Caso Maldonado: "Este fallo habilita que nos sigan espiando"

La justicia ratificó el cierre de la investigación y los sobreseimientos que dispuso el juez federal Daniel Rafecas en torno al espionaje y seguimientos de Gendarmería a Sergio Maldonado, su familia, sus abogados, así como a miembros de organismos de derechos humanos y de la comunidad mapuche, ocurridos en 2017 mientras buscaban a su hermano Santiago que estaba desaparecido. Este jueves la sala II de la Cámara Federal porteña confirmó esa medida del magistrado que benefició a exfuncionarios macristas acusados por la querella de haber dispuesto la actividad de inteligencia ilegal interna, aunque los abogados de Maldonado anticiparon a Página/12 que apelarán ante la Cámara de Casación. "Iremos a Casación porque la resolución pone fin a la acción, y por sobre todo, lo hace sin dar fundamentos ni agotar la investigación", expresó a este diario Matías Aufieri, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh). El camarista Roberto Boico se pronunció, en disidencia, a favor de la reapertura de la causa, y dio cuenta de que sigue vigente la posibilidad de que "Santiago Maldonado haya sido víctima de una desaparición forzada". 

Aufieri cuestionó que "los votos de la mayoría (Martín Irurzun y Eduardo Farah) no explicaron en ningún momento porqué no se avanzó en investigar la información que el CRI (Centro de Reunión de Información) de Neuquén reúne sobre organizaciones, familiares, organismos querellantes, miembros de comunidades originarias". El letrado que representa a Sergio Maldonado, junto a Myriam Bregman y Liliana Mazea, recordó que habían acreditado que una línea telefónica utilizada por esa unidad de Gendarmería reunía y transmitía información de ese tenor --al igual que cuando denunciaron Proyecto X hace más de 10 años--, y ante eso se decidió dejar de avanzar. "No le pidieron siquiera un informe al CRI-NEU sobre su accionar, tareas asignadas, o información en su poder, es llamativo", criticó.

A mediados de julio, Rafecas definió que los seguimientos y escuchas a los familiares del artesano se habían concretado para prevenir la “alteración del orden público” en momentos en que se desarrollaban actos y movilizaciones por la desaparición de Santiago en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut. En ese sentido, sobreseyó al exnúmero tres del Ministerio de Seguridad que conducía Patricia Bullrich, Gonzalo Cané, y también a Fabián Méndez, exjefe de Gendarmería en El Bolsón.

Una pericia sobre el celular del gendarme Méndez confirmó que un grupo de efectivos de esa fuerza efectuaba tareas de inteligencia sobre Sergio, hermano de Santiago, y sobre su pareja, Andrea Antico. A su vez, Méndez reportaba a los hombres de Bullrich enviando, por ejemplo, este mensaje de texto que Antico escribió a Juan Carr para pedirle ayuda en la búsqueda de su cuñado, el tatuador anarquista reprimido junto a los mapuche de la Lof de Cushamen el 1 de agosto de 2017.

Además, según surge de cuarenta páginas de mensajes entre los gendarmes y su jefe, vigilaban los movimientos de la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, de los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y también de referentes mapuches y activistas de la Patagonia.

"Es un fallo que le otorga impunidad a Gendarmería para seguir espiando, ni siquiera le pidieron explicaciones de por qué reunían información y hacían seguimientos personales a familiares, querellantes de organismos, o miembros de comunidades originarias", opinó la querella de Aufieri, Bregman y Mazea. "Se legitima que puedan espiar a cualquiera que protesta contra el gobierno de turno, bajo la supuesta hipótesis de que son potenciales delincuentes, y todo ello sin ningún tipo de orden judicial. Es una ilegalidad completa y enorme. ¿Cuánta más información tienen reunida, y sobre quiénes? Este fallo por mayoría nos niega esas respuestas y habilita que nos sigan espiando", agregó. El 18 de agosto Sergio Maldonado acudió a la audiencia ante estos camaristas para fundamentar la apelación, acompañado por la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, la hermana de desaparecidos María Adela Antokoletz Gard, les abogades de derechos humanos Ismael Jalil, Carlos Platkowski Carlos Platkowski y Alejandrina Barry (CeProDH), Claudia Ferrero (APEL), Pablo Lachener (CELS), Marisa García (ronda de los jueves) y la dirigente del MST, Vilma Ripoll.

Boico formuló preguntas que refuerzan la necesidad de reabrir el expediente. "¿La Gendarmería estaba legitimada para intervenir en acontecimientos vinculados a los reclamos por la desaparición de Maldonado? ¿El acopio de información obrante en registros públicos sin orden judicial se hallaba amparado por la ley? ¿Existen registros en el CRI-NEU vinculados a actividades de espionaje a los denunciantes? ¿Quién o quiénes utilizaron el abonado 1170440232 en agosto de 2017?", manifestó el camarista al citar varias otros tópicos planteados por la querella.

Para Boico, "el archivo y consecuente sobreseimiento dispuesto se traduce en una investigación trunca (...) aquí se están juzgado tópicos constitucionales de primer orden con relevancia internacional". En su voto destacó que el Comité contra la Desaparición Forzada, al clausurar la Acción urgente del caso de Santiago Maldonado el 24 de enero de 2018, "recordó al Estado que la localización del cuerpo no lo releva de sus otras obligaciones derivadas de la Convención, en particular llevar a cabo una investigación exhaustiva, imparcial e independiente de las circunstancias de su desaparición desde el 1 de agosto de 2017 hasta el 20 de octubre de 2017; garantizar la plena participación de los familiares de Maldonado y de sus representantes en el proceso de investigación; y proteger a los allegados de la persona desaparecida y a sus defensores, a los testigos y a toda persona que participe en la investigación de cualquier forma de presión, acto de intimidación o de represalia". Dijo el juez Boico: "En caso de que se demuestre que el señor Santiago Maldonado fue objeto de una desaparición forzada, el Estado debe asegurar que los responsables sean debidamente investigados y sancionados, y debe garantizar el derecho a la reparación de las víctimas”.