A dos semanas del atentado contra Cristina Kirchner y con un gran caudal de pruebas, nuevos detenidos y vínculos entre los miembros de la llamada “banda de los copitos” con otras organizaciones de la derecha radical y contestataria, la principal hipótesis de la Justicia apunta a un ataque planificado con inteligencia previa y financiamiento destierra la idea de un "loquito suelto".

En este contexto, el rol de la custodia de la vicepresidenta abrió varios interrogantes: ¿los oficiales que forman parte de los operativos estuvieron a la altura de las circunstancias? ¿A qué aspectos debieron prestar mayor atención para evitar que una persona gatillara dos veces una pistola a centímetros de Cristina? 

Además, tras el atentado se puso más atención acerca de los posibles riesgos que pesan sobre los funcionarios públicos. Desde la Casa Rosada no descartan que un caso similar pueda repetirse. Incluso, según relató a este diario un importante funcionario del Gobierno, la advertencia formó parte de la conversación durante la primera reunión de gabinete de urgencia tras el atentado. La propia AFI incluso recomendó a los ministros que refuercen sus equipos de custodia.

Consultada por Página/12, la exfiscal y exinterventora de la AFI, Cristina Caamaño, consideró que efectivamente la nueva hipótesis “cambia” el rol de la custodia en la prevención del atentado. “Marca que la custodia no la cuidó, que estaba totalmente regalada, entregada”.

“La custodia no es un grupo de amigos que te acompañan. Lo único que tiene que importar es que sean buenos profesionales. Y no se relajan nunca. Tiene que estar super atenta. Acá, por lo que está surgiendo, es como si nadie la hubiera cuidado”, añadió.

Después del atentado, la jueza Maria Eugenia Capuchetti tomó declaración a todos los efectivos de la Policía Federal que estaban a cargo de la seguridad de la vicepresidenta. En tanto, desde el Gobierno se relevó a parte del equipo. Cabe aclarar que ninguno fue llamado a declarar por la presunta existencia de un delito, sino para lograr reconstruir lo sucedido: el incumplimiento de los deberes de funcionario público es un delito doloso, o sea que solo existe si es intencional.

Los “copitos” que nadie vio venir

Fuentes del Gobierno confirmaron a este medio que, antes del intento de asesinato de la vicepresidenta, nunca se investigó la existencia de la ahora denominada “banda de los copitos”. La Justicia estudia si los atacantes de CFK tenían vínculo o relación con otras organizaciones extremistas, como Revolución Federal y Nación de Despojados, que desde mayo llevaron adelante escraches violentos a funcionarios del gobierno.

El rol de la AFI en general, y en este caso en particular, no se puede entender por fuera del contexto y los objetivos de la conducción actual, primero con Caamaño y ahora con Agustín Rossi, que fue resumido por el Presidente Alberto Fernández cuando dijo que durante su gestión se le puso fin a los “sótanos de la democracia”.

Tras cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, donde la inteligencia interna se había llevado a cabo de manera sistemática e ilegal en más de una ocasión, la AFI inició un proceso de institucionalización de sus actividades. La Agencia no trabaja en conjunto con las custodias de los funcionarios. Su única injerencia directa fue la entrega de los autos blindados en los que se desplazan. 

“No se busca a partir de la nada, se investiga a raíz de un elemento”, indicaron desde el Gobierno a la par que protestaron porque “antes querían que la AFI desaparezca y ahora piden que esté en todos lados”. Además de este corrimiento de la inteligencia interna, se puso fin a “las avanzadas”, es decir, visitas de agentes a los sitios donde irán los funcionarios en las horas previas a un determinado evento, con el objetivo de evaluar riesgos.

Esto se pudo ver claramente cuando en marzo de 2021 un grupo de personas atacó con piedrazos al Presidente cuando visitaba Chubut y recorría las zonas afectadas por los incendios en la provincia. En su momento hubo reproches, pero la postura del equipo de Fernández fue contundente: “Se puede bancar un piedrazo, pero nunca que lo alejen de la gente”.

