El Observatorio del Derecho a la Ciudad presentó un recurso de amparo para que la justicia ordene interrumpir las obras de renovación del casco histórico que realiza el gobierno porteño hasta que se efectúe un estudio de impacto ambiental.

La demanda recayó en el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario 21, a cargo del juez subrogante Guillermo Scheibler.

El gobierno porteño planea la intervención de 72 cuadras del Casco Histórico --ubicadas en el polígono delimitado por la Avenida de Mayo, Juan de Garay, Paseo Colón y Tacuarí-- con un costo de 2.200 millones de pesos.

El amparo solicita la interrupción “de la implementación del Plan de Renovación del Casco Histórico hasta que se realice una Evaluación de Impacto Ambiental Acumulativa y una Evaluación Ambiental Estratégica y que el proyecto sea categorizado como de impacto ambiental con relevante efecto”.

“El gobierno porteño actualmente realiza procedimientos de evaluación de impacto ambiental por cada obra que constituye un fragmento del Plan de Renovación del Casco Histórico. Estas obras son categorizadas como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto”, aclara la presentación.

Y advierte que “la evaluación de los impactos ambientales, sociales y patrimoniales del Plan queda fragmentada a cada porción del plan que arbitrariamente decide el GCBA y sin que se realice un estudio de impacto ambiental ni se convoque a la ciudadanía a instancias de participación ciudadana”.

“Para resguardar adecuadamente el derecho a un ambiente sano y equilibrado, el derecho a una calidad de vida adecuada y del derecho a la protección del patrimonio, el gobierno porteño debió realizar una evaluación de impacto ambiental acumulativa, de forma previa al inicio de la ejecución de las obras, que conforman parte del Plan de Renovación del Casco Histórico”, destaca.

La presentación fue impulsada por Jonatan Baldiviezo, del Observatorio, con respaldo de vecinos y vecinas de San Telmo y Monserrat.

En el amparo se pide al magistrado la elaboración de un “protocolo de uso del espacio público para el Casco Histórico que garantice la compatibilidad de los usos residencial y comercial, y la adecuada habitabilidad de las personas que residen en él”.

Y exige “un control diario permanente y riguroso del respeto de las normas de uso del espacio público dentro del polígono del Área de Protección Histórica con relación a la ocupación de la calzada y las veredas con sillas y mesas; y sobre cada una de las ocupaciones del espacio público con relación a si cuentan con la debida autorización”.

El proyecto de la administración porteña fue anunciado en abril de este año y está en ejecución en la actualidad con obras de readoquinamiento de las calles, puesta en valor de espacios de atracción turística y la colocación de nuevas luminarias y bolardos.

La iniciativa se realiza en una zona de alto valor patrimonial y recibió cuestionamientos de los movimientos vecinales que evaluaron que "impactarán sobre la identidad y la historia" barrial.

“Lo que está haciendo el gobierno porteño es una transformación del Casco Histórico y no una preservación, que es lo que corresponde", manifestaron durante una movilización que organizaron semanas atrás como parte de las acciones de resistencia a las obras.