Los dueños de la Fundación San Camilo, un centro de rehabilitación del partido de Pilar, y sus directivos médicos fueron imputados de homicidio culposo, acusados de ser responsables del suicidio de un paciente allí internado. “A mi hijo lo mataron”. A esa conclusión llegó Miriam Lucero, la madre de Saulo Rojas, un joven mendocino con consumo problemático e insulinodependiente que fue hallado ahorcado en una celda de detención de ese lugar. Durante dos años la causa estuvo paralizada pese a la insistencia de la madre de Saulo, la investigación periodística de Pablo Galfré y el accionar del Grupo de Litigio Estratégico (GLE), hasta que el fiscal Jorge Nochete hizo finalmente las imputaciones. El 14 de julio de 2013, día de su muerte, a Saulo le habían negado la dosis de insulina, lo encerraron en una celda de aislamiento con rejas, paredes revocadas y una ventana sin hojas ni vidrio. Pero los abusos en San Camilo no finalizaron con la muerte del joven de 23 años: la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) recorrió la granja de rehabilitación, constató la existencia de torturas y de abusos sexuales, y pidió el cierre inmediato de San Camilo (ver aparte).

Pese a la sorpresa del llamado de PáginaI12, Miriam no necesita revisar ningún papel ya que recuerda, fecha por fecha, la historia de su hijo. “Nosotros somos de una familia humilde en Godoy Cruz, pegado a Mendoza capital. A los 11 años, a Saulo le diagnostican diabetes, era insulinodependiente. A partir de ahí, por su enfermedad, sus amigos del barrio empezaron a discriminarlo”. Saulo pasó su adolescencia apartado de otros chicos, deprimido, con consumos problemáticos de drogas y sin atención de un organismo estatal. 

“Tuvo una infinidad de psicólogos y tratamientos ambulatorios. Pero su grado de complejidad era tal que ni el gobierno de Mendoza quiso encargarse de él y por eso dispuso un subsidio para que la familia encuentre un lugar en otra provincia”, explicó el abogado de la familia, Yamil Castro. La madre buscó distintos centros de rehabilitación a lo largo del país, aunque sólo en uno tuvo respuesta: Fundación San Camilo. “Tenemos todos los dispositivos para atenderlo”, escribieron en el mail.

La Fundación San Camilo –dirigida por Victoria Bonorino, hija del fundador del centro, y su esposo, Martín Iribarne– expone en su página web que ningún paciente es rechazado y que la metodología de rehabilitación utilizada “no es rígida sino que se adapta y personaliza a las características y necesidades de cada paciente que ingresa”. Pero, como muchas veces, la realidad es (bastante) diferente. “Es un completo manicomio. Ellos dicen que son una comunidad terapéutica pero las sesiones no duran más de diez minutos por día”, indicó Galfré. Los ex trabajadores y pacientes de la Fundación continúan en la misma línea que el periodista. “En la Fundación no hay libertad de expresión, cuando alguno expresaba algún motivo de insatisfacción, en vez de escucharnos y mejorar la situación, tomaban represalias de todo tipo: golpes, encierro y sobremedicación”, contó Matías, compañero de Saulo durante años.

Cuando Miriam dejó a su hijo, el 22 de julio de 2012, no pudo ver el interior de la comunidad terapéutica, que actualmente sigue atendiendo a 60 jóvenes y adultos con problemas mentales. “Me frenaron en la entrada y dijeron que ni bien Saulo entró por esa puerta ya había iniciado el tratamiento”, contó ella. Tuvo que aguantar más de un mes para tener contacto telefónico con Saulo.

Los primeros meses, el joven mendocino los atravesó en otro centro de la Fundación en Del Viso, ahora cerrado. Miriam cuenta el primer encuentro. “Llegué a Buenos Aires y me encontré con él en una sala de visitas. Lo vi hinchado, con moretones, pero él me decía que estaba todo bien. Con el tiempo supe lo que estaba pasando con él”, relató. Al ser trasladado a Derbi, donde San Camilo tiene sus instalaciones de comunidad abierta, con distintos talleres, cancha de fútbol y una escuela, Saulo presentó una mejoría, consiguió el permiso de salidas transitorias e incluso, para marzo de 2013, viajó a Mendoza para festejar su cumpleaños número 23. Pero aun en la comunidad terapéutica abierta, Saulo manejaba las dosis de insulina por su cuenta, sin control médico. A su vez, él y otros jóvenes eran sobremedicados con ansiolíticos y antipsicóticos.

Semanas antes de su fallecimiento, Saulo sufrió una recaída (se sospecha que tuvo lugar en la propia fundación). “Por la recaída y un par de situaciones más, el asesor terapéutico (Alejandro Jacinto) decidió como sanción su traslado nuevamente a Del Viso”, indicó en la sede judicial el consejero de adicción de Saulo, Lucio Cerreti. “Volver a Del Viso, para él, era dar un paso atrás en su recuperación”, agregó ante el fiscal Nochete.

La tarde del 14 de julio, a Saulo le informaron que su traslado era inminente, y que por eso debía pasar la noche en una celda de aislamiento. “Ese lugar era un horror. El engomado era una habitación pequeñísima, con piso y paredes de cemento sin revocar, una ventana sin vidrio y la puerta con rejas y candado, por las dudas”, comentó Lucas González, ex psicólogo de la institución, según consta en el expediente. Saulo entró en esa celda a las ocho de la noche, depresivo y sin su dosis diaria de insulina. Minutos después, apareció colgado. “La única diferencia entre la habitación de Saulo y la prisión es que en San Camilo a Saulo no le quitaron ni su cinturón ni los cordones”, relató Castro a este diario.

Luego de su muerte, la fiscalía 4 de Pilar inició una causa para averiguar su fallecimiento. “Si no fuera por la insistencia de Miriam, el trabajo de campo de Galfré y nuestro apoyo, el caso de Saulo estaría durmiendo en el sueño de los justos”, relató el abogado del GLE, un agrupación de abogados y estudiante avanzados que defienden casos de abusos en violaciones de derechos económicos, sociales y culturales. Entre los tres desarticularon el entramado dirigencial de la Fundación San Camilo, recogieron testimonios y detectaron quiénes eran los que tomaban las decisiones sobre los pacientes. Con esa información, el fiscal Nochete imputó a Bonorino e Iribarne (dueños de la Fundación), al director terapéutico, Alejandro Jacinto, y su director médico, Sergio Rey, por el delito de homicidio culposo.

Informe: Jeremías Batagelj.