Con un acto formal realizado en Santa Victoria Este comenzó por fin la ejecución del plan de cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que en febrero de 2020 declaró que el Estado argentino violó derechos de las comunidades indígenas que habitan en los lotes 55 y 14 y ordenó que se adopten medidas de reparación.
El pasado 12 de septiembre se lanzó formalmente el equipo que retomará la tarea de delimitación y demarcación del territorio con el propósito de llegar a acuerdos entre habitantes indígenas y criollos, los pasos previos indispensables para avanzar en este proceso iniciado hace más de 20 años, y formalizado en 1991 por la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat (Nuestra Tierra), en reclamo de la propiedad de 643 mil hectáreas en el departamento Rivadavia, de ocupación indígena ancestral. Ya se estableció que de ese total, 400 mil hectáreas serán para las 132 comunidades indígenas y 243 mil, para las familias criollas.
El equipo territorial, que se constituyó a partir de un convenio firmado entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Ministerio de Desarrollo Social de Salta, realizará la demarcación definitiva de las 400 mil hectáreas que deberán ser tituladas colectivamente para las comunidades, y la distribución de las 243 mil restantes, donde se relocalizarán las familias campesinas que deban hacerlo, en el marco de un proceso territorial inédito en Argentina, considerado un caso testigo por la propia Corte IDH.
La provincia de Salta ya manifestó públicamente su voluntad de entregar este título único a las comunidades antes del 10 de diciembre de 2023. En el lanzamiento del equipo territorial, el subsecretario de Asuntos Indígenas de Salta, Ariel Sánchez, ratificó la voluntad del gobernador Gustavo Sáenz en este sentido.
La directora de Tierras de la provincia, Florencia Luñiz, recordó a Salta/12 que el título "ya está dado por el decreto 1498", de 2014, por el que el gobierno provincial reconoció la propiedad comunitaria del 58,17% del territorio en disputa a favor de las comunidades indígenas, y también entregó en comodato otro porcentaje a las familias criollas. "La propiedad de las 400 mil hectáreas ya es de las comunidades, lo que el gobernador expresó es su voluntad de que cuando termine su mandato ya estén demarcadas las 400 mil y el título haga referencia expresamente a esa demarcación”, precisó.
El equipo territorial, que ya comenzó su trabajo en Alto La Sierra, está formado por 12 personas, entre técnicos de abogacía, sociología, geografía, y facilitadores indígenas y campesinos. Lo de estos facilitadores es novedoso, es la primera vez que se incluyen habitantes locales como parte de los equipos técnicos, en este caso serán cuatro, dos indígenas y dos criollos. La directora de Tierras de la provincia, que es la encargada de este equipo, destacó que con los facilitadores locales se añadió una oficina local abierta, que era un reclamo permanente.
El primer paso
“Hoy es un poco el primer paso, se empieza a concretar la ejecución del plan” de ejecución de la sentencia, celebró el titular de la Unidad Ejecutora, Nicolás Rapetti, que es jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El funcionario también destacó el involucramiento de la provincia de Salta en este proceso, y la presencia del intendente de Santa Victoria Este, Rojelio Nerón. “Es importante porque la vinculación entre los estados, nacional, provincial y municipal está funcionando", sostuvo. Recordó en este sentido que esta fue “una de las principales críticas que habíamos escuchado las primeras veces que viajamos" al territorio.
La paralización de las acciones estatales en la zona (en parte provocadas por la pandemia) venía provocando inquietud en este amplio territorio del Chaco salteño.
En principio, el equipo territorial trabajará durante seis meses en el "Eje Territorio" diseñado por la Unidad Ejecutora y que fue sometido a la consulta previa, libre e informada en junio pasado. “El esfuerzo está muy fuertemente puesto en todo lo que tenga que ver en avanzar lo más rápido posible en los acuerdos entre partes para la definición de las parcelas criollas y en los acuerdos de parte para la demarcación del territorio indígena y criollos”, lo que va a permitir finalizar la demarcación, explicó Luñiz.
“Van a ser seis meses que van a ser seguidos de cerca por el INAI, para que se cumplan todas las condiciones que pusimos, que (los integrantes del equipo) estén toda la semana trabajando en Santa Victoria y no solamente algunos días, que las camionetas (que pone la provincia para el traslado de los técnicos) tengan dedicación exclusiva para el trabajo de los técnicos y en ese caso, si eso sucede, se calcula que en un año se terminaría con todos los acuerdos y se podría entregar el título", lo que "sería un hecho histórico", subrayó Rapetti, aunque aclaró que eso no implica el final del proceso de ejecución de la sentencia, porque también hay reparaciones sociales que debe afrontar el Estado argentino.
“Hoy fue empezar a ver que se concretizan los hechos. El próximo paso va a tener que ver con el momento en que comiencen las obras de agua, es un momento muy esperado", añadió. Por el momento recordó, como ya lo había anunciado la municipalidad victoreña, que a fin de este mes llegarían dos camiones cisterna cedidos por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación para repartir agua, "un paso concreto que la gente va a poder ver”.
