Los vecinos autoconvocados de la ruta provincial 26, en el municipio de Cerrillos, siguen con su plan de lucha en rechazo a la instalación de una metalúrgica en la zona. Ahora se reunieron con la intendenta Yolanda Vega, quien reconoció irregularidades en el proceso de parte del municipio y se comprometió a escuchar la demanda. 

Si bien el proyecto de la Planta de Fundición de Metales Ferrosos, de la empresa Metalúrgica Integral Sociedad Anónima (más conocida como Metalnor), ya está en marcha, el grupo de vecinos pide que el proyecto se traslade a un parque industrial y salga de la zona urbana del municipio. En una de casi 4 horas los vecinos ratificaron ante Vega cada uno de los argumentos por los cuales se oponen a la instalación del emprendimiento industrial. 

Se espera que la semana entrante, la intendenta adopte una definición sobre el proyecto, ya que es la autoridad encargada de dar luz verde al proceso. Vega aseguró que lo hará luego de estudiar las conclusiones de la audiencia pública no vinculante que se desarrolló el 31 de agosto, y en donde vecinos y vecinas expresaron su oposición, así como de legisladores locales y provinciales. 

Después del encuentro con Vega, los vecinos manifestaron a través de un comunicado que "desde cualquier análisis técnico, ambiental, social o desde el mismo sentido común, la empresa debe retirarse de nuestro hábitat de vida hacia un sector netamente industrial". Y aseguraron que la empresa infringió los procesos correspondientes, ya que empezó a funcionar sin ninguna autorización, sea del municipio o de la provincia. 

Además, en principio los vecinos sólo supieron que la empresa quería un espacio para el depósito de chatarra. No obstante, hace unas semanas, se enteraron que el fin era instalar tres hornos de fundición de metales, dos eléctricos y uno a gas. Por lo que consideraron que la entidad empresarial sigue omitiendo información relevante para las familias. 

El referente vecinal Eduardo Soria contó a Salta/12 que la intendenta reconoció la falta de control del municipio sobre el proyecto. A modo de ejemplo, recordó que la audiencia pública se realizó dos años después de que la empresa empezara a instalarse en la zona con la construcción de un muro. Incluso, el llamado a esta audiencia se dio por la presión de los vecinos. 

Soria dijo que ya con el compromiso de Vega de escuchar sus demandas, seguirán insistiendo para que esto se cumpla. La intendenta tiene la última decisión para aprobar o no la puesta en marcha del proyecto porque la empresa apeló a la Ley provincial 7070, que otorga a los municipios la posibilidad de otorgar el certificado de aptitud ambiental (CAAM) si la firma presentante da cuenta que tiene acompañamiento técnico en la temática.

Esta vía no fue la primera opción de Metalnor, previamente había presentado un estudio de impacto ambiental preliminar en la Secretaría de Ambiente de la provincia, que fue rechazado. Ante la negativa, la empresa recién optó por seguir el trámite directamente con el ejecutivo municipal.

Además, el inicio de los trámites para obtener el CAAM fue luego de que se expresara la oposición de los vecinos y vecinas, cuando advirtieron que la firma había iniciado trabajos en las 42 hectáreas que comprende el proyecto. En 2020 Metalnor inició la construcción de un paredón de 4 metros de alto por casi un kilómetro de largo, que hoy se ubica al frente de las casas de algunas familias cerrillanas. 

Los vecinos reiterando que no quieren "al lado de nuestras viviendas una industria que producirá impactos importantes reconocidos en el propio estudio de impacto ambiental presentado por la empresa y expuesto en la audiencia". En el caso del propio Soria, el muro que se levantó se encuentra justo al frente de su casa. 

Uno de los principales argumentos de parte la empresa y algunos funcionarios municipales es que el proyecto traerá nuevas fuentes de trabajo al municipio. No obstante, los autoconvocados insistieron en que los 200 puestos de trabajo que se proyectan al cabo de 10 años de funcionamiento "no mueven la economía de 9000 familias en la zona". 

"Tampoco van a ser notorios para la economía municipal los 200 mil pesos en impuestos por mes que pueda pagar esta empresa, según los dichos de la señora Yolanda Vega", expresaron. En ese sentido, Soria dijo que Vega no dio una respuesta concreta al pedido, pues dijo que seguirá estudiando el tema, incluido lo dicho en la audiencia, y que solicitará un estudio a la Universidad Nacional de Salta. 

Del encuentro también participaron el coordinador municipal, Valentín Sanz Vega, la directora de Obras Públicas, Adriana Gómez ,y una asesora letrada del municipio.

Amplio rechazo

Anteriormente, el Concejo Deliberante de Cerrillos aprobó un proyecto en rechazo a la instalación de una "Planta de Fundición de Metales Ferrosos", que prevé ubicarse en ese ejido municipal. Los ediles afirmaron que tomaban esta determinación en defensa de los vecinos. Señalaron que "en la zona de influencia del proyecto en cuestión residen más de 14.000 personas que se verán afectadas" por la puesta en marcha de la iniciativa. 

En esta oportunidad, la Cámara de Diputados de Salta aprobó un proyecto de declaración que solicita la ejecución de una auditoría ambiental y social, en relación a la posible autorización para que opere la empresa Metalnor. El diputado por Cerrillos, Luis Albeza, del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción, explicó que, antes de avanzar ante cualquier proceso industrial también solicitaron la conformación de un comité interdisciplinario especialista integrado por profesionales de distintas áreas, tales como biología, química, legales y contables. 

Incluso se pidió la intervención de organismos nacionales e internacionales para tratar el asunto, además de sostener los canales de diálogo con los vecinos. En esa sintonía, Soria expresó que "para nosotros la audiencia demostró de manera contundente que Metalnor no cuenta con licencia social para instalarse en el predio de la ruta 26".