La Policía de la Ciudad reprimió ayer a miembros de organizaciones sociales y de agrupaciones políticas que se habían movilizado hasta el Palacio de Tribunales para reclamar la liberación del dirigente mapuche Facundo Jones Huala, que permanece detenido en Bariloche hace una semana. Los agentes avanzaron a los golpes contra los manifestantes y detuvo a siete de ellos, a los que se acusó en base al procedimiento de flagrancia.
Cerca de las 11 de la mañana de ayer, militantes de organizaciones sociales y políticas se concentraron frente al Palacio de Tribunales para exigir la libertad de Jones Huala y expresar su solidaridad con el pueblo Mapuche. La intención fue reclamar al juez Gustavo Villanueva la revisión de su rechazo al pedido de excarcelación de Huala, impulsada por la Red de Resistencia Cushamen.
El ataque de la Policía de la Ciudad se desató cuando los manifestantes intentaron prender fuego unas cubiertas de coche. Sin ninguna orden y tras hostigamientos, los agentes avanzaron a los golpes contra los manifestantes, que ni siquiera habían cortado una calle ni impidieron la circulación en las cercanías de la esquina de Talcahuano y Tucumán. Siete manifestantes fueron detenidos, uno de ellos previa visita al Hospital Argerich debido a los golpes recibidos.
El lonko fue nuevamente detenido el miércoles pasado en Bariloche, Río Negro, debido a “un pedido de captura internacional del gobierno de Chile”, explicó la abogada del dirigente mapuche, Sonia Ivanoff. El país limítrofe “lo acusa de haber participado en 2013 de un ataque incendiario contra la casa de los cuidadores de un campo cercano a la ciudad de Valdivia, donde fue detenido y luego liberado”, señaló la abogada, quien añadió que la causa original ya fue resuelta en un juicio que “finalizó el 1 de septiembre del año pasado en Esquel, que determinó la nulidad del proceso y la libertad inmediata del Lonko”.
La detención de Huala fue repudiada por el Centro de Estudios Legales y Sociales, Madres de Plaza de Mayo de la Línea Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo entre decenas de organizaciones de derechos humanos y sociales, que la calificaron de “arbitraria e ilegal”. “Denunciamos utilización de herramientas judiciales para criminalizar a líderes indígenas y perseguir y hostigar a las comunidades indígenas”, advirtieron a través de un comunicado.
