Con el nombre de una empresa y un número de CUIT, sin identificar a los dueños o referentes, un juez santiagueño cedió tierras a una empresa en perjuicio de campesinos cuyos tatarabuelos, bisabuelos y abuelos están enterrados en el territorio que trabajaron.

Ese es en resumen la historia de una disputa territorial de tierras en el paraje Pozo Pancho, ubicado en el departamento Alberdi de Santiago del Estero. El 9 de septiembre pasado se notificó la resolución del juez Civil de 5ª Nominación, Luis Ricardo Macías, en el expediente de "reivindicación" iniciado por la empresa Pastos del Norte SA contra la familia Villalba. Frente a la notificación, campesinos de esa zona y de territorios aledaños decidieron mantenerse en alerta para evitar un desalojo que implique la apropiación de las tierras.

En la actualidad diez familias conforman el núcleo de los Villalba, y viven en una extensión de 5.200 hectáreas. En ese territorio también crían animales, vacas, cabras, cerdos, que les permiten subsistir.

La cédula de notificación, que llegó hace 11 días, los intima a que “en el plazo de diez días” desocupen “la fracción de dos mil hectáreas (...) bajo apercibimiento de proceder a su lanzamiento”, indica el decreto firmado por Macías y notificado por el oficial de Justicia, Gustavo Castagna.

“Yo soy nacida aquí”, contó a Salta/12 Gabriela Villalba, de 29 años. Contó que su tatarabuelo, Fabriciano Villalba, llegó a instalarse en esas tierras con su esposa, Aurora Gómez, cuando su bisabuela, Alcira, era una adolescente. Su abuelo, Silvence Villalba, nació, se crió y murió allí. Su padre, Remberto, junto a sus tíos, viven y trabajan las tierras como lo hicieron sus antepasados.

El cementerio familiar es testigo de esa historia. También las mejoras y alambrados que en parte la Justicia ordena que sean levantados para “devolver” las tierras a la empresa Pastos del Norte SA. Pese a la búsqueda que hizo el MOCASE, que acompaña a la familia, y también este medio, solamente se pudo encontrar el nombre de la empresa y un número de Cuit.

Gabriela Villalba contó que si bien su familia realizó un plano de levantamiento territorial e inició las actuaciones para formalizar la posesión de las tierras, el abogado que tenía todos los originales avisó que se había enfermado y perdió la totalidad de los papeles.

Pastaje compartido

Roger Almaraz, vocero del MOCASE, explicó que hay otras dos mil hectáreas por fuera de las tierras de los Villalba que son de uso común de los campesinos de los parajes San Antonio, El Porvenir y San Roque, para el pastaje de animales. En la sequía, mantener este lugar con monte (que resiste mejor la falta de agua) implica tener comida para los animales. “Ya están con flores y hay algarrobo y mistol”, dijo Villalba.

La mujer entendió que “si los dejamos avanzar” a quienes quieren apropiarse de parte de sus tierras (que están alambradas desde hace unos 20 años), la apropiación abarcará también las tierras que ocupan y precisan sus vecinos.

Asamblea campesina. 

Las comunidades están organizadas en la UPPSAN Unión de Pequeños Productores del Salado Norte (UPPSAN), y se aseguró que “habrá resistencia”, aunque desde el MOCASE se afirmó que será una “autodefensa pacífica”.

Dudas sobre la empresa

La falta de caras visibles de la firma presentada en un decreto judicial “nos hace presumir que estamos luchando contra una empresa fantasma”, sostuvo el MOCASE en un comunicado. 

Asimismo, se detalló que como suele suceder por casos conocidos al menos en el Chaco, Jujuy, Santiago del Estero y Salta, “una vez iniciada una disputa en el plano del poder judicial, las sentencias son, en un 99 por ciento, favorables a los terratenientes foráneos de la oligarquía argentina, algunos ostentando títulos dominiales, otros con la compra de acciones y derechos de dudosa procedencia o instalándose de prepo en el territorio, otros con compras de tierra en negro. El punto aquí es qué, las sentencias siempre fueron en contra de las familias poseedoras ancestrales”. Todo ello sin importar las huellas que dejen su trabajo, su vida o su muerte.