El gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, concedió la extradición a Estados Unidos de Álvaro Fredy Córdoba, hermano de la senadora oficialista del Pacto Histórico, Piedad Córdoba.
El ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, informó este miércoles que notificarán la decisión al acusado, que ahora tiene un plazo de 10 días para apelar la decisión del Ejecutivo.
Álvaro Córdoba fue detenido por la Policía el 2 de febrero de este año en Medellín y es solicitado por la corte del Distrito Sur de Nueva York por supuestos delitos de narcotráfico relacionados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
A mediados de agosto, la Corte Suprema de Justicia de Colombia permitió la extradición por tráfico de drogas, uno de los tres cargos detallados en la petición del gobierno de Estados Unidos. Por otra parte, la máxima autoridad judicial negó la extradición por los delitos de posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y concierto para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
La senadora del Pacto Histórico defiende que se trata de una “persecución política contra mí y contra mi familia”. “Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con narcotráfico ni con grupos armados. Reto que se muestren las pruebas que soportan este nuevo montaje judicial”, manifestó en febrero de este año.
Medios locales informaron el 29 de julio que la Corte Suprema de Justicia podía abrir una investigación contra la senadora por enriquecimiento ilícito. En mayo, la legisladora fue retenida en Honduras por tratar de ingresar 68.000 dólares en efectivo sin declarar al salir de ese país, por lo que Petro, entonces candidato a presidente, ordenó a Córdoba "suspender todas sus actividades dentro de la campaña".
La intermediación de Córdoba
A fines de 2007 el entonces presidente Álvaro Uribe nombró a Córdoba intermediaria para lograr un acuerdo humanitario con las FARC, que tenían secuestradas a varias personalidades de la política colombiana. Córdoba tenía una buena relación con quien era el presidente venezolano, Hugo Chávez, y su perfil le permitiría desarrollar un diálogo con las FARC en mejores términos que otros políticos colombianos.
Durante la intermediación de Córdoba fueron liberados varios políticos, pero la colaboración con el gobierno fue suspendida a comienzos de 2008 por Uribe, quien la acusó por su cercanía con la guerrilla.
Meses después, desde el gobierno de Uribe se dijo que se encontraron correos electrónicos intercambiados entre Córdoba y Raúl Reyes, en ese entonces el número 1 de las FARC, abatido en 2008 en un operativo militar colombiano en territorio ecuatoriano. Más adelante la existencia de esos correos fue puesta en duda por las autoridades políticas y judiciales.
La destitución de Córdoba
Tras las acusaciones por supuestos vínculos con las FARC, la Procuraduría General de la Nación destituyó en 2010 a Córdoba como senadora y la inhabilitó para ocupar cargos durante 18 años, lo que frustró una carrera política en ascenso.
Córdoba siempre negó las acusaciones. Aseguró en aquel momento que sus vínculos con la guerrilla eran únicamente para buscar la liberación de rehenes y el acercamiento al fin del conflicto. También sostuvo que el gobierno de Uribe escondía intereses políticos detrás de las acusaciones para perjudicarla no solo a ella, sino también al acuerdo humanitario con las FARC.
Seis años después, el Consejo de Estado consideró que la destitución de Córdoba "se basó en conjeturas" y aseguró que no había pruebas del vínculo entre la exsenadora y la guerrilla. Córdoba volvió a la política, pero no recuperó la visibilidad o la popularidad que llegó a tener en 2008.
