No habrá traspaso masivo a la Ciudad de Buenos Aires de los juzgados federales. Al menos este año. La resistencia de jueces y funcionarios judiciales rindió sus frutos justo antes de que el Gobierno quemara las naves en el Congreso para apurar el proyecto fogoneado por el Ministerio de Justicia. 

La iniciativa gubernamental proponía el traspaso a la órbita porteña de todas las competencias nacionales pendientes –penal, civil, comercial y laboral-, la Inspección General de Justicia y el  Registro de la Propiedad Inmueble. Garavano había enviado el texto a principios de este año en el marco de un paquete denominado Justicia 2020 y la expectativa era que se lograra su sanción definitiva durante este período legislativo.

Sin embargo, tanto en la Ciudad como en la Nación la iniciativa se encontró  con la negativa de los jueces federales, que se opusieron de entrada a aceptar los cambios propuestos. La Asociación de Magistrados, que nuclea a jueces de todo el país, encabezó la resistencia denunciando que se trataba de un proyecto “inconstitucional”. Luego se creó un comité anti-traspaso, integrado por jueces, procuradores y defensores oficiales, y también hubo un paro en el fuero laboral para exigir la suspensión de la transferencia. 

Fue la estocada previa antes de que Garavano le comunicara a la Asociación de Magistrados que, por ahora, no habría traspaso y que seguirían negociando. El principal eje de la resistencia de los jueces estuvo centrado en la cuestión salarial, ya que algunos funcionarios de la Ciudad cobran menos que en la Nación. También había temores sobre el mantenimiento de la caja jubilatoria y la obra social.

“Hay temor al cambio. Están acostumbrados a trabajar de una manera. Les parece que ser jueces de la Ciudad es algo menor, que no lo es”, dijo a Página/12 el subsecretario de Justicia de la Ciudad, Jorge Enríquez, quien aseguró que todas las demandas de los magistrados habían sido atendidas: “Se acordó la intangibilidad de los salarios, y el mantenimiento de los beneficios.”

Enríquez confirmó que los convenios de transferencia ya estaban listos, con los relevamientos edilicios y de personal incluidos, y que se decidió postergar para el año que viene la aprobación del traspaso porque “surgieron algunos contratiempos”. “No queremos imponer nada, vamos por el consenso. Queremos una Justicia transparente, sin aprietes y carpetazos”, explicó. 

Por último, Enríquez le pidió a los jueces que entiendan que el traspaso mejoraría el funcionamiento de la Justicia: “El Poder Judicial de la Ciudad es más ágil, más oral, con una instancia mediadora. En la Ciudad las causas duran en promedio 121 días; en la Nación más de tres años”.