La orden de la jueza de la Sala II de la vocalía 6 de la Cámara en lo Civil y Comercial de Jujuy, María del Huerto Sapag, de dejar liberado el camino ancestral de la comunidad Tilquiza del Pueblo Ocloya, dispuesta en una audiencia del jueves pasado, continuaba siendo incumplida hasta hasta anoche. 

La novedad fue comunicada por el cacique de la comunidad, Néstor Jeréz, quien contó que él mismo pudo verificar que el portón de acceso al camino ancestral continuaba con el candado que puso presuntamente por Daniel Verzini, quien disputa el territorio con la comunidad. 

Frente al hecho se dio novedad a la Comisaría Seccional 3° del barrio Chijra, en San Salvador de Jujuy, y luego fueron policías hasta el lugar a corroborar el incumplimiento.

La situación legal de algunos miembros de la comunidad sigue generando más preguntas que respuestas. En principio, porque la comunidad sostiene que son 9 los imputados, mientras que el Ministerio Público de Acusación (MPA) de Jujuy informó que sólo son dos.

A esto se añade el hecho de que no se explicó por qué intervino el fiscal Alejandro Maldonado en una causa que estaba a cargo de su par, Alejandro Bossatti, según lo señaló a Salta/12 el representate legal de la comunidad, Franco Aguilar. 

Aún resta saber qué sucederá con las decisiones que terminaron en el desalojo de la comunidad mientras estaba en una asamblea en su territorio ancestral. "Nunca obstaculizamos el paso", ratificó ayer Jeréz, respondiendo al comunicado del MPA. 

Se suma que en la audiencia que se llevó adelante el jueves con los abogados de Verzini e integrantes del Pueblo Ocloya, además de referentes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Sapag afirmó que nunca ordenó que el candado debía ir sobre el camino. Según se pudo conocer, la jueza sostuvo que sus órdenes fueron interpretadas erróneamente por quien decidió poner candado al portón del camino cuando en realidad la orden era para asegurar un galpón que Verzini construyó en el lugar.

Las dos versiones del desalojo

El lunes pasado, la comunidad Tilquiza realizó una asamblea ante el cierre del camino ancestral. Al igual que Verzini, entendieron que la decisión de la jueza Sapag autorizaba al titular registral a disponer candados en el portón. Fue entonces que, tras una denuncia del titular registral, Maldonado notificó a la comunidad que debía despejar el lugar en 48 horas.

El miércoles último "se procedió al despeje de elementos y personas que impedían el ingreso a una propiedad privada ubicada en la localidad de Tilquiza", indica el comunicado oficial subido a la página del MPA de Jujuy. "Viendo el impedimento de los propietarios de poder circular libremente, la imposibilidad de su hija menor de edad de asistir al establecimiento educativo al cual concurre, y no poder retirarse del lugar una turista, es que se tomó la medida", de desalojo, añadió. Allí terminaron detenidas 9 personas que fueron liberadas esa misma noche. Hubo golpes a mujeres, hombres y adolescentes. E incluso uno de los miembros de la comunidad terminó en el hospital. 

El comunicado del MPA agrega que también "se procedió al retiro de los postes que impedían el ingreso a la propiedad, y a la imputación de dos personas por 'turbación de la posesión y entorpecer el normal funcionamiento de los transportes por tierra'".

Aguilar sostuvo que hasta anoche no había recibido cédula o notificación formal alguna de la represión desplegada el miércoles. Jeréz, por su parte, aseguró que son falsas las afirmaciones del comunicado, dado que "nunca se obstruyó ningún camino", y "Verzini jamás estuvo". Por el contrario, sostuvo que hay videos y fotografías que prueban los dichos de la comunidad en cuanto a que permitió la libre circulación.

El referente originario advirtió que en el comunicación oficial del MPA se demuestra su parcialidad, cuando se adjudica la "propiedad privada" a un titular registral que tiene una disputa territorial con la comunidad. Conflicto que fue judicializado y aún no se resuelve.

Pasos a seguir

El director de Asuntos Jurídicos del INAI, Julián Fernández, calculó que ante una disposición fiscal que terminó con un desalojo, en premisas que contradicen lo establecido por la jueza Sapag, la fiscalía debería actuar de oficio y dejar sin efecto las imputaciones que se hicieron tras el desalojo. "Si no tendremos que alegar ante sede penal", sostuvo en diálogo con Salta/12.

Aguilar, por su parte, anoche esperaba abordar no solo la situación de las imputaciones, sino también la desobediencia judicial de Verzini respecto de las resoluciones de la jueza.

Para Jeréz, en tanto, correspondería al menos una multa contra el titular registral. 

El referente originario consideró que si la situación se pudo resolver por ahora a favor de la comunidad fue por la visibilización que se le dio, y el acompañamiento de distintos organismos que bregan por los derechos constitucionales, incluso a nivel internacional, de las comunidades originarias. 

En Jujuy existe un "Protocolo para el Abordaje en conflictividades de tierras y las Comunidades Aborígenes". Sin embargo, en este caso todavía no queda claro cómo se actuó.