La Justicia consideró probado que los 19 imputados en la investigación por la Escuela de Yoga de Buenos Aires, que era la fachada para una organización internacional con características de secta, tuvieron responsabilidad en una serie de delitos que incluyen asociación ilícita. En su resolución, el  juez Ariel Lijo procesó a las 19 personas -14 de las cuales se encuentran cumpliendo prisión preventiva- por integrar una banda dedicada a cometer delitos, trata de personas con fines de explotación sexual agravada por el hecho de haber mediado coerción, haber sido más de tres las víctimas y más de tres los victimarios y por haber sido consumada la explotación, lavado de activos y contrabando agravado.

En tanto, para los cinco imputados sobre quienes no pesa prisión preventiva, Lijo fijó cauciones reales de 300 mil y 500 mil pesos. Además, dictó la falta de mérito a uno de los médicos de la Clínica CMI, en donde se realizaban "curas de sueño.  Para todos los procesados, además, el juez trabó embargo hasta cubrir las sumas de 1200 millones de pesos o 400 millones de pesos.

Para el juez está probado que de esas 19 personas una ofició de líder y al resto, como miembros. De todas ellas, 14 fueron procesadas por trata de personas, 10 por lavado de activos y 4 por contrabando.

Qué dice el procesamiento

“Las pruebas reunidas demuestran que la organización coercitiva investigada captaba personas a través de técnicas de seducción y engaño, en el marco de un proceso que se extendía por años", relevó el fallo del juez. 

Así, continuó, "la organización enajenaba a las personas del mundo real mediante la destrucción de sus lazos familiares y afectivos, relegándolas a relaciones interpersonales con miembros de la organización exclusivamente". En el proceso de despersonalización era clave albergar "a sus ‘alumnos’ en su sede central ubicada en Avenida Estado de Israel 4453/4453, de la Ciudad de Buenos Aires. El corolario de todo ese proceso era la explotación sexual de los cuerpos ya dóciles y con voluntad doblegada a través del ofrecimiento a diversos clientes”, sintetizó el magistrado.

Los imputados participaban de una banda dedicada a captar personas mediante engaños o en situaciones de vulnerabilidad, que iban desde una edad extremadamente joven hasta problemas de salud o de consumos problemáticos, situaciones crisis o de violencia. La organización aprovechaba esos puntos débiles para ganarse la confianza de esas personas, prometerles sanación, pertenencia y contención, y, así, victimizarlas. 

El fallo indica que precisamente por eso los imputados lograron que las víctimas "carezcan de expectativas de sobrevida fuera de la organización ya que se probó que los acogen mediante residencias, les otorgan trabajos dentro del grupo y se relacionan exclusivamente en su interior desde hace casi treinta años, generando de tal modo una dependencia total de la Escuela”.