El Gobierno oficializó este miércoles el pedido de nulidad de contratos de concesión de autopistas Acceso Norte y Acceso Oeste firmados en 2018 por Mauricio Macri, Guillermo Dietrich y Javier Iguacel. Lo hicieron al considerarlos "lesivos al interés general", y que “generaron un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios".
El anuncio del decreto se hizo este miércoles durante una conferencia de prensa donde participaron el presidente Alberto Fernández, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur.
De esta forma, el Presidente ordenó iniciar una acción judicial para lograr la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste a las empresas Autopistas Del Sol S.A. (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), respectivamente.
Pagar una deuda inexistente
“Lo que había era un escándalo. Estuvimos más de un año con auditorías. La presunta deuda que el Gobierno de Macri les reconoció a las dos autopistas no tenían en el expediente ningún elemento demuestre su existencia. Además, esa deuda se dolarizó con un ajuste del 8 por ciento anual. Estamos hablando de 800 millones de dólares”, detalló Katopodis por AM750, respecto de la denuncia.
A lo que hace referencia el ministro es a dos decretos —el 608/2018 y 607/2018— donde se renegociación los contratos de concesión y adjudicación los corredores viales que tenían por objeto la cancelación de una presunta deuda por un monto por parte del Estado nacional en U$S 813.143.839,52 (U$S 540.522.269,52 para Ausol y U$S 272.621.570 para GCO).
Esto, por supuesto, se habría puesto en marcha no sin una clara consecuencia para los usuarios de estos corredores viales. “Pretendemos que esas concesiones vuelvan al Estado. Para pagar esa deuda se prorrogó la concesión de manera arbitraria. Y se estableció un cuadro tarifario donde todos los usuarios contribuyan a la cancelación de la deuda”, dijo Katopodis.
Actualmente un automóvil paga en hora pico y de modo manual paga $80 pesos, una tarifa que fue fijada por Vialidad Nacional en febrero de este año. Sin embargo, según estimaciones, si se hubiese seguido con lo negociado conforme a la solicitud presentada por AUSOL, esa tarifa debería ser de 1.830 pesos.
El vínculo con la “Causa Peajes”
Por otro lado, Katopodis no descartó que la información aportada para esta causa pueda ser utilizada en otras, aledañas, y donde también están vinculados funcionarios de primera línea del macrismo: “ Todas estas actuaciones las vamos a incorporar al expediente para pedirle a la Justicia que complete la investigación. Tenemos que demostrar primero la nulidad de estos contratos. En función de que eso sea así, como estamos convencidos, después analizaremos qué otros efectos tiene esta situación”.
Es decir, la demanda que el Estado presentará en la Justicia por la concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste "seguramente será acercada como prueba" en la justicia penal federal, "donde se investigan estos contratos en la llamada causa Peajes", en la que se investiga la renegociación de contratos para la concesión de autovías durante el Gobierno de Cambiemos.
Es que, en el fondo, todo está vinculado. Y así lo señala Katopodis. “El sistema era siempre el mismo. Estaba pensado para que el Estado pierda plata y algunos se llenen los bolsillos. Estaban de los dos lados del mostrador. No hay ninguna duda de que aquí, más que conflicto de intereses, hubo funcionarios que les garantizaron ganancias extraordinarias a los empresarios”, lanzó.
