Con el debate sobre el futuro de la administración de la vía navegable fluvial Paraná-Paraguay aún sin saldar, el gobierno sigue apostando a la tecnología para mejorar la administración de la vía y las organizaciones sociales reclaman por el control estatal. Este lunes, al tiempo que el ministro de Transporte inauguraba el Sistema de Monitoreo y Gestión (SiMon) que incorpora tecnología y mejora la seguridad y calidad de los servicios a los usuarios de la principal ruta de exportaciones nacionales, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la CTA Autónoma se movilizaron pidiendo la recuperación de la vía navegable troncal.
La empresa Hidrovía S.A., operadora privada que integraban el grupo belga Jan de Nul y la local Emepa, explotaba y controlaba desde hace 25 años la navegación de la principal puerta de entrada y salida de los granos (sobre todo soja) y materias primas que comercializa Argentina. Al igual que con las autopistas, las empresas de servicios públicos, YPF, y muchos etcétera, Carlos Menem y Domingo Cavallo privatizaron la obra permitiendo a las empresas concesionarias cobrar peaje por tonelada transportada a cambio del mantenimiento del dragado y balizado.
El contrato venció el 30 de abril del 2021, y se estableció una prórroga de 90 días que sostuvo en funciones al consorcio presente. A partir del 11 de septiembre del año pasado, la Administradora General de Puertos (AGP) tomó el control del mantenimiento de la vía troncal, hasta que se adjudique la licitación de largo plazo por el dragado, balizamiento y cobro del peaje de la vía fluvial encomendado al Ente Nacional de de Control y Gestión de la Vía Navegable (Enavi).
La fecha legal en la que debería presentarse la licitación definitiva quedó postergada desde hace varios meses. Debería haber sido el 11 de septiembre, pero fue el propio (ahora ex) presidente del Ente Nacional encargado de elaborar los pliegos para la misma, Ariel Sujarchuk, quien aseguró que iba a haber un primer borrador recién en diciembre. Fecha que volvió a quedar desactualizada con la salida de Sujarchuk hacia la silla de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento y un puesto aún vacante a ocupar al frente del Enavi.
Mientras tanto, se extendió el contrato que habilita a AGP a encargarse del monitoreo, dragado y balizamiento hasta nuevo aviso. De esta manera, AGP continuará explotando la concesión temporaria y la recaudación de los peajes por una duración inicial de 12 meses y con la posibilidad de prorrogar hasta la toma de posesión del nuevo operador privado. En este tono y con una perspectiva a mediano plazo, el Estado inauguró ayer una inversión realizada en la vía navegable.
Se trata del Centro de Monitoreo, que concentra la información generada en los diversos puntos de la traza donde se ubican los Puntos Remotos de Monitoreo para darle trazabilidad, transparencia, y un sistema de seguridad. El ministro de Transporte Alexis Guerrera expuso que “la Vía Navegable Troncal pasó de ser agua de nadie, a transformarse en una zona con control de todas las agencias del Estado”.
Cada uno de los cinco Puntos Remoto de Monitoreo (ubicados estratégicamente en los accesos y zonas de mayor tránsito de la VNT) incorpora una antena satelital, un sistema AIS para la identificación de los buques, un radar, cámaras domo de videovigilancia, así como una estación meteorológica, hidrómetros y boyas multiparamétricas.
Toda esa información se remite al Centro de Monitoreo para su análisis y la generación de alertas para usuarios (en caso de un obstáculo o novedad respecto del tráfico) y organismos estatales. En caso de requerimiento judicial, las grabaciones tendrán una disponibilidad automática de 30 días, y un back up histórico en un archivo. Asimismo, se anunció que se instalarán otros dos centros de monitoreo, en puntos estratégicos de la VNT.
Afuera de las oficinas, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la CTA Autónoma y otras organizaciones se movilizaron hacia el Ministerio de Transporte por "la recuperación de la vía troncal, la creación del canal de Magdalena y la reactivación de la industria naval". La principal demanda que plantean las organizaciones es la derogación del Decreto 949/2022 que pretende volver a concesionar el Río Paraná para mantenerlo en manos privadas.
