La Justicia de Perú rechazó la acción presentada por la hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), exprimera dama (1994-2000), y excongresista por Lima Metropolitana de (2006-2011), Keiko Fujimori, para archivar la investigación en su contra por el presunto delito de lavado de activos.

Fujimori y los ocho imputados continuarán siendo procesados por lavado de activos, según informó el Poder Judicial este lunes en su cuenta de Twitter.

Tras la decisión de la Justicia, los acusados apelaron para que una Sala Penal Superior vuelva a revisar sus argumentos y lo que ha resuelto el juez.

El juez Víctor Zúñiga consideró que el pedido no puede ser analizado en la etapa intermedia del proceso. Si le hubiera dado la razón a los imputados, evitaban pasar a juicio público, etapa en la que se evaluarán las pruebas y testimonios recogidos por el fiscal del equipo especial del caso Lava Jato José Domingo Pérez.

Zúñiga argumentó en la resolución que la calificación jurídica realizada por el fiscal es correcta a partir de los hechos que atribuye a los acusados: la recepción clandestina de fondos de las empresas constructoras Odebrecht y OAS involucradas en graves actos de corrupción. Además de los aportes de Credicorp, Sudamericana de Fibras y la Confiep.

Según el juez, estos actos se habrían realizado como parte de una organización criminal, que tenía roles y funciones definidas, y que era liderada por Keiko Fujimori.

A mediados de julio, Pérez presentó la acusación final y definitiva contra Fujimori. El documento final de 4.600 páginas denominado “Caso Cócteles” expone la financiación irregular en las campañas electorales de Fujimori y otros políticos en 2011 y 2016.

Durante la audiencia virtual, el fiscal cumplió con el plazo que le había indicado el juez, Zúñiga, y presentó una sola acusación que contiene todas las observaciones sucedidas a lo largo del proceso por el magistrado y los abogados de las más de 40 personas que están implicadas en el caso.

No es la primera vez que Pérez presenta un documento contra Fujimori. En marzo de 2021 había solicitado una pena de más de 30 años, sin embargo, el juez entendió que había “imprecisiones” y le pidió que las “subsanara”.

Pérez acusó a Fujimori por los delitos de delincuencia organizada, lavado de activos, obstrucción a la justicia, fraude en procedimientos administrativos y falso testimonio. Otras 40 personas vinculadas a Fuerza Popular fueron acusadas por delitos similares.

Investigación

La investigación contra Fujimori comenzó en 2016, después de su segunda candidatura presidencial. Esta indagación se centró en los aportes que recibió el partido que lidera, Fuerza Popular, y en particular, en lo recaudado en los seis cócteles celebrados para reunir fondos.

Fuerza Popular declaró que reunió unos 1,2 millones de dólares con la venta de tickets con precios que variaban entre los 250 y los 500 dólares. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía de Lavado de Activos reveló que la formación solo pudo justificar una tercera parte de esa recaudación con la venta de tickets.

Con el avance de la investigación y la detección de otras inconsistencias, la Fiscalía concluyó que los cócteles fueron parte de un esquema montado por Fuerza Popular para ocultar aportes irregulares de empresas. Para esto fue fundamental que dos exdirectivos de la constructora brasileña Odebrecht —su expresidente Marcelo Odebrecht y su exrepresentante en Perú Jorge Barata— confirmaran que la empresa aportó de forma irregular al menos un millón de dólares a Fuerza Popular en la campaña de 2011, específicamente para la primera candidatura presidencial de Fujimori.

Ese hallazgo llevó a que la investigación se trasladara de la Fiscalía de Lavado de Activos al Equipo Especial del caso Lava Jato, en el que recaen todos los pagos de soborno de Odebrecht. En 2018, el equipo de Pérez pidió la prisión preventiva de Fujimori como líder de una presunta organización criminal que tenía como objetivo la captación de aportes irregulares en la campaña de 2011. El juez de la causa, Concepción Carhuancho, aceptó las solicitudes y ordenó la detención de la lideresa y otras 17 personas por el delito de lavado de activos.