El rol de la custodia

“Desde hace mucho tiempo las custodias, que son especialización dentro de las fuerzas, se entienden como un destino policial”, explicó a Página/12 el consultor en seguridad y director de la agencia Quant, Horacio Quiroga. El especialista lamentó que no haya una formación de base y que la tarea se haya transformado en un “servicio” para la persona que es custodiada.

Para Quiroga hubo una serie de errores por parte de la seguridad de la vicepresidenta: por un lado, no hubo un “anillo primario” de seguridad, es decir, no se mantuvo una distancia de dos metros entre Cristina y los manifestantes. Además, remarcó que los custodios miran en todo momento a la vicepresidenta y no a los manifestantes. Por otro lado, explicó que no hubo custodios entre los manifestantes para advertir por movimientos o conversaciones sospechosas. Finalmente, tras el atentado, no se hizo un plan de evacuación.

“Cuando pasó lo que pasó, fueron los militantes, no la policía, los que aprehendieron al que me había intentado matar. No solo lo detuvieron, impidieron que, fracasado el primer disparo, montara nuevamente el arma”, advirtió la propia vicepresidenta este jueves durante su primera actividad pública tras el atentado.

Además de la declaración anterior, Cristina afirmó que no se dio cuenta del ataque y se manifestó muy conforme con la custodia. Es más, en su testimonial afirmó que se autodefine como “díscola”, es decir que no es dócil a las indicaciones que le dan en materia de seguridad.

Sobre este punto, Quiroga señaló este como uno de los puntos habituales en las tareas de custodia, pero fue contundente al expresar que son los vigilantes los que deben definir qué actividades se pueden y no se pueden hacer teniendo en cuenta los riesgos que se corren: “Si la persona no está de acuerdo con alguna cuestión innegociable, no lo hacemos. Aun así en custodias de este tipo generalmente no pasa”.

Por su lado, el custodio Daniel Jacobsen, con experiencia en tareas de custodia personal a artistas internacionales que pasaron por el país desde hace 30 años, y parte del sindicato de seguridad privada UPSRA, se manifestó contundente sobre el accionar de las fuerzas: "Acá hubo una entrega. Y punto. Acá están los servicios que agarraron a cinco, seis giles, y van a aparecer más, y les dieron manija, y ni sabían cómo gatillar una pistola".

La otra custodia

La custodia de la vicepresidenta tiene dos frentes: la oficial, a cargo de la Policía Federal y uno secundario, a cargo de un grupo de militantes de La Cámpora. De hecho, este jueves la propia CFK le agradeció al grupo de militantes que retuvo a Sabag Montiel ni bien se produjo el intento de magnicidio. 

Diego Carbone es desde hace varios años el responsable de la custodia oficial. El comisario mayor, que no estuvo presente el día del atentado, es, según trascendió, el único agente de seguridad con el que Cristina tiene diálogo y una persona de su confianza.

En tanto, aquél 1º de septiembre a la noche quienes sí estaban eran el subinspector Santiago Guglielmoni, el principal Matías Fernández, el comisario Vicente Pelegrino y el principal Guillermo Gallo. Todos ellos rodeaban a la vicepresidenta a menos de dos metros. Además, había seis patrulleros sobre las calles Juncal y sobre Uruguay.



El segundo frente lo integran militantes de La Cámpora, que hace años desarrollan esta tarea en conjunto a los oficiales policiales. Se habla de que este esquema fue propuesto por Máximo Kirchner, del secretario general de la agrupación y su segundo, el funcionario bonaerense Andrés “Cuervo” Larroque.



A cargo de esta custodia estaría Marcelo "Jirafa" Fernández. Ante la justicia declaró que al ver el tumulto y a la gente señalando que el agresor, Sabag Montiel, tenía un arma, indicó llamar a la policía presente en la zona.