Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Fecof) informaron este miércoles que entre los meses de julio y agosto, se logró emitir un total de 329 condenas por corrupción a funcionarios, servidores públicos y personas particulares “que cometieron actos delictivos en contra de la administración pública”.

Según un comunicado emitido por el gobierno de Perú, la coordinadora de las Fiscalías Anticorrupción, Elma Vergara, indicó que del total de sentencias, se condenó a 138 funcionarios públicos, 80 servidores y 11 personas particulares; número que supera a los condenados registrados durante el mismo período pero del año anterior. En la misma línea, añadió que el Poder Judicial pudo imponer un total de 3.250 millones de dólares por reparación civil a favor del Estado.

“Estos resultados son el reflejo del esfuerzo que el equipo de las Fecof viene desplegando a nivel nacional en las 42 fiscalías anticorrupción con las que cuenta el Ministerio Público”, dijo Vergara.

A continuación, detalló que durante ese período, se ejecutaron 110 allanamientos en nueve regiones del país, se logró incautar más de 14,2 millones de dólares y detener a 63 personas investigadas por delitos de coimas, uso indebido de bienes y servicios del Estado, colusión, entre otros. Para la coordinadora, estas cifras “son producto de una serie de medidas estratégicas adoptadas para optimizar la productividad fiscal, en el marco de la política de orden, firmeza y celeridad que impulsa la gestión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides”, quien está a cargo de cinco de las seis investigaciones que acumula el presidente, Pedro Castillo.

Por último, se enfatizó que Vergara, en sus primeros dos meses de gestión como coordinadora, desarrolló planes piloto “para agilizar la labor fiscal de los colaboradores del subsistema”.

Investigaciones contra el presidente

Castillo enfrenta seis investigaciones en las que siempre se declaró inocente. La última que abrió la Fiscalía es por una supuesta "organización criminal" que operaba con licitaciones irregulares en las provincias de Chota y Cajatambo. También es investigado por presuntas irregularidades en los ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en la adjudicación de una obra denominada Puente Tarata III y en una compra de biodiesel por parte de la estatal Petroperu. Además, se lo investiga por supuesta obstrucción de la Justicia, a raíz de una denuncia pública en ese sentido del último ministro de Interior, Mariano González, y un supuesto plagio en su tesis de grado.

El presidente de 52 años ya declaró por dos cargos: el 17 de junio por supuestos sobornos en contratos de obras públicas y el 4 de agosto por supuestos ascensos irregulares en el Ejército. En tanto, la primera dama comparecerá ante el juez Raúl Justiniano Romero en una audiencia en la que los fiscales fundamentarán una solicitud de prohibición de salida del país por tres años. La orden incluye a dos de sus hermanos: Walter y David Paredes.