Entre los inexistentes controles del municipio y las irrisorias e incumplidas sanciones de la provincia, están haciendo falta nuevos modos de gestionar nuestros espacios vitales protegidos por la Constitución y las leyes ambientales.
En el departamento de La Caldera el negocio inmobiliario está descontrolado y, lejos de solucionarse aún los problemas habitacionales de un vasto sector de la población más vulnerable, se está provocando una inusitada destrucción del ambiente con consecuencias dañosas, muchas de las cuales son de una gravedad impredecible.
Mientras las autoridades parecen mirar para otro lado, vemos con tristeza e impotencia como se están produciendo desmontes cada vez más seguido sin respetar las leyes ambientales. Un dato de comprobación cotidiana, que vemos como nunca antes, es que diferentes especies de animales, otrora avistados monte adentro, recorren los patios de las casas buscando la comida que no encuentran en los arrasados bosques nativos.
Es una cuestión de estricta Justicia y si se quiere de sentido común, pero parece que no se entiende que voltear un bosque lleva unos minutos y su regeneración necesita varias decenas de años. No estamos siendo conscientes del largo tiempo que un ecosistema necesita para poder conformar esa maravillosa trama de vida que lo identifica como tal, con una enorme cantidad de organismos vivos interconectados entre sí y dependiendo estrechamente unos de otros.
Como nunca antes se están viendo especies de animales típicos de los bosques ribereños, de la selva montana, o del chaco serrano (todas estas ecorregiones de La Caldera), buscando comida en las áreas urbanizadas. Al arrasar con todo el bosque nativo sin dejar los necesarios parches y corredores biológicos que permiten que la vida silvestre continúe, se priva a los animales de conseguir frutos silvestres u otros recursos alimenticios que necesitan para sobrevivir y poder continuar su existencia en los ambientes que los vieron evolucionar durante milenios. Como consecuencia de estos desequilibrios ecológicos se pueden modificar los patrones de distribución de las especies. Esto tiene riesgos sanitarios para las personas, como la aparición de enfermedades zoonóticas, que son aquellas que se transmiten de los animales al humano, y que pueden tener graves consecuencias como las que ya vivimos con la pandemia del Covid-19. Siempre es bueno recordar que un ambiente sano refleja las condiciones sanitarias de las personas que lo habitan.
Basta con transitar la ruta nacional 9 para ver la decadente imagen de los desmontes para urbanizar. Desde la degradada zona de cornisa, luego de pasar el puente Wierna, con las casas prácticamente colgadas del cerro, hasta ver una tremenda deforestación un par de kilómetros antes de llegar al pueblo. Y si caminamos por el cauce del Río Caldera podremos encontrar grandes áreas de bosque ribereño destruido. Según la Ley de Bosques (26.331 y la provincial 7543), el bosque ribereño de este río principal debe ser preservado sin alteraciones en 200 metros a cada lado de la línea de ribera, que es una línea imaginaria que de alguna manera “marca” las crecientes y desbordes estivales. Este bosque es una protección que ayuda a evitar problemas socioambientales como, por ejemplo, que las crecientes ingresen en áreas donde hay casas; pero estos potenciales peligros no se tienen en cuenta a la hora de lotear y hacer dinero con esas tierras.
Más arriba, puede verse afectado el paisaje de algunos de los cerros que rodean al turístico Dique Campo Alegre, cuyo manto verde de bosque se está transformando en una sucesión de parches de pastizales y caminos. Se trata de bosques que están categorizados como de mediana categoría de conservación, zona amarilla por la ley antes mencionada, que ordena un Plan de Manejo de esos bosques y no una tala rasa. Sería deseable que los loteos se gestionen bajo un plan de manejo acorde a los lineamientos de la ley de bosques a fin de evitar riesgos de derrumbes y/o aluviones.
Hoy, la emergencia ambiental y climática en la que estamos inmersos, requiere que no se talen más bosques en ningún lado. Es más, faltan bosques y es necesario regenerarlos para preservar la biodiversidad biológica y cultural. Lamentablemente esa regeneración necesaria lleva más tiempo del que desearíamos; alrededor de 30 años para lograr un bosque medianamente maduro.
Una historia de reclamos
En La Caldera hay antecedentes de reclamos de los vecinos por la protección de los ríos y su entorno natural desde el año 2010: protestas, numerosas notas y denuncias a la entonces Secretaría de Ambiente de la provincia, al municipio de La Caldera y hasta la presentación de amparos colectivos en la justicia.
Después de muchos reclamos infructuosos, a fines del año 2021 la justicia de Salta falló a favor de un nuevo amparo colectivo presentado por los vecinos, que ordena al municipio de La Caldera y al Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la provincia a confeccionar, presentar y ejecutar un Plan Integral de Manejo de la microcuenca del Río Caldera. El fallo, fundamentado en la necesidad de preservar derechos colectivos, leyes ambientales nacionales y acuerdos internacionales para la protección socioambiental, remata diciendo que “ha quedado probada la carencia de acciones tendientes a evitar la afectación y degradación de la cuenca, como también el riesgo existente de que estos sucesos puedan volver a producirse afectando una comunidad vulnerable”.
Aún con esta orden judicial se hicieron desmontes, el mes pasado, que violan las leyes ambientales y van desde la ruta hasta el río, arrasando incluso al bosque ribereño. Un verdadero crimen ambiental que facilita la entrada del río a la zona poblada durante las crecientes estivales.
Es necesario prevenir los desmontes
Ya sea por negocios inmobiliarios o por negocios agropecuarios, los bosques de la provincia de Salta están siendo arrasados. Las cifras son elocuentes, solo entre 1976 y 2019 se desmontaron en la provincia la cantidad de 2.374.242 hectáreas, y desde fines de 2007 (poco antes de la sanción de la ley de bosques) hasta fines de 2021 deforestaron 694.834 hectáreas más. Las medidas institucionales que se han aplicado hasta ahora parecen no funcionar para evitar el desastre anunciado.
El municipio de La Caldera no controla y deja libre accionar a los destructores del ambiente, argumentando no tener recursos. La autoridad de aplicación de las leyes ambientales, que es el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia y sus funcionarios, parecen no querer frenar a los especuladores. Llegamos a un punto de inflexión donde la dirigencia política debe demostrar que realmente le importa la preservación de los bosques, que son imprescindibles para nuestra propia supervivencia. Y en una zona del país donde se rinde culto a la Pachamama no debería haber tanta hipocresía. Se necesitan urgentes decisiones políticas que efectivamente prevengan los desmontes.
La lucha por nuevas formas de gestionar los espacios vitales crece desde el pie, como el bosque, y se trata, entre otras, de darle plena participación a todos los sectores directamente afectados, implementar instancias de debate en la comunidad, propender a la educación y movilización en su defensa. Quizás sean estas algunas de las maneras de inclinar la balanza a favor de las mayorías y fortalecer a los sectores populares en el sentido de la justicia ambiental, que esta tan íntimamente relacionada con la justicia social y los derechos humanos.
*Bióloga y vecina de La Caldera.
