Más de seis millones de inquilinos festejaron hoy la media sanción por unanimidad de un proyecto que propone regular el mercado de alquileres, que en los últimos años se convirtió en un verdadero dolor de bolsillo. 

La iniciativa, que fue elaborada por organizaciones de inquilinos de todo el país y presentada por la senadora Silvina García Larraburu (PJ-FpV), reforma el Código Civil y Comercial y fija una serie de pautas para la negociación de los contratos de alquiler. Ahora, las asociaciones tratarán de que Diputados sancione la ley antes de fin de año.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es el límite que se le aplicaría a los precios de los alquileres. Según el proyecto, el precio de locación “sólo podrá ser reajustado anualmente” –hoy se exigen en algunos casos renegociaciones semestrales- y el valor se determinará en base a un promedio entre la inflación del INDEC y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). 

“Esto generaría un cambio cultural, desplazaríamos al mercado inmobiliario del control sobre los precios de los alquileres; que haya un índice genera previsibilidad y estabilidad para los inquilinos, pero también para los propietarios”, indicó a Página/12 Gervasio Muñoz, integrante de la asociación Inquilinos Agrupados. 

Otro de los puntos centrales del proyecto es la regularización de las comisiones y garantías. Al respecto, se fija el pago de un mes de anticipo y otro importe igual en concepto de garantía, que será devuelto –actualizado en su valor- al finalizar el contrato. Además, se establece que los alquileres serán por tres años y no por dos como ocurre actualmente.

En cuanto a la garantía, el proyecto establece que las comisiones inmobiliarias sean determinadas por las leyes de cada jurisdicción, y en caso de no estar reguladas que no superen nunca el valor de un mes de alquiler y que las expensas extraordinarias en ningún caso corran por cuenta del inquilino.

En mayo de este año la justicia porteña aceptó un planteo de Inquilinos Agrupados y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), que exigían a las inmobiliarias que dejaran de cobrar dos meses de comisión sobre la firma de los contratos. Marcelo Segón, titular del Juzgado N° 17 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, entendió que se trataba de una práctica abusiva y falló a favor de los inquilinos. Desde entonces, las inmobiliarias solo están autorizadas a cobrar un mes de comisión.

Según datos de las organizaciones, más de 6,5 millones de personas son inquilinas a lo largo y ancho del país. En la Ciudad de Buenos Aires, epicentro de la especulación inmobiliaria, uno de cada tres porteños alquila su hogar: la cantidad de inquilinos en la Ciudad pasó del 22,1 por ciento de la población en 2001 a más del 33 en la actualidad.