El ministro de Economía, Sergio Massa, le informó este martes a Alberto Fernández que, durante el encuentro que mantuvo en Washington con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, quedó definido que el acuerdo de intercambio de información financiera con ese país comenzará a funcionar en las primeras semanas de 2023. El acuerdo compromete a la AFIP, del lado argentino, y a la Internal Revenue Service (IRS), de EE.UU., a poner a disposición del otro país todos los datos correspondientes a cuentas financieras de residentes argentinos en EE.UU. y de norteamericanos en Argentina. De ese modo, ambos organismos fiscales podrían acceder a la información sobre activos financieros no declarados por los titulares en su propio país. En el caso de los activos de argentinos en Estados Unidos, se estima que entre cuentas financieras y propiedades, el monto no declarado en Argentina podría superar los 100 mil millones de dólares, ya que es el país preferido por las grandes fortunas como destinos de los fondos fugados.
"Existe la presunción de que estamos hablando de una masa de dinero muy importante; gente que tiene dólares que deposita en el exterior, o compra propiedades en el exterior, y no lo declara en Argentina", indicó el embajador Jorge Argüello este martes al referirse al acuerdo de intercambio de informaci{on entre la AFIP y el IRS. Según fuentes oficiales argentinas, "el convenio bilateral está muy avanzado, prácticamente sólo le falta la firma, con lo cual ya podría estrar activo a partir de enero".
El severo programa fiscal que tiene previsto Massa para el año 2023, que se verá reflejado en el proyecto de Presupuesto anual de la administración pública nacional que se presentará al Congreso esta semana, exigirá un excepcional resultado en materia de recaudación para evitar un brutal ajuste en el gasto. Es por ello que la gestión que encabeza el ex presidente de la Cámara de Diputados enfatiza tanto el aspecto de los controles sobre la evasión, como lo revela el ritmo que le imprime la Aduana a la regulación sobre el comercio exterior, y la constante denuncia de casos para generar lo que Guillermo Michel califica como "sensación de presencia" de las autoridades de control y "percepción del riesgo" a ser detectado en caso de estar cometiendo un delito.
Cgera y los insumos importados
En tanto, la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera), que preside Marcelo Fernández, le presentó al secretario de Comercio, Matías Tombolini, una serie de propuestas tendientes a agilizar el comercio exterior y facilitar el acceso a insumos importados por parte de pymes que no pueden prescindir de los mismos en sus procesos productivos.
Ante la falta de divisas, la Cgera propuso "que se otorgue a la industria los mismos beneficios para la exteriorización de activos externos, que por la ley 27.613 se le ha brindado a la construcción y al desarrollo inmobiliario. Es decir, la posibilidad de exteriorizar activos externos para que sean destinados al pago de importaciones de insumos esenciales, bienes de capital, y de aquellos productos que sean necesarios para sustituir compras externas".
Llevado a la práctica, sería permitir que la industria que tiene activos externos no declarados, pueda destinarlos al pago de importaciones que, al ser declaradas, "regularizarían" el capital previamente fugado. Una suerte de blanqueo, pero con aplicación obligatoria de los recursos a abastecer el proceso productivo. Como bien explicó Cgera, un sistema de características similares al que rige para la construcción y desarrollos inmobiliarios, que busca atraer a los capitales fugados y que se apliquen a actividades productivas.
Además, propuso implementar un régimen de administración del comercio exterior "a través de declaraciones juradas de las empresas importadoras de insumos y/o materias primas para la industrialización de productos". De esta manera, la cámara sectorial a través de la Confederación que la represente, o la Secretaria del Municipio o el Ministerio Provincial, serán quienes certifiquen la veracidad de la declaración de la Empresa.
A su vez, el gobierno nacional debería instrumentar en forma urgente una lista de posiciones arancelarias estratégicas que impliquen todas las materias primas que utilizan las industrias pymes, y garantizar para esa lista las autorizaciones para su importación y la provisión de las divisas necesarias para que puedan ser efectuadas, por parte del Banco Central.
