El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que buscará su reelección en las elecciones presidenciales de 2024, a pesar de que la Constitución lo prohíbe.
"Luego de conversarlo con mi esposa, Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la Presidencia en las elecciones de 2024", anunció Bukele en una cadena nacional de radio y televisión, transmitida este jueves.
La Constitución salvadoreña prohíbe la reelección en sus artículos 75 y 152. El artículo 152 establece que no podrá ser presidente “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”.
A pesar de esto, en septiembre de 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un fallo que habilita al presidente en ejercicio a competir por la reelección inmediata. De esta manera, Bukele debería renunciar seis meses antes de culminado el actual mandato.
El presidente subrayó que todos los países desarrollados “tienen reelección. Creo que hay que copiar a los que están bien y las prohibiciones de reelección solo están en países de tercer mundo", agregó Bukele
El jefe de Estado cuenta con una aprobación del 85 % en El Salvador, según un sondeo de la firma investigadora CID-Gallup publicado en febrero de este año. A pesar de esto, en noviembre de 2021, el gobierno enfrentó marchas contra la Ley Bitcoin y las reformas judiciales calificadas de autoritarias. Según el presidente, estas manifestaciones fueron financiadas desde Estados Unidos y la comunidad internacional.
"De seguro, de seguro, más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión, pero no son ellos lo que decidirán sino el pueblo salvadoreño", señaló Bukele durante su discurso.
En mayo, el Congreso dominado por primera vez por el partido Nuevas Ideas de Bukele votó para despedir a los jueces del panel constitucional de la Corte Suprema, entre los juristas más veteranos del país, así como al entonces fiscal general.
Rápidamente se votó para sustituir a los jueces considerados afines a Bukele, lo que generó duras críticas de Estados Unidos y de los principales grupos de derechos internacionales.