A medida que se desenvuelve el conflicto entre Rusia y Ucrania, surgen distintas denuncias por las ventas en el mercado negro de buena parte del armamento donado por los países de la OTAN para los combatientes ucranianos.

En efecto, la adquisición ilegal por parte de organizaciones radicales y terroristas de armas originalmente destinadas a la defensa de Ucrania constituye en la actualidad una de las principales preocupaciones para la clase política europea, pero también para el gobierno de los Estados Unidos.

Lo que algunos consideran como un “desbordamiento de la ayuda militar” a Ucrania amenaza, por lo tanto, con transformarse en una bomba de relojería que nadie sabe ni cuándo ni donde podría estallar.

El principal temor es que suceda como en la pasada guerra de Yugoslavia, cuando desde mediados de los años ’90, los envíos sin control terminaron abasteciendo el tráfico ilegal de armas. En menor dimensión, es lo que ocurrió también en otros escenarios bélicos más recientes, como Irak y Afganistán.

Según el Kiel Institute for the World Economy, desde enero de 2021 y hasta el mes de agosto, Estados Unidos ha comprometido más de 23 mil millones de dólares en ayuda militar a Ucrania. Lejos es el país que más ha invertido en derrotar a Rusia en suelo ucraniano, pero no es el único que ha aportado recursos con ese mismo objetivo.

En este sentido, y en tanto que el Reino Unido ha contribuido con 3,7 mil millones, Polonia lo hizo con 1,8 mil millones, y Alemania con otros 1,4 mil millones de dólares. Otros gobiernos de todo el mundo (como los de Canadá, Francia, Noruega, Japón y Australia) también aportaron importantes recursos siempre con fines militares, esto es, sin tomar en cuenta asistencia humanitaria y financiera, lo cual eleva notablemente las cifras invertidas por cada país.

Hasta el momento, la mayor parte de las armas y suministros militares donados es enviada a Polonia, donde los aliados de la OTAN los transportan rápidamente a través de la frontera y a las manos de los funcionarios ucranianos. Una vez que ingresan a Ucrania, y más aún, a territorios en combate, se pierde el rastro de los pertrechos ingresados, sin que las autoridades de ese país puedan brindar alguna información válida al respecto.

Según los informes de EUobserver, Ucrania tiene una larga historia de comercio ilegal de armas. El caso que más trascendencia tuvo fue el del MV Faina, un carguero ucraniano que en 2009 fue capturado en las costas de Somalia traficando tanques, artillería y rifles de asalto AKM para el ejército insurgente del sur de Sudán. El incidente salió a la luz cuando el barco fue capturado por piratas somalíes y se inició una extensa negociación por su liberación.

En torno al actual conflicto, y aunque en un principio el gobierno ucraniano intentó desmentir las versiones afirmando que se trataba de propaganda originada en Rusia, la realidad terminaría por imponerse.

A principios del mes julio, y mientras tenía lugar una reunión de ministros del Interior en Praga, la comisaria de Asuntos Interiores de la Unión Europea, Ylva Johansson, anunció la creación del Centro de Apoyo para la Seguridad Interior y la Gestión de Fronteras.

El Centro operará como una “ventanilla única” que permitirá compartir información a la policía de la UE (“Europol”), en una labor preventiva y de seguridad que llevará adelante en cooperación con la agencia responsable del cuidado de fronteras (“Frontex”).

No casualmente, el lugar elegido para emplazar el nuevo centro fue Kishinev, capital de Moldavia, un pequeño estado ubicado entre Ucrania y Rumania y cuyo gobierno ha mostrado interés por sumarse a la Unión Europea como resguardo frente al temor de una intervención militar rusa. Por otra parte, Moldavia está considerado como un gran mercado negro dedicado principal, aunque no exclusivamente, al mercado de armas provenientes del anterior espacio soviético.

Sin embargo, varios analistas temen, además que, como el mercado negro de armamentos esté en pleno proceso de expansión, otros escenarios de por sí conflictivos, como Medio Oriente, puedan pronto ser desbordados aumentando considerablemente el riesgo por atentados y enfrentamiento de distinto tipo.

La inteligencia israelí profundiza sus investigaciones bajo el temor de que armas donadas a la resistencia ucraniana estén nutriendo a organizaciones islámicas y terroristas con actuación en Siria, El Líbano y Gaza. Lo mismo ocurre en la actualidad con el gobierno turco frente a la posibilidad de un fortalecimiento de agrupaciones kurdas de origen sirio, así como también se han podido rastrar armas procedentes de Ucrania en el norte de África.

De igual modo, Moscú se enfrenta en territorio ruso contra organizaciones terroristas presuntamente abastecidas en el mercado negro y con conexiones con la ultraderecha ucraniana, como es el caso de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ligada al Frente al Nusra y a Al Qaeda.

Con todo, la principal controversia en torno a las donaciones de armamento a Ucrania está teniendo lugar en Estados Unidos. Tempranamente, en el mes de marzo, sólo la congresista Ilhan Omar, de la izquierda del Partido Demócrata, expresó públicamente su temor de que las armas enviadas terminaron en organizaciones paramilitares ucranianas. Desde entonces, las denuncias han ido en constante aumento.

La cadena televisiva CBS News realizó el documental “Arming Ukraine”, en donde resalta el testimonio de Jonas Ohman, titular de una ONG lituana que asiste a los combatientes ucranianos. Sus declaraciones de fines de abril respecto a que “solo alrededor del 30% de la ayuda estaba llegando al frente en Ucrania” consiguieron una inusitada repercusión, lo mismo que su afirmación respecto al control de facto ejercido en ese país por “señores del poder, oligarcas y actores políticos”.

Presiones provenientes del gobierno de Estados Unidos, pero sobre todo de la cancillería ucraniana, llevaron a que CBS modificara el tweet promocional del programa, que incluía la declaración de Ohrman sobre el alto nivel de corrupción de la burocracia y del gobierno ucranianos, generándose una preocupación todavía mayor.

Finalmente, las denuncias se hicieron tan intensas que en el pasado mes de agosto el gobierno de Biden debió enviar a Kyiv a su agregado de defensa, brigadier Garrick M. Harmon, para controlar y monitorear el uso efectivo del armamento que estaba arribando a Ucrania.

Las versiones sobre la existencia del mercado negro de armas en Ucrania se convirtieron, asimismo, en uno de los ejes centrales de los debates sustentados durante la última cumbre de los países firmantes del Tratado sobre el Comercio de Armas (Arms Trade Treaty), en su reunión anual celebrada en Ginebra entre el 24 y el 26 de agosto.

Más allá de toda la atención pública recibida, las actuales perspectivas son negativas. El gobierno de Biden aprobó recientemente un nuevo paquete de mil millones de dólares para el envío de armas a Ucrania, con lo que se terminaría de consolidar como el mayor receptor de asistencia militar de los Estados Unidos, superando así a otros países como Arabia e Israel.

El mercado negro de armamentos generado en Ucrania parece consolidarse y no encontrar límites en el corto plazo.