A 47 años del secuestro de Hernán Abriata, militante de la Juventud Universitaria Peronista visto por última vez en la ESMA y desde entonces desaparecido, Mario Alfredo Sandoval debutó finalmente ayer en el banquillo de los acusados. Con la misma actitud desafiante que puso en evidencia desde que trascendió su actuación en la dictadura, el ex agente de la Policía Federal que hizo carrera en Francia se victimizó durante una hora ante el Tribunal Oral Federal 5, puso en duda la imparcialidad de jueces y fiscales, se esmeró en deslegitimar los procesos por delitos de lesa humanidad que prestigian a la Argentina en todo el mundo, afirmó (sin compromiso de decir verdad) que “no soy el comisario Sandoval” que se identificó con su credencial ante los familiares de Abriata al frente de un grupo de tareas, y se negó a responder preguntas.
El sexto juicio por los crímenes en la ESMA comenzó pasadas las 10.45 con un formato mixto: la mayoría de los actores –incluidos familiares y compañeros de Abriata– estuvieron en la sala de Comodoro Py, aunque también hubo jueces, defensas y acusadorxs que lo siguieron de manera virtual. La presencialidad había sido reclamada por las querellas y por el propio acusado. El tribunal accedió finalmente el martes. En la misma resolución le impidió al medio comunitario La Retaguardia transmitir con imágenes propias las alternativas del juicio, negativa que repudió el Sindicato de Prensa de Buenos Aires.
En la primera parte de la audiencia se leyó el texto de la elevación a juicio contra Sandoval. El secretario Javier Falcioni repasó el secuestro de Abriata el 30 de octubre de 1976, recordó que estudiaba arquitectura y militaba en la JUP, que “fue llevado a una quinta” y luego a la ESMA, donde estuvo “clandestinamente detenido con condiciones inhumanas de vida”. Apuntó que el imputado integraba un grupo de tareas de la Policía Federal con “base operativa en la Armada” y que aquel día, al ingresar al domicilio, “a (Mónica) Dittmar (esposa de Abriata) la obligaron a vestirse y comenzaron a interrogar a Hernán en un cuarto” y tras “treinta minutos se lo llevaron detenido”. “Sandoval le dijo a Dittmar que no pasaba nada. Que se quedara tranquila y se dio a conocer como miembro de la Policía y le recalcó que tomara nota de ello. Le exhibió una credencial plastificada con su foto”, narró.
La segunda parte, tras los habituales planteos dilatorios de la defensa que rechazó el tribunal, fue la exposición del acusado. Sin quitarse el barbijo, con guantes negros en las manos, Sandoval se sentó frente al micrófono y antes de leer su descargo respondió de la mala gana las preguntas de rigor. “Sin apodo, sobrenombre ni alias”, enfatizó ante esa pregunta, consciente de que los sobrevivientes lo recuerdan como “Churrasco”. Dudó sobre su estado civil (“casado”, arriesgó), dijo ser de profesión “jubilado” y, consultado sobre su nacionalidad, respondió “francesa y argentina; argentina por obligación, aunque abandoné los derechos políticos de la Constitución hace más de 35 años”. Luego se negó a informar sobre sus estudios cursados. “Los suficientes para saber leer y escribir”, ironizó ante la repregunta. “Soy adulto mayor, vulnerable según las reglas de Brasilia, persona de riesgo por la pandemia que tuve (sic), tuve Covid-19 dos veces”, aclaró cuando arrancó la lectura.
“Si hoy estoy aquí, es por decisión del gobierno francés que autorizó mi extradición”, lamentó Sandoval, que en su patria adoptiva tejó vínculos de alto nivel en ámbitos académicos, empresariales y políticos. Recordó que estuvo “siete años en libertad bajo control judicial” (léase desde que se pidió su captura internacional en 2012 hasta que se concretó su extradición en 2019) y renegó de haber sido considerado un “prófugo” para la justicia argentina, por lo cual está con prisión preventiva desde que pisó el país.
“En los años 70 fui agente del Estado en la Policía Federal Argentina, destinado en el departamento de Asuntos Políticos de la Superintendencia de Seguridad Federal. Mi destino fue ese y no otro”, dijo para negar su actuación en la ESMA, cuyos grupos de tareas integraron no sólo marinos sino también policías, prefectos, gendarmes, penitenciarios y hasta civiles. Luego se explayó sobre convenciones y principios que a su entender se violan en los juicios a represores en la Argentina, y puso en duda la imparcialidad de los jueces Daniel Obligado y Adriana Palliotti porque intervinieron en un juicio anterior en el que se trató el caso Abriata pero con otros imputados.
“Cada uno de los integrantes del tribunal, el fiscal, la familia Abriata y los ilegales querellantes (sic) saben que no soy el comisario Sandoval que vino al domicilio de la familia Abriata en 1976 y luego al del señor Hernán Abriata”, afirmó hacia el final de su exposición. Dijo no tener “carga moral de conciencia” sobre ese secuestro “ni en ningún otro hecho” y arremetió contra los organismos de derechos humanos. “Los principios de los derechos humanos no pueden ser simplemente la panacea de unos y la ausencia en otros”, lanzó. “Soy un preso de excepción por la forma del juicio, las acusaciones, el sistema y las condiciones de detención”, se quejó. Al terminar pidió al Tribunal que “no se escuchen palabras” que pueden “afectarlo moralmente” y se negó a responder preguntas de los jueces.
Luego de la indagatoria, el tribunal dictaminó
un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 9.30, audiencia a las que
se convocará como testigos a Mónica Dittmar y Juliana Abriata, compañera y hermana respectivamente del militante desaparecido.
