El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que inició ayer un procedimiento para la eventual destitución de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, anunció que se tomará cinco días para anunciar una decisión sobre el caso.

En el procedimiento, los magistrados del TSJ escucharon los argumentos de los acusadores y de un defensor público, por ausencia de Ortega, quien rechazó asistir y dijo que desconocía la legitimidad del TSJ para impulsar un proceso cuya decisión está anunciada. Después de las intervenciones del diputado opositor Pedro Carreño, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, el contralor general, Manuel Galindo, y el defensor público Javier Hernández, en representación de Ortega, el presidente del TSJ, Maikel Moreno, dio por terminada la audiencia y fijó un lapso de cinco días para tomar la decisión.

El TSJ puso en marcha la audiencia poco después de que Ortega anunciara que no acudiría, por lo que permitió que Carreño expusiera sus alegatos para pedir la imputación por “faltas graves” a la fiscal. Carreño insistió en que la fiscal le mintió al país al negar que firmó un acta que avaló la designación en diciembre del 2015 por la Asamblea Nacional (Congreso), entonces de mayoría oficialista, de 13 magistrados del TSJ. Ahora Ortega cuestiona a los magistrados y los acusa de querer encausarla. Tanto el defensor del pueblo como el contralor insistieron en acusar a Ortega de haber mentido sobre el caso y presentaron una serie de documentos para demostrar que la fiscal supuestamente había firmado el acta.

“Este proceso en mi contra es contra la institución. Es claro que el TSJ perpetrará una nueva violación de la legislación, una violación de la última institución que defiende la Constitución”, dijo Ortega en una declaración en la fiscalía. “No voy a convalidar esta historia que está teñida de vergüenza y dolor, cuya decisión está cantada. No los reconozco”, señaló Ortega y advirtió que con la decisión queda abierto el camino para aniquilar por la vía violenta no sólo el descontento popular, sino la acción de las instituciones. Ortega rechazó que haya cometido delito o falta grave y dijo que no se someterá a este TSJ “inconstitucional e ilegítimo”. “Este es un fraude procesal, vergonzoso con el que se pretende intimidar a la fiscal”, recalcó y calificó su eventual destitución como un golpe de Estado.

En un acto previo, la Sala Constitucional del TSJ declaró nula la designación del vicefiscal Rafael González y designó para el cargo a la defensora pública Katerine Nayarith Harrington, quien es una de siete funcionarios del gobierno que fueron sancionados por Estados Unidos en el 2015 por presuntas violaciones a los derechos humanos. Harrington, de 46 años, se desempeñó como fiscal en casos de claro tinte político como el del opositor Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel por instigar las protestas del 2014 contra el gobierno. Fue viceministra del Interior hasta septiembre pasado y luego defensora pública. La Sala Constitucional dijo que la designación de González como vicefiscal, hecha por Ortega, era nula, aunque fue ratificada el lunes por la Asamblea Nacional, que el TSJ afirma que sigue en desacato y que por tanto sus decisiones son ilegales.

El diputado Carreño pidió el antejuicio de mérito contra la fiscal, un proceso para determinar si puede ser sujeta a una causa judicial, alegando causa grave, pues “mintió al país” cuando dijo que ella no firmó la designación de los magistrados del TSJ. Dijo que la fiscal se sumó a la oposición que intentan un golpe de Estado para derrocar a Maduro.

Ortega presentó una serie de comunicaciones firmadas sobre la recepción de actas sobre la designación de los magistrados, que fueron nombrados luego de conocerse la victoria opositora en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de ese año. La fiscal descalificó como incoherentes las acusaciones de Carreño y alegó que sus faltas han sido defender la Constitución, como cuando a fines de marzo denunció como una ruptura del orden constitucional dos sentencias del TSJ que despojaron de sus atribuciones a la Asamblea, lo cual ratificó ayer. “Quiero recordar que el caos en este país no la ocasionó la fiscal, el que el pueblo no tenga acceso a los alimentos, que algunos coman de la basura, de la falta de medicinas, de la inseguridad, que no se encuentren productos de higiene personal. Eso no es responsabilidad de la fiscal, son otros los responsables”, recalcó.

La fiscal general aseguró que está en marcha un “golpe de Estado” más grotesco que el perpetrado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en el 2002 por parte del empresario Pedro Carmona y afirmó que, al igual que entonces, se están disolviendo los poderes públicos. “Quieren callarme para que no siga diciendo verdades tales como que actualmente persiste en Venezuela una grosera ruptura del orden constitucional que proviene de la represión desmedida por parte de los órganos de seguridad del Estado y de las sentencias proferidas por el TSJ”, dijo.  

Las declaraciones de la funcionaria se producen mientras en Venezuela se desarrolla una ola de protestas antigubernamentales a favor y en contra del gobierno que hasta el momento dejó 90 fallecidos, según cifras ofrecidas ayer por la Fiscalía. El Foro Penal Venezolano, una ONG de defensa de derechos humanos, denunció ayer que 22 de los 27 estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) detenidos en una protesta callejera en el norteño estado Aragua y juzgados por un tribunal militar serán enviados a dos cárceles en otros estados del país. El penalista y representante del Foro Penal en esa jurisdicción, Dimas Rivas, indicó que a los 27 estudiantes les imputaron los delitos de “instigación a la rebelión, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada, destrucción de fortaleza y violación de zona de seguridad”.

En este contexto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tachó de inconstitucional cualquier consulta popular impulsada al margen del Poder Electoral del país, un día después de que la oposición anunciara un referendo para que los ciudadanos se pronuncien sobre la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el gobierno.  Maduro leyó varias disposiciones de la Constitución vigente de la República para concluir que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el único poder que puede organizar cualquier proceso de votaciones. “Para uno convocar consultas públicas de carácter nacional refrendarias, tipo referéndum, amerita cumplir un conjunto de requisitos y mecanismos constitucionales y nadie puede pretender convocar consultas públicas que tengan carácter vinculante violando la constitución, los derechos establecidos aquí, o por su cuenta, a lo loco”, agregó. 

El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, anunció el lunes que pedirá a la Cámara que convoque a los venezolanos a una consulta ciudadana el próximo 16 de julio para que aprueben o rechacen el proceso constituyente impulsado por el gobierno.