Una mujer de 40 años fue condenada a 3 años y 8 meses de prisión por ser parte de una organización delictiva dedicada a maniobras de usurpación para la posterior venta y alquiler de inmuebles en barrio Nuevo Alberdi. La acusada cumplía el rol de recaudar dinero de las operaciones que se hacían con domicilios cuyos propietarios eran despojados de manera violenta e intimidante. Además, la acusada se encargaba de proveer armas a la asociación ilícita y de adulterar guarismos de autos y motos de procedencia ilícita. Rosa Castillo fue sentenciada en un juicio abreviado como integrante de la banda que tiene a otras personas imputadas con proceso en trámite, como parte de la investigación del fiscal Mariano Ríos Artacho. El año pasado, un policía que se desempeñaba como jefe de la subcomisaría 2°, fue imputado -aunque no como parte de la banda- por recibir una coima de 50 mil pesos para liberar a un miembro de la organización.

En la audiencia, el fiscal Ríos Artacho le atribuyó a Castillo "junto a otras personas, haber formado parte de una asociación con permanencia en el tiempo destinada a cometer delitos de manera organizada dedicada a operaciones inmobiliarias con inmuebles usurpados, ubicados en zona norte, en el barrio Nuevo Alberdi, como así también compra y venta de armas de fuego y la adulteración de los guarismos de automóviles y motocicletas de procedencia ilícita", reza la acusación. 

Sobre la actividad delictiva de la asociación ilícita que también integran Walter M., como jefe, Rosa Monica P., Natalia Z. y Lisandro Nicolas M., el funcionario de Ministerio Público de la Acusación indicó que "comprende la usurpación de terrenos o viviendas, su delimitación, el alquiler o venta de los mismos, el cobro de la locación, la provisión de armas de fuego, el amedrentamiento e intimidación de las personas que habitan en las viviendas para que retiren o abonen lo pactado, como así también la adquisición de títulos de vehículos que no poseen impedimentos legales, a los fines de poder adulterar los guarismos y que coincidan con dichos títulos".

En cuanto a los hechos puntuales, se atribuyó a la acusada "haber despojado mediante amenazas y violencia, a los moradores de las viviendas ubicadas en calle Caracas, que luego fue vendida; en Ciudadela al 3200, y en calle Caracas entre Bouchard y Somoza, donde la moradora manifestó que hacía dos meses había comprado dicho domicilio, sin contar con documentación alguna que acredite su propiedad". Todos los hechos fueron constatados el 17 de junio de 2021, en el marco de allanamientos.

Por último se le endilgó a la imputada "haber arrendado como propio el domicilio de Caracas al 2600, durante 2020, a sabiendas de que había sido usurpado, tras despojar a la familia que vivía allí, en 2019". Simulando ser la propietaria, la mujer le cobraba a la víctima la suma de 4500 pesos por mes, cada día 25, "causándole un perjuicio económico de 22500 pesos (5 meses)", dice la acusación.

En audiencia, la jueza María Trinidad Chiabrera homologó el procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía, aceptado por la defensa, en el marco de los delitos de asociación ilícita y usurpación, en calidad de coautora; y estelionato (fraude o engaño en contratos)".