En este aspecto, señaló que la provincia centraliza toda la información sobre el acceso al agua, "Quién está distribuyendo el agua y a dónde, a qué comunidades, entonces estamos haciendo un relevamiento sobre las comunidades que todavía no son alcanzadas por este esquema de distribución y le estamos pidiendo a la provincia que nos informe cómo va a hacer para llegar a cubrir todas las comunidades”.
Como otro dato de la mayor presencia del Estado en Santa Victoria Este, el funcionario contó que en breve se abrirá un Centro de Acceso a la Justicia (CAJ).
Proceso participativo
Florencia Luñiz puso el eje en el proceso participativo que se desarrolla en procura de resolver el conflicto territorial en los ex lotes fiscales 55 y 14. “Este proceso en general se hace de manera participativa, esto no hay forma de hacerlo unilateralmente no solo por la dimensión sino porque si no hay acuerdo real y genuino de todas las partes, esto se cae”, destacó. En este sentido señaló que a pesar de que se trata de un caso complejo, con cinco grupos étnicos diferentes, con familias criollas y en zona de triple frontera, el proceso se lleva adelante de forma pacífica y eso también lo atribuyó a la participación de todas las partes.
De hecho, dijo que el trabajo de los equipos territoriales "se basa en un mapa que presentó la Asociación Lhaka Honhat en mayo de 2013 cuando todavía estábamos en el ámbito de la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos, donde se tramitó un proceso de solución amistosa antes de que el caso pasara a la Corte IDH), que es el mapa con las pretensiones territoriales de las 400 mil hectáreas" que a su vez está basado "en un mapeo participativo que realizó la Asociación con las diferentes comunidades indígenas que habitan en los lotes”, en el que están georeferenciados los recursos, los sitios sagrados y todo lo que tenga que ver con el uso del territorio por parte de las comunidades.
Si bien se estableció que las comunidades quedarán con 400 mil hectáreas y las familias criollas, con 243 mil, en la práctica los grupos habitacionales indígenas están distribuidos por casi todo el territorio, intercalados con puestos criollos, incluso hay superposición de la ocupación. Por eso, para poder otorgar el título colectivo sobre las 400 mil hectáreas, es necesario reubicar a criollos. Ese proceso es el que tiene que llevarse a cabo en estos seis meses.
Luñiz recordó que las familias criollas debieron registrarse para hacer valer sus derechos, y luego siguió un camino de evaluación. “Ese sistema de evaluación fue el que nos permitió el anexo 2 del decreto 1498, donde se establecen las personas que acreditaron derechos y está basado en un criterio técnico que también se aprueba participativamente” a partir de una propuesta que presentaron las organizaciones criollas en 2009, sobre cómo se podían distribuir las 243 mil hectáreas.
La funcionaria precisó que de las 466 familias que integran ese anexo, 216 ya firmaron acuerdos, “la gran mayoría tiene las mensuras realizadas, hay un porcentaje de familias que ya se relocalizaron y otras que están relocalizando la parte productiva, que es el gran apuro de las comunidades”, porque es lo que más afecta al territorio, por eso en el proceso de relocalización el objetivo primero es la reubicación de la parte productiva, y después la unidad doméstica.
Por otra parte, Rapetti detalló que la Secretaría de DDHH de la Nación está esperando ahora que Lhaka Honhat, con el CELS, su representante legal, haga una devolución de los ejes Territorio y Agua, que ya pasaron por la consulta de las comunidades. La idea, dijo, es terminar el plan y mandarlo en conjunto con el CELS a la Corte Interamericana antes de terminar esta gestión, con lo que “estamos corriendo contrarreloj”.
Lhaka Honhat tiene que contestar sobre la propuesta referida a territorio y las obras de agua. “Esos dos ejes ya pasaron por consulta, están incorporadas todas las cosas que ahí salieron" y pretenden "mandarlo en conjunto a la Corte para ganar tiempo” porque “pensamos que ya fue lo suficientemente participativo como para que no tenga ninguna objeción". Y por otro lado la Secretaría entregó a Lhaka Honhat un "boceto del resto del plan, del resto de los ejes del plan (referidos a lo productivo, salud, educación, cultura) y sobre eso también estamos esperando una respuesta para no avanzar sobre algo que a ellos no les cierre", por eso la idea es que antes de cerrar el plan "ellos nos digan si está bien, si está mal, si les parece que es por ahí, por otro lado, como hicimos con los primeros dos ejes, tratar de que haya un ida y vuelta permanente para que sea lo suficientemente participativo, no nos interesa que la propuesta no la definamos en Buenos Aires sino que surja de acá”.
Además de Rapetti, Luñiz, Sánchez y Nerón, de la presentación del equipo territorial participaron la coordinadora general de Lhaka Honhat, Cristina Pérez y los funcionarios del INAI Martín Plaza, Natalia Novas y Julián Fernández.
