La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó el procesamiento del exjuez Néstor Luis Montezanti por su vínculo con la agrupación parapolicial terrorista  Triple A. La alzada confirmó la decisión que la Justicia de primera instancia tomó hace dos años por pedido de la Fiscalía respecto de su participación en una asociación ilícita y en episodios de intimidación en el marco de la investigación sobre 22 asesinatos cometidos por la organización parapolicial en esa ciudad bonaerense entre 1974 y 1975.

Con el voto de la jueza Silvia Fariña, cuyos argumentos lideraron el fallo que compartieron sus colegas Richar Gallego y Mariano Lozano, la Cámara bahiense rechazó los recursos de apelación que presentó la defensa del exjuez Montezanti para intentar zafar de su procesamiento como integrante de la patota de ultraderecha que tomó entre agosto y octubre de 1974 la sede bahiense de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

“Lo más importante de este fallo es que permite seguir avanzando en el señalamiento de responsabilidades que tienen que ver con el componente civil de la dictadura cívico militar”, evaluó el auxiliar fiscal Pablo Fermento, que integra la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa ciudad a cargo de Miguel Angel Palazzani y José Nebbia, cabezas del impulso sobre la vinculación de Montezanti con los crímenes de lesa humanidad en la ciudad bonaerense. La jurisdicción transita el octavo juicio sobre el terrorismo de Estado, pero “todo lo que es analizar responsabilidad es ajenas a las fuerzas de seguridad tuvo grandes resistencias”, aportó. Recién el año pasado lograron condenar a integrantes civiles de la Triple A que actuaron en la zona.

Un procesamiento confirmado

En el marco del fallo que emitieron el lunes, los jueces recordaron que la misma Cámara “ya se expidió en relación al grupo parapolicial conocido como Triple A en un par de oportunidades” cuyos delitos “constituyen crímenes contra la humanidad y por lo tanto resultan imprescriptibles”. Desde años anteriores al golpe de Estado de 1976, la patota bahiense de la Triple A recorría los pasillos de las universidades locales como lo había en otros puntos del país exhibiendo armas, azuzando y amedrentando estudiantes. “Financiado con fondos estatales, dedicado a cumplir una misión de amedrentamiento y hostigamiento de aquellos que eran señalados como enemigos, es decir, todo aquél que entrara en la amplia y genérica categoría de intereses apátridas, marxistas, masónicos, anticristianos o del judaísmo internacional sinárquico”, describió Fariña.

En Bahía Blanca la Triple A “da sus primeros pasos” en la UTN, donde ingresa de mano de Emilio Garófoli, nombrado decano en abril de 1974. El jefe del grupo parapolicial allí era Rodolfo Ponce, legislador y secretario local de la CGT. “Cuando desde las autoridades nacionales de la universidad decidieron reemplazar a Garófoli es que la patota resiste y toma la universidad”, contextualizó el auxiliar fiscal Pablo Fermento,

En septiembre de 2020, el juez de instrucción federal Walter López Da Silva había procesado a Montezanti por los delitos de asociación ilícita e intimidación pública “en base a testimonios de personas que por entonces eran estudiantes universitarios y que lo habían visto a Montezanti en la toma como parte de la patota”, continuó Fermento. La defensa del ex camarista consideró que la decisión era arbitraria.

La fiscalía imputó a Montezanti en 2015, cuando todavía era presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca. Informó entonces el periodista Diego Martínez en este diario que Palazzani y Nebbia lo habían acusado por 22 homicidios cometidos entre 1974 y 1975 por la Triple A y el secuestro, las amenazas y tormentos a Jorge Riquelme, un militante de la Juventud Peronista quien había reconocido a Montezanti entre sus interrogadores, en el Cuerpo V de Ejército de la ciudad. La Fiscalía indicó también que el camarista había ejercido la defensa de varios referentes de la Triple A, como Remus Tetu –interventor de la Universidad del Sur– y Jorge y Pablo Argibay, padre e hijo, y que en 1981 fue “formalizado” como personal civil del Destacamento de Inteligencia 181.

La Justicia recién pudo tomarle declaración indagatoria en 2018, un año después de que se jubilara. En medio, por su resistencia a ponerse a disposición, fue declarado en rebeldía y se le inició un procedimiento de remoción en el Consejo de la Magistratura. En su indagatoria, Montezanti explicó que los testigos lo vieron en la UTN porque era profesor y simplemente “estaba de paso por el hall” universitario. Pero el argumento no convenció al juez Da Silva ni a la Cámara: “Los testigos fueron coincidentes en que si bien no ostentaba tenencia de arma alguna, estaba allí con el grupo armado, interactuando como parte del mismo, asumiendo una actitud proactiva al realizar las mismas conductas de provocación e incitación al enfrentamiento que el resto del grupo, como parte de él y por un lapso prolongado de tiempo”, concluyó la camarista Fariña.

Las dificultades para profundizar en la responsabilidad del ex juez en los crímenes de la Triple A radican en que no está señalado por testigos ni existe prueba documental que lo ubique ejerciendo roles ejecutivos en esos crímenes, es decir como parte del grupo que efectuaba secuestros, que intimaba a personas, que asesinaba. “Entendemos que esto sucede porque el rol de Montezanti era de inteligencia y siempre estas actividades presentan mayores dificultades para individualizar responsabilidades en casos concretos”, puntualizó Fermento.

Un sobreseimiento

En otro de los puntos centrales de su fallo, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca decidió convertir en sobreseimiento la falta de mérito que el juez da Silva le había dictado en 2020 a Montezanti en relación al secuestro, las amenazas y las torturas recibidas por Riquelme. De hecho, en el juicio que se está desarrollando en Bahía Blanca por los crímenes sucedidos en la Zona V del Ejército, el sobreviviente no pudo asegurar que Montezanti lo interrogó.