Desde Lima

La ultraderecha ha tomado la presidencia del Congreso. El general retirado del ejército, José Williams, que fue procesado por la matanza de 69 campesinos ocurrida en 1985 pero luego absuelto en un fallo judicial cuestionado, es el nuevo presidente del Congreso. El militar pertenece a la agrupación Avanza País, partido que junto al fujimorismo y la neofascista Renovación Popular forma el bloque de la extrema derecha. Estos tres partidos, en abierta actitud golpista después de la derrota electoral de Keiko Fujimori, pretendieron desconocer el triunfo de Pedro Castillo denunciando un inexistente fraude electoral. Al fracasar en ese intento, desde el primer día del gobierno buscan derrocar desde el Parlamento al mandatario. Le han hecho dos juicios políticos pero no han conseguido los votos necesarios, dos tercios del Parlamento unicameral de 130 miembros. Castillo llamó a Williams a tener una reunión. Hasta el momento el militar no ha respondido.

La masacre de Accomarca

El nuevo presidente del Congreso tiene un pasado como militar que lo compromete en violaciones a los derechos humanos. Un pasado que el establishment político y mediático oculta. En agosto de 1985, cuando se iniciaba el primer gobierno de Alan García y los militares tenían desde años antes el poder absoluto en las zonas del país donde operaba el grupo armado maoísta Sendero Luminoso, en la comunidad campesina de Accomarca, en la región andina de Ayacucho, epicentro de la guerra interna que se inició en 1980, ocurrió una de las más graves matanzas de ese negro período de la historia reciente del país. Williams era uno de los jefes militares en la zona de la masacre contra campesinos.

Una patrulla del ejército ingresó a la comunidad de Accomarca, sacó a sus pobladores violentamente de sus casas, las mujeres y los niños fueron separados de los hombres. Las mujeres fueron violadas y los hombres golpeados. Después metieron a todos en una de las pequeñas casas de adobe y piedras del pueblo y ahí los acribillaron a balazos. El jefe de la patrulla, el subteniente Telmo Hurtado, que después sería conocido como “el carnicero de los Andes”, arrojó una granada a la vivienda para consumar el asesinato masivo. Luego ordenó quemar la vivienda. Fueron 69 los campesinos asesinados. La menor de las víctimas era una niña de tres meses.

Recién tres décadas después de esta espantosa matanza, en 2016, diez militares fueron sentenciados a penas entre 10 y 25 años, pero solo uno de ellos, Hurtado, está en prisión. La sentencia determinó que el crimen masivo no había sido una acción aislada e individual, como indicaba la versión oficial, sino producto de una orden superior que respondía a un plan militar y que se produjo en un contexto de violaciones a los derechos humanos. Williams, entonces mayor, era el jefe de la compañía “Lince”, a la que pertenecía la patrulla “Lince 7” que bajo el mando operativo del subteniente Hurtado cometió el masivo asesinato. En el proceso judicial, Hurtado dijo que su superior Williams le ordenó no dar cuenta por escrito de las víctimas civiles para evitar investigaciones. Hurtado fue condenado a 23 años de cárcel. Dos generales que eran los jefes militares de la zona recibieron las penas mayores, 25 años, por haber planificado y ordenado el operativo militar. Pero el entonces mayor Williams, que en el momento de la sentencia judicial era un general en actividad, fue absuelto del cargo de autor mediato por “falta de pruebas” en un fallo judicial que fue cuestionado por familiares de las víctimas y sus abogados.

Ejecución extrajudicial

Años después de esta matanza, Williams fue jefe del operativo militar que, en abril de 1997, durante la dictadura fujimorista, atacó la residencia del embajador de Japón que cuatro meses antes, cuando se desarrollaba una recepción diplomática, había sido tomada por asalto por un comando del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y que mantenía 72 rehenes que buscaba canjear por prisioneros de esa agrupación guevarista. El operativo militar terminó con 71 rehenes liberados y un rehén, dos militares y los catorce emerretistas muertos. Una acción ensalzada desde entonces como un éxito militar. En 2017, el Congreso de mayoría fujimorista y el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, hoy procesado por corrupción, otorgaron a los militares que intervinieron en esta operación militar el pomposo título de “héroes de la democracia”. Así se refiere hoy la derecha al nuevo presidente del Congreso.

Sin embargo, esta operación militar, llamada "Chavín de Huántar", tiene un lado oscuro que la mayor parte de los medios y el establishment político, que solo hablan de los militares de este operativo como “héroes”, han ocultado sistemáticamente. Un funcionario de la embajada japonesa que estaba como rehén y dos policías revelaron que vieron como uno de los emerretistas, Eduardo Cruz, alias “Tito”, fue detenido vivo por el comando militar que dirigía el general Williams. Después “Tito” apareció muerto con un balazo en la cabeza. El comando militar reportó que había caído en el enfrentamiento. Esta ejecución extrajudicial durante el operativo militar que dirigió el general Williams sigue en la impunidad.

Internas en el Congreso

El general Williams necesitó ir a una segunda vuelta para ser elegido presidente del Congreso. En un Parlamento fragmentado en trece bancadas y varias de ellas divididas internamente, hubo seis candidatos. Pasaron a segunda vuelta Williams y Luis Aragón del partido de centroderecha Acción Popular (AP). Ganó el militar ultraderechista con 67 votos, contra 41 de Aragón. Bancadas cercanas al gobierno y la izquierda apostaron por Aragón para evitar el triunfo de la extrema derecha, pero Perú Libre (PL), el partido que llevó a Castillo a la presidencia, que ahora dice no ser oficialista, aunque sí aliado del gobierno, llamó al voto nulo. Esto jugó a favor del candidato de la ultraderecha. No es la primera vez que PL, que se define como marxista-leninista y cuyo secretario general, Vladimir Cerrón, declaró recientemente a Página/12 que preferían aliarse con el neofascismo antes que con el centro o incluso la izquierda moderada, favorece a la extrema derecha. Esta posición de PL y una división en AP, donde algunos legisladores habrían apoyado a Williams y no a su candidato, permitió el triunfo del militar acusado de violaciones a los derechos humanos para presidir el Congreso en un momento crítico para la democracia peruana, cuando se fortalecen las posturas autoritarias y el golpismo parlamentario y el Ejecutivo deambula en la falta de rumbo y la inoperancia y es cercado por denuncias de corrupción. 

La derecha es mayoría en el Legislativo y lo ha controlado desde el inicio del gobierno en julio de 2021 -llevando al Congreso a un amplio descrédito, que se refleja en un ínfimo ocho por ciento de aprobación-, pero ahora su presidencia recae directamente en un representante del sector más radical y autoritario del bloque derechista. La ultraderecha celebra el triunfo de Williams y se prepara para un tercer intento de destituir a Castillo, y también a su vicepresidenta Dina Boluarte, para así llevar al general Williams a la presidencia del país. Pero los 67 votos que obtuvo el militar en el Congreso no le alcanzan a la ultraderecha para tumbarse a Castillo, para lo que necesitan 87 votos. Por eso aceleran la búsqueda de esos votos que le faltan y presionan para conseguirlos.