El presidente de la Comunidad Lule de Finca Las Costas, David Torres, informó que varias familias fueron convocadas a una audiencia pública por la jueza civil y comercial María Guadalupe Villagrán este miércoles 21 de septiembre, en el marco de un amparo presentado en 2020 por el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta que les acusa por contaminación.

Torres sostuvo que son los barrios privados los que contaminan y pese a que hizo varias denuncias al respecto, se acusa a lxs lules. La abogada Mara Puntano, que representa a la Comunidad, aseguró que se están violando los derechos de este pueblo indígena y que detrás de esta demanda hay intereses inmobiliarios.

La audiencia pública será en el aula magna de la Escuela de la Magistratura, a las 9. La comunidad convoca a ambientalistas, militantes, profesionales, y a quienes hayan sido judicializados por defender el ambiente, para apoyarlxs y tomar la palabra.

Torres dijo a Salta/12 que la jueza debió llamar a audiencia "al inicio de la causa civil". También señaló que ahora la funcionaria convocó a los pobladores de forma particular  pero debió hacerlo mediante la personería jurídica de la Comunidad, que se encuentra organizada. “Fueron al lugar e identificaron familia por familia, marcaron con GPS el domicilio. Durante la pandemia hicieron los informes. Nos acusan de atentar contra la salud del 30% de la población de la ciudad de Salta", dijo. "El precedente es malo para las comunidades originarias", añadió.

"Es un hecho insólito que la provincia demande a un pueblo indígena cuando son guardianes naturales del territorio. Es una muestra patente de lo que es política de Estado de la provincia de Salta. Es una violación a los pueblos indígenas. Si no estuviera la Comunidad ya estaría lleno de hoteles 5 estrellas y todo depredado", dijo a Salta/12 la abogada Mara Puntano. Aseguró que esto es una muestra de la "política antindígena y de los intereses inmobiliarios".

El gobierno interpuso el amparo ambiental en 2020 y pidió medidas cautelares  "prohibiendo toda actividad de la comunidad, de agricultura, de ganadería. Sin nombrarlos como comunidad, invisibilizando una vez más a los pueblos originarios", advirtió Puntano. Detalló que además se les impide construir, o ampliar viviendas. 

Y señaló asimismo que en la causa se hizo "una inspección ocular para individualizar a algunas personas, para señalar las actividades que realizan, se los nombra como infractores. Fue personal del juzgado, el administrador puesto por el Estado en la administración de Finca Las Costas. Es una bajada de línea del gobierno en contra de la comunidad".

La abogada dijo que la audiencia pública a la que se convoca para este miércoles no será vinculante. "Es un paso previo que tiene la jueza para resolver el amparo", explicó. Asimismo, explicó que las cautelares ya implican una persecución a la comunidad y la resolución de la magistrada podría empeorar su situación.

"Es una violación de los derechos de los pueblos originarios. Recién los están consultando con una predisposición contra la Comunidad. Se les prohíbe reproducirse y vivir en el lugar", sostuvo. Con lo último se refiere a la prohibición de ampliar viviendas o construir en el caso de que las familias crezcan y necesiten hacerlo. "Pueden poner medidas más restrictivas. Si la familia lule crece, pretenden pedirle un estudio de impacto ambiental para construir cuando a los countries o a los clubes de rugby no les piden nada", agregó. Consideró que este es un trato discriminatorio y "una forma encubierta de extinguirlos".

Puntano también señaló que la jueza fija la audiencia pública en el marco del derecho ambiental, para informar cuál es el diagnóstico que hace la provincia sobre la contaminación que para ésta existe y escuchar recién a la otra parte.

"La contaminación es de los countries"

La abogada indicó que el territorio de la reserva hídrica está rodeado de countries, y si existe contaminación, está siendo provocada por estas poblaciones, "no por los lules", porque estos barrios privados no tienen cloacas y tiran los desechos a los ríos. "Son los que deforestan, contaminan, derivan aguas subterráneas para piletas de natación. Mientras que la comunidad utiliza el agua para subsistir, para la agricultura", manifestó. 

Torres señaló que el acueducto pasa por la comunidad pero lejos, por ende no hay riesgo de contaminación. En cambio, también él aseguró que los que contaminan son los barrios privados. "Nos han rodeado los countries. Los del lado de San Lorenzo, El Tipal, La Almudena. Nosotros no tenemos agua porque se la llevan de los countries, son los que están contaminando porque no tienen cloacas". 

Asimismo, indicó que al sur de la comunidad se ubica La Aguada, "un gran country que tiene como 20 barrios internos, todos se llevan el agua gratis. Tienen un consorcio de agua y la venden, supuestamente tienen cisterna, la potabilizan, la distribuyen a cada country. La Aguada tiene piletas, hasta un lago, no tiene cloaca, lanzan los desechos al río Astilleros. Son ellos los que contaminan, también con la basura común y de construcción al río. Sacan ripio, arena, nadie les dice nada".

El presidente comunal añadió que al costado del arroyo Potrero Grande "hay criaderos de perros de raza" en un territorio que ha sido "usurpado" y que es de la Reserva y de la comunidad. Contó que denunció la contaminación el año pasado pero no tuvo novedades de la justicia, que también fue a la Dirección de Inmuebles para intentar averiguar de quien es el criadero pero no figura ningún propietario "aparece como zona de seguridad. La provincia lo dejó libre para circular. Esta gente fue y lo alambró. (El criadero es) un pretexto para tomar el arroyo, han alambrado los márgenes del arroyo cuando la ley de ribera dice que al costado tiene que haber 30 metros".

También precisó que en la unión del río Arenales y el Astillero, "están Las Tres Palmeras, donde la gente va, se baña, juega con los chicos, y no sabe que está contaminado con agua servida. Antes era limpio cuando no existían los countries".

Por su parte, la abogada insistió en que la zona "es codiciada por todas las inmobiliarias".

"Es insólito que el Estado demande a un pueblo originario por atentar contra el medio ambiente", cuando son los pueblos indígenas los que "cuidan la naturaleza en todo el planeta; las culturas milenarias, se mueven con los ciclos de la naturaleza, la vida de la flora y de la fauna, no regidas por los criterios del capitalismo, el agronegocio y comercio, sino por la protección de la vida". "Son politicas ecocidas y genocidas de la provincia de Salta con los pueblos originarios", insistió.