La Organización de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional rechazaron este viernes la militarización de la Guardia Nacional de México, señalando que este tipo de medidas no suelen traducirse en una reducción de la inseguridad, al contrario de lo que asegura el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien celebró la aprobación en el Congreso de la medida impulsada por su gobierno.
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su preocupación por la medida aprobada en el Senado en la víspera, que dispone que el cuerpo policial civil Guardia Nacional pase a estar en la órbita de la Secretaría de Defensa, de la que también dependen las Fuerzas Armadas.
La reforma de la Guardia Nacional "deja efectivamente a México sin una fuerza policial civil a nivel federal", en línea con la militarización de todas las fuerzas de seguridad del país dispuesta por los distintos gobiernos desde 2006, que "no se ha traducido en una reducción sostenible de la criminalidad".
"Las Fuerzas Armadas solo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales (...) y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes", recordó la alta comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif. Su actuación en seguridad interna "ha provocado un aumento de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos", añadió.
En la misma línea, Amnistía Internacional expresó que "rechaza categóricamente la decisión de los senadores de legalizar la militarización de México", que "representa un atroz acto que pone en riesgo la garantía de los derechos humanos en México".
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, indicó que la sucesiva militarización de las fuerzas de seguridad ha traído resultados "desastrosos" desde 2006 y reclamó el fin de las "violaciones de derechos humanos y la impunidad". "México es hoy un país mucho más inseguro que hace 16 años", aseguró.
La defensa de López Obrador
Por su parte, AMLO defendió el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa, que fue impulsada por él y aprobada en el Congreso por el oficialismo. "Es muy importante", aseguró en su conferencia matutina de este viernes.
AMLO ha asegurado en reiteradas oportunidades que los integrantes de cuerpos de seguridad civiles tienen una mayor tendencia que los militares a acceder al cobro de sobornos por parte del crimen organizado. "Se debe cuidar a la Guardia Nacional para que no caiga en el mismo error que se padeció con la Policía Federal, que se pudrió", indicó este viernes.
"Vamos a seguir defendiendo el derecho a la seguridad y vamos a mantener la estrategia que ha dado buenos resultados y se puede probar en los datos", añadió AMLO, que en otras conferencias matutinas ha presentado información, cuestionada por la oposición y las organizaciones sociales, de la que se podría concluir que hay una reducción de la criminalidad en el país.
El proyecto
La Guardia Nacional fue creada en 2019 por iniciativa de AMLO para combatir las grandes redes de narcotráfico, con la promesa de que mantendría una naturaleza civil. Actualmente, depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En la madrugada de este viernes el Senado de México aprobó su pase a la Secretaría de Defensa, tras 11 horas de debate, con 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención.
Tras la aprobación del proyecto, que ya contaba con el visto bueno de Diputados, la oposición amenazó con interponer una acción de inconstitucionalidad para impugnar la reforma. En este sentido, la legisladora por el Partido Acción Nacional (PAN), Bertha Xóchitl Gálvez, mostró desde la tribuna un cartel con la frase: “Nos vemos en la Corte”.
En el texto presentado al Congreso, el gobierno dice que es necesario reforzar a la Guardia Nacional porque el crimen organizado se ha convertido “en una fuerza ‘cuasimilitar’ que usa la violencia en contra de la población y de las instituciones públicas”.
“El propósito final de esta iniciativa no es militarizar al país o implantar el autoritarismo, sino cuidar con la tutoría de la Secretaría de Defensa el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública de México” señala el gobierno en el proyecto, en el que también subraya la “vocación humanitaria” y los “valores excepcionales” de los militares del país en comparación con otros países de América Latina: “Como heredera histórica de las luchas emancipadoras del pueblo mexicano, la Fuerza Armada permanente se distancia del carácter elitista y beligerante de otras instituciones castrenses en la región”.
La Secretaría de Defensa pasará a “ejercer el control operativo y administrativo” de la Guardia Nacional, incluyendo la distribución territorial, la expedición de los manuales de organización, procedimientos y los programas operativos y estrategias. Asimismo, se encargará de coordinar los “planes y programas” de formación de los uniformados, de la capacitación permanente en el uso de la fuerza y de proponer adecuaciones a su estructura orgánica.
Además, la iniciativa elimina el requisito de abandonar el Ejército y la Marina para ingresar al cuerpo policial. Con esto, “el personal naval y militar asignado a la Guardia Nacional continuará sujeto al fuero militar en el caso de comisión de infracciones contra la disciplina castrense”, se indica en el proyecto que se convertirá en ley.