El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires financia sus créditos hipotecarios o las modernas bicisendas con dinero de todo el país. Por disposición judicial, el Banco Ciudad recibe depósitos de quiebras o juicios laborales de un ingenio del norte, una petrolera del sur o una agroindustria de Córdoba con sede legal en CABA. Los depósitos son depósitos judiciales y encierran un verdadero negocio, disparado por la inflación. La masa de dinero es tan grande que representa el 21 por ciento del fondeo del Banco. Y el Banco paga a cada depositante una tasa ínfima de 11 por ciento anual, un cuarto de lo que paga un plazo fijo normal (69 por ciento).

Por esta lógica de “clientes cautivos” obligados a un depósito casi confiscatorio, una asociación civil inició una demanda colectiva contra el Banco de Horacio Rodríguez Larreta, que tiene al apoderado del banco muy apurado. La causa tiene, además, un lado B inesperado contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, según los papeles, avala todo y recibe un pago suculento de varios ceros, según admitió el propio Banco.

La Asociación de Defensa del Asegurado, Consumidores y Usuarios (ADACU) inició la demanda en noviembre de 2020, tanto por depósitos en pesos como en dólares. El caso fue rechazado en primera instancia y volvió a ser rechazado por la Sala D de la poderosa Cámara Comercial porteña el último 22 de agosto. ADACU insistirá hoy para llegar a la Corte, sostenida por un dictamen de la fiscal Gabriela Boquín que la Cámara rechazó pero que les dio la razón. Boquín pidió cosas que no le dieron, entre otras, un convenio entre el Banco y la Corte. También adelantó que si el caso llega al máximo tribunal podría requerir conjueces y recusar a los supremos que son jueces, pero también parte.

El debate por los fondos

El debate por los depósitos del Banco de la Ciudad no es nuevo. La Ciudad los controla desde 1966, mucho antes de la autonomía, vía una Ley que estableció que los depósitos judiciales de los tribunales con asiento en la Ciudad debían radicarse en el entonces Banco Municipal, excepto los provenientes del fuero civil. Desde entonces, el Banco administra depósitos por quiebras o embargos ordenados por la Justicia de Trabajo y la Justicia Comercial. Por una, pasan todos los juicios laborales; por la otra, litigios millonarios. En 2012, eso cambió temporalmente por la llamada la Ley Conti que trasladó los fondos al Banco Nación. Pero en octubre de 2017, la Ley Conti fue declarada inconstitucional por, otra vez, la Cámara Comercial. Los fondos volvieron a CABA y Larreta festejó.

“El fallo de Cámara genera certidumbre luego de una prolongada disputa legal que el Banco Ciudad inició en el año 2012, en contra de una decisión considerada abusiva por parte del anterior gobierno nacional”, señaló un comunicado de su gobierno. La ley “le había quitado el flujo de depósitos judiciales que percibía la entidad, equivalente a unos $1500 millones por año (...) y que es destinado por la entidad a la generación de líneas de crédito de largo plazo para familias y empresas, como los préstamos hipotecarios y los créditos a las Pymes”.

Aquel flujo de 1,5 mil millones, hoy son 12,8 mil millones. Asterisco: el fallo quedó firme porque ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri y nadie lo apeló. Asterisco II: tuvo un voto clave que ahora es largamente citado por el Banco Ciudad en la nueva demanda; es el voto de la jueza Gabriela Medina, esposa de Julio César Rivera, abogado de confianza del clan Macri y abogado del Grupo Clarín en distintas causas.

La demanda y la respuesta

Según ADACU, el Banco Ciudad obtiene rentabilidad con consecuencias casi confiscatorias para los depositantes: clientes cautivos, judicializados y obligados a depositar dinero que la inflación licuá o evapora.

