Marcela Gómez Vizzoni, activista de los Derechos Humanos de la Diada Madre e Hijo/hija, representó a Catamarca en el conversatorio sobre el Proyecto de Ley de Obligación Parental, que se llevó adelante en la Cámara de Diputados de la Nación, desde donde fue invitada a participar. 

Acompañada por sus dos pequeños hijos, la catamarqueña hizo hincapié en que el no pago de la cuota alimentaria “además de vulnerar un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes, es un acto de violencia”.

El proyecto Prestación alimentaria básica parental, se presentó hace un año en el Congreso de la Nación por la diputada Nacional María Jimena López y constituye una herramienta para el abordaje de esta problemática estructural que padecen miles de madres de Argentina y afecta directamente a los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Marcela, comentó a Catamarca/12 que debió realizar el viaje a Capital Federal junto a sus hijos, “al no tener con quién delegar las tareas de cuidado, que fue uno de los temas que traté. También se habló de la plusvalía que tenemos, para darnos maña y conseguir uno, dos o tres trabajos, pero también es importante hablar de las que no consiguen trabajo, o de las que lo consiguen y a los dos días son echadas, porque, justamente, no tienen con quien delegar las tareas de cuidado y entonces llega tarde o no llega, o se enferma la criatura y no puede cumplir. El manifiesto que tiene Hogares Monomarentales es bastante amplio, también habla de las licencias por maternidad, por lactancia, etc.”

“Lo que rescato es el logro de la agenda política que se está dando y que se escuchen las voces de estas zonas y esta región. Puntualmente, fui con una compañera de Salta y prácticamente se hizo un frente de toda la Argentina”, agregó.

Con respecto a su activismo en el ámbito de la provincia, la mamá contó que “he golpeado muchas puertas, he presentado propuestas, e incluso papeles para ingresar a trabajar en Diputados sobre el tema, pero la agenda legislativa de Catamarca no tracciona con los intereses colectivos. En estas ciudades empobrecidas del Norte, el acceso a la justicia es muy difícil. No todos los abogados tienen perspectiva y formación y está todo muy fragmentado y atomizado”, explicó, ya que lo concerniente al incumplimiento de la cuota alimentaria y el régimen de comunicación se resuelven en el Fuero Civil, mientras que la inasistencia alimentaria está prevista a ser tomada por el Fuero Penal.

Marcela subrayó también que esta dificultad de las mujeres para acceder a la Justicia, también está sujeta una cuestión demográfica, puesto que “hay mujeres que tienen que movilizarse kilómetros para ir a denunciar algo. Al no haber formación con perspectiva de Mujer, niño, niña y adolescente, una ley va para un lado y la otra para otro, y, a todo esto, las criaturas están con sus derechos vulnerados y la mujer, enferma. Porque la injusticia enferma y sucede que algunas mujeres directamente desisten de judicializar la situación. La Justicia no tiene perspectiva de mujer y niño”.

La activista también destacó que este tipo de actitudes “vulneran derechos y tratados internacionales a los que nuestro país está adherido” y fue parte de lo que se abordó en el conversatorio, que se desarrolló con la presencia de legisladoras, especialistas y militantes de la temática, quienes debatieron sobre los detalles del proyecto, que busca garantizar el derecho fundamental a una prestación alimentaria básica, ya que el incumplimiento de la obligación parental es una cara más de la desigualdad por motivos de género.

También habló de los casos de violencia de género y la necesidad de mantener el contacto cero con el agresor, al indicar que “hay mujeres que con el afán de ir a reclamarle al varón una cuota alimentaria, terminaron agredidas o directamente muertas”.

Es importante mencionar que la ley prevé la creación de un Sistema Nacional de Prestación Alimentaria Básica Parental, que garantiza el derecho de la prestación alimentaria, también protege a las madres y sus hijos e hijas, que no pueden acceder a la justicia a fijar una cuota o lograr su actualización; busca “asegurar el interés superior de quienes son el futuro del país” y pone de manifiesto que el incumplimiento de la obligación alimentaria por parte de los progenitores contribuye a la aparición de formas de sobreendeudamiento de los hogares monomarentales.