Las filtraciones como los Panamá Papers y los Swissleaks no solo expusieron los abusos de empresarios, políticos y celebridades sino que ofrecieron evidencia contundente sobre cómo funciona un eslabón fundamental en la red global de servicios financieros offshore: los intermediarios encargados de montar las plataformas para la evasión y fuga. Los especialistas panameños de Mossack Fonseca y el HSBC Private Bank de Ginebra quedaron en el ojo de la tormenta pero no están solos. En el listado compuesto por estudios contables, bancos internacionales, firmas de abogados y casas de cambio, se destacan las grandes firmas internacionales de auditoría y consultoría conocidas como las Cuatro Grandes: KPMG, Ernst & Young, Deloitte y PwC, que son fundamentales en el diseño de los esquemas utilizados por las principales grupos económicos locales y extranjeros para minimizar su carga tributaria. 

“Esas empresas funcionan como cuasi reguladores en el corazón del sistema financiero global pero, sin embargo, sabemos muy poco sobre ellas. La rendición de cuentas del capitalismo global depende de empresas cuyas operaciones gozan de un elevado grado de opacidad”, advierten Richard Murphy y Saila Naomi Stausholm en el documento Las Cuatro Grandes, un estudio sobre la opacidad que hoy será difundido por el Grupo GUE/NGL, un espacio que reúne a gran parte de la izquierda del Parlamento Europeo. 

“Las firmas manejan el mercado de auditorias para las principales corporaciones del mundo y como tales son depositarias de una excesiva confianza por parte de los sistemas regulatorios e inversores que dependen de sus evaluaciones para certificar la veracidad de los reportes, balances e informes públicos elaborados por las compañías”, señala el informe de Stausholm y Murphy. También advierten que las Cuatro Grandes están presentes en el 81 por ciento de los paraísos fiscales. En Argentina esas empresas son las encargadas de diseñar y validar las prácticas fiscales potencialmente elusivas de las firmas multinacionales. Antes de la divulgación del documento, el eurodiputado Miguel Urban Crespo de Podemos señaló que “urge establecer, cuanto menos, una regulación para hacer de esa actividad algo confiable, y promover un organismo auditor público independiente para acabar con un oligopolio opaco que está empleando su posición dominante para ser juez y parte de una tarea sensible y crucial del funcionamiento económico”.

La facturación combinada de las cuatro compañías superó los 135.000 millones de dólares en 2016. Un 40 por ciento del total lo generaron mediante consultorías, el 35 por ciento lo aportaron los servicios de auditoría y seguros mientras que un 23 por ciento lo explicó la asesoría fiscal. “Las filtraciones del mundo offshore y las políticas neoliberales con foco en la austeridad exponen la necesidad de contar con normas que transparenten las contribuciones al fisco realizadas por las multinacionales y los ricos pero también revelan la necesidad de regular más a los facilitadores y promotores de las estructuras elusivas que sirven para la fuga de capitales, evasión, elusión, y lavado de dinero”, indicó la especialista argentina y asesora del Grupo GUE/NGL en relación con los Panamá Papers.