Este jueves, el Gobierno oficializó, mediante el decreto Decreto 633/22, el pedido de nulidad de los contratos de concesión de Autopitas Acceso Norte y Acceso Oeste firmados durante la gestión de Mauricio Macri en 2018.
El presidente de Corredores Viales, Gonzalo Atanasof, explicó las irregularidades que advirtieron a raíz de la auditoría de los contratos. "Tiene todos los vicios, estamos presentándonos en la Justicia para tratar de resolver esta cuestión, que es muy perjudicial para el Estado y para todos los argentinos y los argentinos", aseguró en comunicación con El Gato Escaldado.
Según explicó Atanasof, en 2018 el gobierno de Mauricio Macri le reconoce a empresas Autopistas Del Sol S.A. (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) una deuda de 750 millones de dólares. "Esta deuda para nosotros, no tiene sustento, ni registro que acredite su existencia", manifestó el presidente de Corredores Viales.
Por esa razón, el Estado extiende la concesión del 2020 al 2030. "Dejó afuera de cualquier competencia a otras empresas que se quisieran presentar", advirtió el funcionario.
Y agregó: "El estado concede un interés en dólares del 8% anual y que este interés iba a ser capitalizable. Es decir, que si el Estado se retrasaba en el pago de esa deuda, formaba parte del capital. Pasamos rápidamente de deber 750 millones a 1.100 millones de dólares. Pero tampoco termina ahí, la sumas debían ser percibidas por los concesionarios libres del impuesto de las ganancias, y que el mismo debía ser abonado a través de las tarifas. Entonces pasamos de 1.162 millones de dólares a deber 2 mil millones de dólares en cuatro años".
Sobre este punto, Atanasof explicó que la administración macrista declaró que la deuda que reconocieron en 2018 se iba a pagar a través de la tarifa, es decir, por los usuarios. En ese contexto, de seguir con el programa de aumentos, se preveían saltos del 1500% a 2000%. "Por eso nosotros decimos dolarizaron las tarifas", sostuvo.
Este viernes, el administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, también se refirió al tema. En declaraciones a Branca De Vuelta, aseguró: "No hay justificación de la deuda que se le conoce. De las constancias y los expedientes no surge un elemento que permita acreditar la existencia de una presunta deuda del Estado nacional a favor de las concesionarias".
En ese sentido, aclaró que el monto de la supuesta deuda legitimada por la administracion Cambiemos -supuestamente reclamado ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones)- no responde a la Ley 25561, que establece en su art. 8 la prohibición de la dolarización de la deuda.
"Se eliminó completamente el riesgo empresario y se aseguraron una ganancia financiera y una capitalización de intereses en dólares. No hay sustento técnico en los acuerdos. No hay una utilización correcta de los registros para justificar la deuda", concluyó.
