El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Ricardo Pérez Manrique, advirtió sobre "la amenaza a nivel regional y global" del crimen organizado, y la necesidad de "articular una respuesta adecuada".
"Indudablemente, tiene una dimensión multinacional, pensemos en el tráfico de armas y drogas, que requiere una cooperación internacional. Pero recordemos que en el mundo no hay una instancia jurisdiccional superior para juzgar los delitos del crimen organizado. Lo que sí hay es cooperación en torno a las investigaciones. El problema es que a veces esos elementos criminales llegan a través de la corrupción incluso a cargos de gobierno, o policiales y eso dificulta la cooperación y la eficacia", aseguró el alto funcionario.
Según precisó el jurista uruguayo, en la región no se trata solo de un asunto circunscripto a países grandes como Brasil, México, Colombia o Argentina: "Obviamente cada cual mira la realidad a partir de su propio país, como yo miro la de Uruguay, un país habitualmente muy pacífico con una convivencia que era modelo y que hoy tiene una tasa de homicidios muy alta, y más de la mitad de los homicidios están vinculados con temas de narcotráfico".
Sin respuesta articulada
"Creo que todo el mundo es consciente del riesgo y las consecuencias de la delincuencia organizada, el problema es que no se ha articulado una respuesta adecuada para decir 'hasta acá llegamos'", señaló.
Pérez Manrique consideró en ese sentido que "tal vez lo que el mundo debería sentarse a debatir es si no debe haber otro tipo de respuesta", y mencionó que "siempre está sobre la mesa el debate sobre la despenalización y hasta qué punto no podría ayudar".
"Algunos países están despenalizando las drogas blandas, otros tienen experiencias de no represión de drogas más pesadas. Lo cierto es que el narcotráfico ha generado un fenómeno de bola de nieve, que se retroalimenta constantemente y cada vez crece más. Porque más adictos generan más ingresos de dinero, la demanda de mayor producción, y eso, una gran cantidad de dinero para corromper", dijo.
En ese sentido, recordó el caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado el 10 de mayo pasado en las cercanías de Cartagena, Colombia, "por un grupo de sicarios colombianos, que demuestra que en algunos casos la vida no vale nada".