“La norma puso en una situación de privilegio al Banco Ciudad y el Banco Ciudad aprovechando esa posición –sostiene la demanda--, diseñó e implementó a lo largo del tiempo la estrategia de fijar intereses diferenciados para esos depósitos judiciales muy inferiores a los que correspondían fijar de acuerdo a los valores de mercado, logrando así una mayor rentabilidad para esa entidad bancaria, derivada de la captación y administración del dinero ajeno configurando un verdadero enriquecimiento sin causa de la entidad financiera y como correlato un empobrecimiento, también sin causa lícita, de los depositantes y de beneficiarios de los depósitos de marras, hasta franquear holgadamente los límites de la confiscatoriedad y, en tiempos de una inflación muy superior a la tasa abonada, han vulnerado asimismo, la intangibilidad de los depósitos judiciales.”

La asociación exigió recálculo de intereses a cinco años y transferencia de las diferencias a cada cuenta. El Banco Ciudad respondió, rápido y con los tapones de punta. “ADACU carece de legitimación por la notoria inexistencia de ´consumidores´ y de relación de ´consumo´”, dijo el apoderado del Banco. “Donde la actora ve consumidores beneficiarios de los depósitos judiciales, lo único que existe son fondos depositados en el BCBA en virtud de un mandato legal y una orden del Poder Judicial de la Nación”.

Repitió que no son plazos fijos. Y cuando se puso a explicar razones habló de la relación con la Corte.

Juez y parte

Según el banco, la entidad actúa como auxiliar de la Justicia: “retribuyendo” esos depósitos a los jueces y --atención:-- “liquidando a la administración de dicho poder”, es decir a la Corte, sumas que “pasan a integrar recursos que forman parte de la autarquía judicial”.

Al parecer, eso significa que el Banco comparte las ganancias con la Corte Suprema, una diferencia entre lo que paga por los fondos (11 por ciento) y lo que gana por lo que presta. ¿Cuánto? Mucho dinero, admitió el propio banco.

“Cabe aclarar que desde la firma del convenio, el BCBA liquida mensualmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación montos muy significativos”, dijo el apoderado llamado Ricardo Martín Ostuni Rocca. Para ejemplificar, añadió, agregó cifras de 2016 a 2020, actualizadas hasta ese diciembre. En ese período el Banco dio a la Corte montos de entre 800 a 2,2 millones de pesos:

  • 2016, 902.285.226;
  • 2017, 906.365.832; 
  • 2018, 1.390.802.508; 
  • 2019, 2.242.066.041;
  • 2020, 886.859.292.


800 millones de pesos sale, por ejemplo, un gasoducto en Entre Ríos. ¿Por qué la Corte recibe esa “retribución”? ¿Hay otro antecedente? Un dato: la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no recibe un sólo peso del Banco Provincia por depósitos iguales, según confirmó este diario. 

¿Todo legal?

Hoy la causa tiene varias discusiones. Una, actualiza el debate de 2012 sobre el destino del dinero de todo el país que financia el bienestar de los porteños, muy semejante a la discusión por los fondos de la coparticipación. Otra, un fondeo a la campaña permanente de Larreta. Y otra es la discusión legal. Boquín pidió el convenio que no aparece por ese motivo. Dijo: “Se debería poder acceder a los convenios que fueron solicitados mediante el oficio remitido al Banco de la Ciudad y que llamativamente y de manera enfática la entidad financiera no quiere poner a disposición", aseguró. "Véase que el contenido del o los convenios que estipulen la composición de la tasa pasiva a la que hace referencia en art. 3 inc. c) de la ley 23.853 y lo dispuesto en la Acordada 27/96 CSJN resultarán determinantes para conocer la posible afectación de los derechos constitucionales de igualdad y propiedad”. Es clave, dijo, “a los fines de establecer porcentuales y tasas de interés aplicable a los depósitos judiciales”.

Como ella misma dijo, el Banco de la Provincia de Buenos Aires tomó otro camino en diciembre de 2019: elevó la tasas de los depósitos por disposición de la Suprema Corte local que los equiparó a los plazos fijos. Lo contrario, dijo el máximo tribunal bonaerense, “violenta principios básicos que no pueden desentenderse”.

La asociación seguirá empujando, dispuesta a recurrir a la Corte Interamerciana de Derechos Humanos. Boquín aún analiza el caso. Mientras tanto, la demanda ya mostró un juego de doble fondeo: Larreta embolsa dinero que casi no paga y luego fondea a la Corte. Por eso la demanda, puso un dedo en la llaga.