La República está en peligro y, para comprobarlo, basta con ser testigo del delirante carnaval de odio que siguen fogoneando la telebasura y las dos docenas –por decir un número– de fieras descontroladas cuyas prosas incendian sistemáticamente a un pueblo que peca más por ingenuidad que por culpa.

Como señaló esta semana el jurista cordobés y ex juez federal Miguel Rodríguez Villafañe, "el contexto de desencuentros en la sociedad argentina obliga a prestar mucha atención a los discursos de odio en general y particularmente los que fueron direccionados, específicamente, contra la vicepresidenta de la Nación. Muchos personajes de la política y el periodismo los consintieron y hasta los fomentaron, por acción y omisión". Y no se refiere MRV sólo a las discrepancias propias de la política, sino al "planteo de muerte, no encapsulado y frontalmente expresado contra ella". Y que se suma al gravísimo acto frente al Obelisco el 9 de Julio pasado, cuando al grito de “Argentina sin Cristina" decenas de personas exhibían una guillotina que en su parte superior tenía un antidemocrático y aterrador cartel: "Todos: presos, muertos o exiliados”.

Esta misma semana, y como respuesta al desatino judicial generalizado, se conoció una gravitante declaración del titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Augusto Nissen. Con patrocinio de los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, el Dr. Nissen formuló, ante la Justicia Ordinaria en lo Penal, una grave denuncia contra varios jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial a quienes imputa "los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, prevaricato y usurpación de funciones", entre otros.

Semejante denuncia penal es dirigida contra nueve magistrados (Héctor Osvaldo Chomer, María Elsa Uzal, Alfredo Kolliker Frers, Julia Villanueva, Eduardo Machín, Pablo Damián Heredia, Miguel Bargallo, Ángel Sala, y Hernán Moncla), a quienes Nissen acusa de "abuso de poder, asumiendo en forma dolosa funciones que les resultan ajenas" así como el dictado de resoluciones judiciales prima facie contrarias a la ley y que revelarían "un sistemático plan criminal de actuación velando por intereses totalmente ajenos a los estatales".

Lo anterior merece repercusión pública porque se da justo en circunstancias en que sí se hacen esfuerzos para que el ejercicio de la abogacía defienda los intereses y la conciencia nacionales. Aunque poco conocida, sí existe en nuestro país una escuela específica para estas docencias que procuran jerarquizar la siempre zarandeada y poco reconocida gestión pública. Esa institución es la "Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado Argentino" (ECAE), que tiene a su cargo capacitar abogados que defiendan los intereses de la Nación Argentina. Para lo cual es imperativo formarlos con clara conciencia nacional y "comprometidos con el interés público así como con la defensa y reconstrucción de la soberanía nacional", como viene postulando el Dr. Guido Croxatto, director de esta escuela.

Que no es nueva, pero sí refuncionalizada, ya que cabe recordar que durante su presidencia Mauricio Macri ordenó desmantelarla porque, precisa y bárbaramente, lo que se buscaba era desplazar y desautorizar abogados defensores de los intereses estatales.

El resultado, obvio, fue el actual exceso de "tercerización" de asuntos públicos en manos de profesionales privados, carentes de conciencia de los intereses públicos. Lo que de paso dejó en manos de universidades privadas esas defensas esenciales de toda nación soberana y consciente de los intereses de su pueblo. Hoy las más importantes facultades especializadas en Derecho Administrativo son, todas, privadas, extranjeras y/o religiosas de ultraderecha.

Enfrentar semejantes escuelas de cipayaje sólo es posible desde el fortalecimiento de una abogacía consciente de lo público, que es el único camino posible para recuperar la Soberanía en todos los campos y órdenes.

Hay que apuntar, además, que la actual dirección de la IGJ (desde febrero de 2020), ejerce severos e intensos controles sobre las sociedades comerciales, así como fiscaliza el poder de policía sobre ellas. Lo que incluye el combate contra sociedades apátridas (las llamadas off-shore), así como contra las sociedades extranjeras falsas (que son alrededor del 75% de las compañías foráneas radicadas en este país). Ése es el cúmulo de negocios que desde 2017 ha funcionado como apto para todo tipo de delitos: desde falsos fideicomisos hasta una variedad de maniobras que pretenden convertir contratos societarios en instrumentos para celebrar los más gelatinosos negocios.

Lo asombroso es que desde entonces no hubo, o casi no se conocieron, las lógicas y esperables consecuencias policiales y jurídicas que constitucionalmente debieron implementarse. La inacción gubernamental en diferentes reparticiones fue, y todavía es, un largo repertorio de señales de indefensión e ignorancia por parte del pueblo argentino. Y es que la pasividad del gobierno nacional, ahora mismo y cada día, es pasmosa: por eso las autoridades específicas miran para otros lados en los grandes temas, como los que aborda esta columna desde hace dos años: la entrega sistemática de la Soberanía en todos los órdenes, y en particular la pérdida del Río Paraná, del litio y de las Islas Malvinas, son pruebas emblemáticas.

Mientras tanto, y a pocos días del atentado contra la Vicepresidenta, los grandes medios que esta columna considera los más mentirosos de todo el país, ya casi están acusando de lo sucedido... a la víctima. Cosas veredes, como diría el gran manchego. Pero lo cual no deja de ser coherente: ayer mismo ocultaron la denuncia del diputado santafesino Carlos del Frade acerca del enorme contrabando de drogas encontrado el miércoles en el puerto de la ya incalificable empresa Vicentín, en Rosario.

Por eso mismo pedirle al gobierno nacional que desactive fondos para sostener el aparato de la ex SIDE sigue siendo una prioridad. Tanto como terminar con el monopolio incomunicacional que paga estúpidamente el gobierno y que es la gran usina propagadora del odio imperante, encima financiado desde la Presidencia, lo que resulta entre asombroso e inexplicable. Es imperativo terminar con el necio "buenismo" para empezar, en cambio, a apuntalar todo lo bueno y noble que tiene nuestro país y que podría terminar con el engañoso y vil agobio de una deuda que el pueblo no contrajo.

Por eso el contexto que describe esta nota es, para la República Argentina toda, una señal de que la Democracia y la Paz están en peligro y en alerta roja. Es absurdo, entonces, que el silencio siga siendo estrategia gubernamental, ya que es evidente que los discursos de buenas intenciones no sirven para esquivar las grandes decisiones que interpelan a la Soberanía Nacional, materia fundamental de la Patria y que debería ser misión esencial del Poder Ejecutivo. Como queda dicho una vez más. @