Nueve integrantes de la comunidad indígena Tilquiza, incluso una adolescente y una bebé, fueron demoradxs cuando se encontraban en una asamblea en su territorio ancestral en San Salvador de Jujuy. Este 14 de septiembre al mediodía, fuerzas de seguridad intervinieron luego de la denuncia de un empresario por "obstrucción del paso", y procedieron al desalojo y arrestos, solo con indicaciones del Ministerio Público de la Acusación, es decir, sin orden de un juez o jueza.

Finalmente, durante el transcurso de la tarde-noche, liberaron a lxs demoradxs, mediante la intervención de dos abogadxs y un organismo de niñez. En tanto el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, emitió su preocupación en un comunicado. 

El pueblo Ocloya de la comunidad Tilquiza se ubica en una zona de tierras bajas, de yungas, en San Salvador de Jujuy. Allí tienen un litigio que ya lleva una década con el empresario maderero Enrique Daniel Verzini, quien cerró con un candado un camino vecinal y ancestral en junio. Mientras la comunidad se encontraba en ese lugar, reunidos en asamblea informándose sobre sus derechos, el empresario les hizo una denuncia por obstrucción del paso.

Luego de la denuncia se produjo la intervención de las fuerzas de seguridad. Allí se llevaron demoradxs 3 hombres, 4 mujeres, una adolescente y una bebé, a la Brigada de Investigaciones. Entre los privados de la libertad se encontraba el cacique Néstor Jerez, quien fue liberado en la noche. “El desalojo fue después de las 12.40. Se han apersonado más de 12 móviles de infantería, grupos especiales, con canes, con bastones y armas largas”, relató a Salta/12.

El cacique explicó que no había orden judicial y la policía solo actuó luego de una consulta al fiscal Maldonado, “actuaron por carátula de infraganti”. “No ha habido resistencia, estábamos en nuestro propio territorio”, indicó. 

Mientras dialogaba con este diario contando la situación, el cacique indicó que esperaba la libertad del representante del Consejo de Participación Indígena (CPI), Ramón Jerez, quien fue golpeado y había sido llevado en esos momentos por personal de la Brigada de Investigaciones al hospital. Además añadió que una mujer mayor de 65 años también fue golpeada.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas emitió un pronunciamiento por la situación y señaló que “el uso de la fuerza pública en el ámbito penal no contribuye a garantizar la paz social, por lo contrario, profundiza la conflictividad y la violencia”.

El INAI expresó su “preocupación” ante la decisión adoptada por el Ministerio Público de la Acusación que “procedió al arresto de (…) miembros indígenas del Pueblo Ocloya, entre los cuales se encontraban el Cacique del Pueblo Ocloya Néstor Jerez y Ramón Jerez (miembro del CPI y de la Mesa Nacional de Coordinación del CPI)”.

Asimismo, el organismo señaló que previo a estas detenciones, se solicitó al MPA considerar la aplicación del Protocolo para abordaje en conflictividades de tierra y las Comunidades Aborígenes, que cuenta con la resolución N° 2261/2021 y se solicitó a la Vocalía VI de la Cámara Civil y Comercial de la Provincia de Jujuy levantar la medida que impide a los miembros de la comunidad acceder a su territorio por el camino de uso tradicional. Dichas medidas fueron solicitadas a los fines de convocar al diálogo por encima del uso de la fuerza policial.

"En la provincia de Jujuy ha quedado en evidencia como actúa la justicia, el Ministerio Público de la Acusación. El responsable es el gobernador Gerardo Morales, que garantiza paz social para usurpadores de territorios ancestrales. Veníamos haciendo 20 denuncias por impedimento de paso de nuestro camino ancestral", relató el cacique. Mientras la justicia no garantizó los derechos del pueblo ocloya, su autoridad comunal señaló que el empresario Versini, hizo una denuncia este miércoles y las fuerzas de seguridad actuaron.

 "Nos han pintado los dedos", detalló Jerez. Contó que les informaron que los van a imputar "por perturbación de la libre circulación y turbación de posesión". "Decimos que esa carátula es errada e incoherente", indicó. Dijo que cuando realizaban la asamblea no se impedía el paso a nadie y tienen videos y fotos para probarlo, que muestran el tránsito de peatones y vehículos. Indicó que no es una ruta provincial ni nacional, y que el denunciante tampoco se había acercado a manifestar que quería pasar. "No se ha privado a nadie del tránsito. El usurpador también tiene otro camino. Nunca nos transmitió nada", dijo el cacique.

Lxs abogadxs Franco Aguilar y Natalia Peñaloza del Servicio Jurídico del Concejo de delegados de Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya intervinieron para que liberen a las personas detenidas.

Peñaloza anunció a Salta/12 que denunciarán las detenciones "arbitrarias, ilegales y desproporcionadas sin orden judicial y sin respetar los protocolos". "Detuvieron a dos niñas, una bebé y una adolescente en la brigada de investigaciones, después vino la dirección de menores y lograron que las liberen, estaban en el territorio comunitario", sostuvo.

Además, la letrada indicó que denunciarán la violencia policial y "el incumplimiento de las funciones públicas" de las fuerzas de seguridad. Explicó que no se cumplió el protocolo de actuación para conflictos en comunidades indígenas. 

Peñaloza dijo que en la comunidad seguirán en asamblea "pensando en estrategias" para la defensa del territorio indígena. Señaló que la causa viene judicializada hace 10 años, "se agudiza por una morigeración que establece la jueza María del Huerto Sapag, de una cautelar, donde autoriza a poner candados en un camino tradicional". "No notifican a la comunidad. Ahí empiezan las acciones de lucha y defensa del territorio", explicó.