Desde Santa Fe

La mayoría de la Cámara de Diputados que integran el Partido Socialista, la UCR y el PRO mandó ayer el archivo el pedido del Frente de Todos de expulsar a la diputada antiderechos Amalia Granata por su discurso “antidemocrático” y “cargado de odio”. Esta semana, la legisladora había amenazado en público a sus colegas de la derecha con ventilar sus “chanchurrios” si la echaban de su banca. “Yo sé en qué andan todos ustedes”, les dijo. Pero ayer, en un encuentro entre cuatro paredes, en la comisión de Labor Parlamentaria -que integran el presidente de la Cámara Pablo Farías y los jefes de bloques-, ella les aclaró que sus dichos eran una broma, en un programa de chimentos que tiene una sección de chistes y que si alguien se ofendió, pedía disculpas. Los destinatarios de la “amenaza” o la “broma” –como la llamó- aceptaron la disculpa privada y así la legisladora que negó y banalizó el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner seguirá en su banca, como si nada. El pacto quedó a la vista.

El primero que reculó fue Farías –a quien Granata suele llamar “Pablito” en el recinto-, quien ordenó el pase al archivo del pedido que le hicieron los diputados y diputadas del Frente de Todos para que convoque a una “sesión especial” que trate la conducta de Granata. La decisión fue adoptada en Labor Parlamentaria, con el aval de la mayoría de  socialistas, radicales y seguidores de Mauricio Macri.

La otra iniciativa para expulsar a Granata, la impulsó la diputada peronista Paola Bravo, pero también tuvo el mismo destino: un cajón de la comisión de Asuntos Constitucionales, donde la guardarán hasta que caduque.

“Todo muy grave”, sintetizó la diputada del FdT, Matilde Bruera. “Casi todos los presidentes de bloque estuvieron de acuerdo en no profundizar el tema. Granata dijo que lo suyo “no era una amenaza" a sus colegas, sino "una broma" y que "la dijo en un programa de radio jocoso, que tiene una sección de chistes y si alguien se había ofendido, pedía disculpas”. “Entonces, la mayoría decidió mandar el archivo el pedido del Frente de Todos al presidente de la Cámara para que convoque a una sesión especial que considere la conducta” de Granata. "Todo muy lamentable", agregó

Los únicos que se opusieron fueron los presidentes de los bloques peronistas, Leandro Busatto y Bruera y su colega Carlos del Frade (Frente Social y Popular), quien también firmó el pedido de “sesión extraordinaria” y la “cuestión de privilegio” contra Granata, junto a los seis diputados del PJ: Busatto, Bruera, Paola Bravo, Lucila de Ponti, Ricardo Olivera y Luis Rubeo.

Incluso, los legisladores peronistas plantearon que así como Granata se manifestó en los medios y en las redes sociales y sus “amenazas” (que ella llamó “chistes”) habían sido dichas en públicos, las disculpas también debían ser en públicas, en el recinto. “No”, les contestó la denunciada. “Ya ofrecí mis disculpas en Labor Parlamentaria”, que fueron aceptadas por la mayoría.

El pacto con Granata ya había trascendido en los corrillos legislativos antes del plenario del presidente de la Cámara y los jefes de bloques, que ella ofrecía sus disculpas, pero en privado, entre cuatro paredes, y a cambio, socialistas, radicales y macristas frenaban el intento del Frente de Todos de expulsarla de la Legislatura. Y así ocurrió.

Los que apoyaron la decisión de Farías de archivar el pedido de expulsión de Granata fueron los jefes de bloques del Frente Progresista: Joaquín Blanco (socialista), Ariel Bermúdez (Creo, el partido del intendente Pablo Javkin) y Gabriel Real (PDP); de la UCR: Maximiliano Pullaro y de Juntos por el Cambio: Julián Galdeano, Ximena Sola (PRO). Más sus colegas antiderechos: Nicolás Mayoraz (Vida y Familia), Betina Florito (Encuentro Republicano) y Walter Ghione (UNO), que tiene terminal en el macrismo. Expresaron cierto desacuerdo con el archivo del proyecto Mónica Peralta (GEN) y Fabián Palo Oliver (Radicales libres), mientras que Agustina Donnet (Igualdad) propuso un repudio al atentado a CFK y a los dichos de Granata, pero no tuvo apoyo. “Todo muy grave”, ratificó la diputada Bruera.