Charles Carrera, senador uruguayo del partido opositor Frente Amplio, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que es objeto de una “campaña de hostigamiento” del Poder Ejecutivo encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou que ha “decidido apostar a la criminalización de los denunciantes” de su gestión.

Carrera, que pertenece a la lista 609, cuyo líder es el expresidente José Mujica, explicó en la carta enviada a la CIDH que desde el 1 de marzo de 2020 cumple su rol de legislador opositor que controla la gestión del Poder Ejecutivo.

El legislador de izquierda informó que una de sus tareas ha sido denunciar junto a sus compañeros de bancada “presuntos hechos de corrupción” en el acuerdo firmado por el gobierno de Lacalle Pou con la empresa Katoen Natie para el uso hasta el año 2081 de la Terminal de Contenedores del puerto de Montevideo.

Esto lo enfrentó con el ministro Luis Alberto Heber, quien primero ocupó la secretaría de Transporte y Obras Públicas y ahora está en Interior. La izquierda también ha criticado a Heber por su gestión en seguridad pública.

Carrera dijo que la actual administración, “en connivencia con algún medio de prensa favorable al gobierno” (en alusión a un programa de Canal 4), comenzó a atacarlo. Para ello se instaló en la agenda pública un hecho ocurrido “hace diez años”, cuando Carrera era director general del Ministerio del Interior, durante la gestión del Frente Amplio. “Se denuncia (...) que yo pretendí, hace diez años aproximadamente, encubrir un proceder doloso de un policía, que luego de disparar un arma en una fiesta, dejó discapacitado a una persona. Ese relato falso fue claramente impulsado por el Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quien salió a buscar información sobre mi persona y tergiversando los lamentables hechos, comenzó una campaña de hostigamiento contra mi”. El gobierno denuncia que Carrera permitió que el civil afectado por el disparo fuera atendido en el Hospital Policial.

Carrera señaló que Heber “abusando de sus prerrogativas como ministro, utilizó los servicios de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía para pesquisar, investigarme y hacerme una persecución política”.

“El hostigamiento mediático fue grosero, continuo y sistemático, al punto que en apenas 20 días desde que comenzó esta campaña de enchastre personal, fui mencionado por algunos medios de comunicación, más de 670 veces”, agregó el legislador.

Evitar ser controlado

Carrera dijo que el gobierno de Lacalle Pou, “aplicando una burda lógica de defenderse a través de un ataque personal” ha “decidido apostar a la criminalización de los denunciantes”. “El amedrentamiento tiene la finalidad de evitar ser controlado y cuando eso sucede, no hay quien pueda ejercer el rol de contralor por la simple razón de quedar aterrado ante eventuales represalias”.

Señaló que los denunciantes de corrupción tienen “derecho a acceder a un recurso rápido y efectivo para la protección de sus derechos en caso de que sean objeto de amenaza o perturbación”. Por todo esto, Carrera pidió a la CIDH que “proceda de acuerdo a lo que entienda pertinente” en el caso.