El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, firmó un decreto que modifica la normativa sobre el empaquetado y etiquetado de las cajas de cigarrillos pautadas en la Ley de Protección del Derecho al Medio Ambiente Libre de Humo de Tabaco y su Consumo (18.256). Estas modificaciones son contrarias a la política de tabaco impulsada por el gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020), reconocidas a nivel mundial.

Específicamente, entre los cambios que introduce este decreto, emitido desde el Ministerio de Industria, con el aval del Consejo de Ministros, está la habilitación de la venta de las “cajas blandas”. Hasta el momento solo se podían comercializar cigarrillos en cajilla dura.

“Imponer como única versión comercializable la cajilla dura (de cartón con apertura ‘flip top’) excluye la cajilla blanda que ha sido la que más se vende en el mercado y cuyas características le permiten competir más efectivamente con las que ingresan de contrabando”, señala la normativa aprobada a inicios de septiembre.

Además, la redacción del decreto suprime la prohibición de incluir logos o inscripciones de las marcas en los cigarrillos. De esta manera, “en el cigarrillo o en el interior de la cajilla el fabricante podrá incorporar elementos distintivos destinados a determinar la autenticidad del producto o su trazabilidad”.

El ministro de Salud Pública, y uno de los seis candidatos para presidir la Organización Panamericana de la Salud, Daniel Salinas, dijo que el cambio en la normativa “es una opción” que tienen las empresas “de pasar de un envase rígido a uno flexible”.

“No es un tema de beneficiar la industria, sino es de beneficiar al consumidor, en el sentido de que consuma un producto perjudicial para la salud, como lo es el tabaco, pero, en definitiva, con los controles de calidad que exigimos en nuestro país”, señaló Salinas.

La decisión gubernamental fue cuestionada por la oposición. La diputada del Frente Amplio y exsubsecretaria de Salud Pública, Cristina Lustemberg, calificó la decisión como un "retroceso".  "Realmente estamos muy sorprendidos y preocupados. Es una alarma para quienes manejamos temas de salud y un claro retroceso en la política antitabaco que tiene el país históricamente desde el convenio marco del 2004", dijo Lustemberg en una rueda de prensa.

La presión de la industria tabacalera

El argumento del gobierno de Lacalle Pou para realizar estas modificaciones en la política de tabaco implementada por Vázquez es que con las prohibiciones se aumentó el comercio de cigarrillos por contrabando, aunque no hay información que dé cuenta de eso.

Estos cambios en la normativa vienen siendo reclamados por la industria tabacalera en Uruguay. La empresa Montepaz, empresa uruguaya que se dedica al cultivo, procesamiento y comercialización de tabaco, fue recibida por la Comisión de Salud y Asistencia Social del Senado, en el año 2018, cuando se discutía la implementación de las prohibiciones sobre el empaquetado y etiquetado de los cigarrillos.

Durante la sesión, los directivos de Montepaz afirmaron: “la cajilla blanda es la que tiene mayor participación en las ventas de nuestra empresa; tiene cerca de la mitad de nuestras ventas”.

En ese entonces, el actual presidente de Uruguay, se desempeñaba como senador e integraba esa comisión del Senado y se posicionó en contra de la propuesta de empaquetado neutro porque consideraba que la medida se pasaba “de rosca”, según consignó el portal Sudestada.

“Me parece que va al extremo y que lejos está de seguir ayudando a que se consuma menos tabaco. Creo que lo que se va a hacer con este proyecto de ley –que seguramente esté bien intencionado y, obviamente, hay un esfuerzo personal para seguir trabajando en estos temas– es interferir en la competencia”, fundamentó. 

Por otra parte, medios uruguayos recordaron en estas hroas que la empresa Montepaz donó 552 mil pesos uruguayos (unos 12.000 dólares) para la campaña de Lacalle Pou, según los datos publicados por la Corte Electoral.

El gobierno y las empresas

El recientemente designado director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Nicolás Martinelli, visitó a fines de abril la sede de la empresa Montepaz, cuando él se desempeñaba como asesor del presidente Lacalle Pou, reveló la investigación periodística de Sudestada.

Esta reunión de Martinelli, previa a las modificaciones en la normativa de tabaco, implica, según el reportaje, una violación respecto a los vínculos con la industria tabacalera, algo establecido en el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco.

“A la hora de establecer y aplicar sus políticas de salud pública relativas al control del tabaco, las Partes actuarán de una manera que proteja dichas políticas contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera, de conformidad con la legislación nacional”, dice el artículo 5.3 del Convenio Marco.

Otras modificaciones

No es la primera vez que el gobierno de Lacalle Pou realiza cambios en la normativa sobre tabaco. En marzo de 2021, a un año de iniciar su mandato, el presidente habilitó la comercialización, venta, importación, registro y patente de Productos de Tabaco Calentado.

La normativa, emitida desde Presidencia de la República, fue utilizada por la empresa Philip Morris International, que en el año 2016 perdió un juicio contra Uruguay ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, para mostrar sus avances en la región en aspectos regulatorios.

“El decreto presidencial revocó la prohibición de importar productos de tabaco calentado, reconociendo que ahora existen alternativas a los cigarrillos con un perfil de riesgo diferente que puede desempeñar un papel en la reducción del impacto del tabaquismo en el país”, decía el documento de la empresa tabacalera, al que accedió Sudestada.