo falta la notificación del apartamiento del cargo cuando el docente vuelva de la licencia", añadió el organismo.
"El POE (Programa de Orientación Escolar) no intervino porque cuando la alumna denuncia al docente, justo comenzaban las vacaciones de invierno y, al regresar de las vacaciones, el colegio consideró que no era bueno volver sobre el tema porque los chicos lo habían dejado atrás y la víctima estaba asistida", informó.
La denuncia fue realizada por la madre de una adolescente antes del receso invernal. El Ministerio Público Fiscal informó de la causa este miércoles ante consultas realizadas por la prensa, y luego de que el Ministerio de Educación confirmara la existencia de la denuncia.
La Asesoría General de Menores e Incapaces informó que la asesora María Susana Zenzano Poma participó de la declaración de la denunciante en Cámara Gesell, "a pesar de que no le llegaron a girar el expediente" desde la Fiscalía interviniente. Sin embargo, el organismo aclaró que la funcionaria solicitó la información correspondiente. Se indicó además que el profesor no fue imputado, por ello solo hay medidas administrativas de la cartera educativa.
Desde finales de agosto en el caso interviene el Juzgado de Violencia Familiar y de Género, desde donde informaron que tomaron medidas cautelares "previstas en la ley de violencia", pero no precisaron cuáles. Desde el organismo indicaron que los expedientes de violencia son reservados a las partes y abogadxs de éstas. Aunque en esta causa el acusado todavía no se ha presentado con un representante legal. La familia de la víctima hasta el momento no cuenta con abogadx que la asista.
La causa contempla hechos de violencia de género, bajo la modalidad institucional y de tipo psicológica y sexual. Lo denunciado son "conductas inapropiadas" del docente, entre éstas, insinuaciones que pueden interpretarse como de carácter sexual. El Ministerio Público Fiscal informó que en la denuncia la madre sostuvo que su hija "se veía afectada por actitudes de un docente que la incomodaban y que produjeron cambios en su conducta, tales como no querer asistir al colegio, en su forma de vestir y otras. Incluso señala una situación ocurrida en el ámbito escolar donde el acusado la habría tomado del brazo".
El denunciado no es solo profesor, también es político y su última candidatura fue a convencional constituyente por el Frente Salteño. Es también hijo del exsenador del Partido Justicialista por Anta, Ernesto Gómez.
Además, el docente es hermano del fiscal Gonzalo Gómez Amado, quien fue trasladado de la Fiscalía del departamento Anta a la Fiscalía Penal Nº 2 de Metán en 2019, por disposición del exprocurador general de la provincia, Abel Cornejo, que fundamentó la decisión en la necesidad de “morigerar el nivel de conflictividad persistente a nivel institucional". El funcionario tenía cuestionamientos, fue apartado de varias causas, y referentes de la producción agrícola ganadera habían solicitado un jury de enjuiciamiento en 2018 por presuntsa irregularidades en su desempeño.
