El Congreso de El Salvador aprobó una sexta prórroga de 30 días para el régimen de excepción que instauró el gobierno de Nayib Bukele como parte de su "guerra" contra las pandillas. Desde que se declaró el estado de excepción fueron detenidas sin orden judicial más de 52.000 personas.

El régimen de excepción se prolonga "en todo el territorio nacional por el término de 30 días", señaló el decreto aprobado con los votos de 65 diputados, aliados del presidente Bukele.

"Es necesario arrancar de raíz todo lo que le ha hecho mal a nuestro país", señaló el presidente del Congreso, Ernesto Castro, previo a someter a votación la medida solicitada por el gobierno.

El régimen de excepción también suspende la libertad de asociación, el derecho a la defensa que tiene un procesado, extiende el plazo de detención preventiva de 3 a 15 días y faculta la intervención de las comunicaciones.

La mayoría de los supuestos pandilleros detenidos estarían relacionados con la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.

Críticas al régimen

El régimen de excepción fue duramente criticado y desaprobado por organizaciones defensoras de derechos humanos, por considerar que la medida representa un mecanismo para no garantizar los derechos de los detenidos.

"Hace más de 5 meses El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción que ha resultado ser un desastre en materia de Derechos Humanos. En un país donde no hay instituciones independientes, cualquiera está expuesto a sufrir abusos", opinó la subdirectora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk.

Para la representante de HRW, El Salvador es un país donde "cualquiera está expuesto a sufrir abusos" debido a ese régimen.