La jueza a cargo de la vocalía 6 de la Cámara Civil y Comercial de Jujuy, María del Huerto Sapag, autorizó a un particular que disputa el territorio de la comunidad Tilquiza del Pueblo Ocloya de Jujuy, a poner un candado en el portón de acceso del único camino ancestral en la zona. A ello añadió la autorización de un tendido eléctrico y construcción de un galpón dentro de las tierras.

Tilquiza está ubicada a unos 17 kilómetros de San Salvador de Jujuy. La disposición de Huerto Sapag es contraria a la dictada el 22 de febrero de 2019 por el titular del Juzgado de Control Penal Nº 2, a cargo de Jorge Rodolfo Zurueta, quien en aquel momento había ordenado “el desalojo de las personas y/o cosas que se encuentren obstruyendo el paso por el Camino ‘El Tilo y la Mecha’ sita sobre Ruta Provincial 35 de la Localidad de Tilquiza”, dado que ya en aquel momento, se habían detectado situaciones similares que obstaculizaban a la comunidad el uso del camino que conduce al territorio. 

El relevamiento de la superficie reclamada, de más de tres mil hectáreas, está reconocido en la carpeta técnica extendida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Zurueta dio su orden luego de las constataciones de la falta de otros caminos para que la comunidad pueda acceder a su territorio.

“El 15 de julio pasado denunciamos que (Daniel) Verzini (el particular que disputa las tierras) había puesto los candados pese a que se había dicho que no. Hicimos la denuncia a la Policía y se sacó el candado. Pero el sábado pasado lo volvieron a poner”, dijo a Salta/12 Néstor Jerez, cacique de la comunidad.

Ante este panorama, sostuvo que el domingo decidieron realizar una protesta sobre el camino obstaculizando el paso solamente a Verzini. Pues Jerez afirmó que el particular “tiene otro camino propio que es el que usó para ir a hacer las denuncias”.

Sucede que ante la protesta, Verzini denunció a los manifestantes y el fiscal especializado en Delitos contra la Propiedad de Jujuy, Alejandro Maldonado, envió una notificación para intimar a toda persona que se encuentre allí a “retirarse de forma voluntaria del lugar” en 48 horas, que se cuentan desde ayer, cuando se dio la notificación. También advirtió con seguir otras actuaciones en caso de que la disposición sea desobedecida.

“Desde que pusieron los candados hicimos denuncias ante el mismo fiscal y nunca actuó. Ahora ponen una denuncia en nuestra contra y actúan”, destacó el dirigente originario al exponer las diferencias en el trato que se está dando a las partes en disputa.

Imparcialidad judicial en juego

El director de Asuntos Jurídicos del INAI, Julián Fernández, elevó una nota a la jueza Huerta Sapag recordándole que a raíz de la autorización de cerrar el portón en el sector denominado “El Tilo y La Mecha”, frente a la Escuela Primaria N° 329, se bloquea un camino que forma parte de “la ocupación actual, tradicional y pública que ejerce la comunidad sobre su territorio y que fuere reconocido por este Instituto Nacional mediante Resolución 642/12 en el marco de la Ley 26.160”.

Advirtió que impedir a la comunidad el acceso a su territorio por el único camino posible empuja a sus integrantes a tener que acceder por el lecho del río y expone entonces a “todo peligro y en el peor de los casos (…) a una migración forzosa y con ello la posibilidad de la pérdida de su riqueza cultural la cual todos los órganos del estado deben ser garantes, incluido el poder judicial”.

Fernández observó también que la jueza autorizó al particular a colocar candados en los accesos de su propiedad, pese a que la disputa del territorio aún es discutida en el ámbito judicial. “Resulta imprescindible asegurar la garantía de imparcialidad inherente al ejercicio de la función judicial evitando realizar aportes subjetivos que hagan entrever la decisión final que ha de tener la causa principal, cuando aún no se encuentran en estado de ser resuelta”, señaló el funcionario nacional en la nota.

En esa línea, solicitó que se restituya y garantice el paso libre a la comunidad para acceder a su territorio de ocupación tradicional por el sector denominado El Tilo y La Mecha, “bloqueado por resolución judicial”, y con lo que se deja aislados a miembros de la comunidad. Mientras, la mayor preocupación de la comunidad es sobre la situación de salud de sus miembros, sobre todo los de mayor edad, ya que en caso de emergencia “ni las ambulancias van a poder pasar”, sostuvo Jerez.