Este lunes a las 8 de la mañana arranca el alegato de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por la obra vial en Santa Cruz. Lunes y martes será el turno de sus dos abogados, Carlos Alberto Beraldi y Ariel Llernovoy, en tanto que Cristina será abogada en causa propia cerrando el alegato el viernes próximo. Todo será de manera remota. Se trata de un alegato extraño porque a lo largo de tres años y tres meses que duró el juicio no hubo un solo testigo que la nombrara y que dijera que recibió una instrucción o una sugerencia respecto de las rutas santacruceñas o de Lázaro Báez, que ganó 51 de las 81 licitaciones. No se presentó tampoco un chat, un mail algún documento que indicara la intervención de CFK. Recién en el alegato final, los fiscales hicieron una maniobra: exhibieron un mensaje salido del celular de José López -el exsecretario de Obras Públicas que tiró los bolsos con los nueve millones de dólares en el convento de General Rodríguez-, que estaba dirigido a un secretario de Cristina y le avisaba que Báez estaba reclamando pagos. Fue a fines de noviembre de 2015, o sea a 15 días de que CFK traspase el gobierno. López reclamaba 250 millones de pesos y ya sabía que el gobierno de Mauricio Macri no seguiría con las obras, por lo cual ya estaba creada una enorme crisis con sus casi 3000 empleados. Cristina, al día siguiente del final del alegato de los fiscales, develó que el 99 por ciento de los mensajes que tenía López en su celular provenían de empresarios macristas, en especial el amigo de la vida de Macri, Nicolás Caputo. Y eso lo ocultaron Diego Luciani y Sergio Mola.

Como se sabe, Cristina ha dicho reiteradamente que la condena está firmada dado que hay parcialidad de los fiscales y los jueces. Página/12 demostró que había una amistad oculta entre el fiscal Luciani y el presidente del Tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, quienes jugaban en el mismo equipo de fútbol y aparecieron en una foto tomada en la quinta de Macri, Los Abrojos. Además de eso, el otro fiscal y otro juez, Jorge Gorini, registran visitas a la Casa Rosada en tiempos de Macri.

Es indudable que las sospechas sobrevolarán el alegato encabezado por Beraldi que, aún así, seguramente realizará una exposición técnica. Hay cuestiones de la acusación que se cayeron de entrada:

*no hubo tramos de rutas que se pagaron y no se construyeron,

*ninguna ruta llegaba “a la nada”, como se alegaba.

*Los atrasos en las obras fueron similares en todo el país y, en general, se debieron a problemas del estado para expropiar la traza o caños y cables que pasaban por donde debía pasar la ruta.

   Todo eso surgió de una auditoría que mandó a hacer el ultramacrista Javier Iguacel. 

Los empresarios que declararon en la causa, incluyendo a Angelo Calcaterra, el primo de Macri, sostuvieron que Báez ganó la mayoría de las licitaciones porque tenía en Santa Cruz unos 3.000 empleados y 900 máquinas. El promedio de obras que le dieron fue de unos 80 millones de dólares anuales, si se calcula que en los 12 años kirchneristas ganó licitaciones, en total, por mil millones. Fuera de esos concursos, en los demás, en otras provincias o en obras en energía, perdió siempre. Incluso perdió, en sociedad con Calcaterra, la licitación más importante de todas: las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner.

El punto más controvertido es el de los sobreprecios. El perito puesto por el tribunal, Eloy Bona -que twiteaba contra Cristina- sostuvo que hubo sobreprecios en base a valores comparativos con otras obras que, como se demostró en el juicio, no eran equiparables. El perito de la fiscalía, Roberto Panizzo, adujo que hubo sobreprecios tomando como base valores de la revista El Constructor que se guía por obras hechas en la Provincia de Buenos Aires. La perita de la defensa, Adriana Alperovich, apareció muchísimo más sólida en las audiencias y se concentró en calcular el valor, item por item, de cada obra. En cualquier caso no es una cuestión atribuible a CFK y, además, las obras se hicieron en los valores que exigían los pliegos o por debajo y en licitaciones que no fueron objetadas. La idea de que hubo una cartelización favorable a Báez parece más bien descabellada: los integrantes de la Cámara de la Construcción odiaban a Báez, que nunca se sumó a esa estructura.

Beraldi y Llernovoy afrontan una defensa técnica en una causa y un juicio que se volvieron el estandarte de la justicia alineada con el macrismo y los medios que respaldan a Juntos por el Cambio. Como señaló el defensor de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, “el juicio fue un Via Crucis para los fiscales”, porque no les declararon a favor ni sus propios testigos. Sin embargo, el proceso no parece basado en pruebas sino en un plan de persecución política.