Lo había anunciado el Presidente Alberto Fernández en su discurso ante la Asamblea legislativa en marzo pasado, cuando aseguró que el Ejecutivo mantendría “en lo más alto” las políticas de memoria, verdad y justicia. Medio año después, sobrevivientes y familiares de víctimas que pasaron por el centro clandestino de detención, tortura y exterminio “El Vesubio” celebraron el primer paso en lo que será el Espacio para la Memoria que funcionará allí luego de que las autoridades del Mercado Central cedieran el uso de las tierras donde funcionó ese campo de concentración.

“Es como un sueño hecho realidad para nosotros, el cierre de una primera etapa de insistencia y lucha”, expresó la sobreviviente Silvia Saladino en diálogo con este diario. Saladino integra la Comisión Vesubio y Puente12 que sostiene desde hace muchos años el reclamo por la preservación, la señalización y la instalación de un espacio de memoria en donde funcionó aquel centro clandestino.

A través de un convenio sellado con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti; el titular de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, Nahuel Levaggi, habilitó el uso de las tierras en donde funcionó El Vesubio. El objetivo es preservar el lugar en donde funcionaron las tres casas que integraron la estructura represiva y construir allí un espacio de memoria. Según el proyecto, que ya está diagramado, el lugar contará con un techo que proteja los cimientos de los tres edificios, un circuito de pasarelas para recorrerlos sin pisar el terreno y un espacio que funcionará como sum, oficinas, sanitarios.

“Este es un lugar emblemático. Es muy importante que podamos visitarlo, que toda la ciudadanía pueda recorrerlo y recordar a los compañeros detenidos-desaparecidos”, consideró Pietragalla Corti tras la firma del convenio. El acto contó con la participación del subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Marías Moreno; la directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria, Lorena Battistiol; su par provincial, Gustavo Moreno; el juez federal Daniel Rafecas; la ex directora nacional de Sitios de Memoria, Judith Said; además de organismos de derechos humanos, sobrevivientes de “El Vesubio”, y familiares de las víctimas.

El vesubio

Así lo llamaban los genocidas del Primer Cuerpo del Ejército y el Servicio Penitenciario Federal, autoridades represivas del lugar que mantuvieron activo hasta fines de 1978. Se calcula que antes del golpe del 24 de marzo de 1976 el lugar ya funcionaba como escenario del horror bajo el nombre de “La ponderosa”. Ubicado en la localidad de Aldo Bonzi, Partido de La Matanza, al oeste del Conurbano bonaerense, fue originalmente un “espacio de recreación” para integrantes del SPF. En unas cinco hectáreas había tres casas, una pileta y un gran predio arbolado. Se calcula que por lo menos una hectárea y media fue destinada a secuestros, torturas y desapariciones: las tres casas, de las que solo quedan los cimientos; la pileta y predio libre.

“En una estaba la oficialidad y había un sótano. Otra estaba destinada a la reclusión y tortura de secuestrados y secuestradas. Y en otra estaban las 'cuchas', separadas por sector de varones y sector de mujeres”, reconstruyó Saladino en diálogo con este diario. Alrededor de octubre de 1978, a instancias de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –que finalmente se concretaría en 1979–, los genocidas decidieron demoler las tres edificaciones. “Quedábamos más o menos unos 70. A la mitad nos blanquearon, a la otra mitad los desaparecieron, no sabemos qué fue de ellos”, completó la sobreviviente que fue secuestrada a mediados de julio de aquel año por una patota del Ejército y trasladada al Vesubio.

A lo largo de los tres juicios de lesa humanidad que se llevaron a cabo sobre los hechos de ese centro clandestino, y que culminaron con sentencias a sus responsables, se calcula que por lo menos unas 1500 personas fueron mantenidas cautivas y torturadas allí. El lugar fue reconocido y localizado gracias a la denuncia que realizó un sobreviviente Paulino Guarido, en julio de 1978. Durante los primeros años de la democracia, un grupo de personas que habían estado allí secuestradas y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Matanza intentaron señalizarlo, “colocar una placa que dijera lo que allí había pasado, pero un grupo de personas que lo custodiaba no lo permitieron”. No hubo más intentos durante los años siguientes, pero el plan de preservarlo siguió en el horizonte de sobrevivientes y familiares que confluyeron en la Comisión Vesubio y Puente 12.

La lucha por la señalización y la preservación

La hectárea y media que por medio de testimonios se calcula fue utilizada como centro clandestino cuenta con una medida de no innovar de parte de la Justicia Federal –la causa está a cargo del magistrado Daniel Rafecas–. La Comisión logró el permiso municipal para señalizarlo en 2014 y recién en 2016 se colocaron los pilares de Memoria, Verdad y Justicia que lo indican como sitio de memoria. Sin embargo, el objetivo de sobrevivientes y familiares “fue siempre que este espacio de memoria no quede circunscrito al pasado, que sea un sitio vivo y activo, que se pueda visitar para que llamar a la reflexión para el presente y futuro, que se pueda visitar y que se reconozca qué mundo queríamos quienes militábamos en aquellos años: un mundo justo”, detalló Saladino, quien dedicó un especial reconocimiento a integrantes de la Comisión que fallecieron “antes de poder ver este sueño hecho realidad”: Cristina Comandé, Jorge Watts y Ana María Di Salvo.

Las cosas “se demoraron” durante el gobierno de Cambiemos. Y comenzaron a agilizarse luego, cuando Levaggi se hizo cargo de la gestión del Mercado Central. La Comisión pidió una reunión con él y le contaron la historia de aquellas tierras. “No sabía para qué habían servido, se mostró muy dispuesto desde siempre a trabajar para concretar el espacio para la memoria”, apuntó la sobreviviente. “Son los ex detenidos y familiares de víctimas los que merecen y deben gobernar y hacer uso de este espacio”, dedicó en ese sentido el titular tras la cesión efectiva de los terrenos.

Mientras se retomaron las gestiones hacia adentro y hacia afuera de la institución, el Mercado Central trabajó en la puesta en valor de veredas y portones del predio; la provincia de Buenos Aires, a través de la subsecretaría de derechos Humanos capacitó a sus trabajadores para que pudieran desarrollar el mantenimiento del predio de acuerdo a su preservación. Hasta que finalmente se firmó la cesión de los terrenos.

“Es un gran paso. Trabajamos con les sobrevivientes y familiares un proyecto arquitectónico que ahora hay que afinar con el Ministerio de Obras Públicas”, informó a este diario la Directora de Sitios y Espacios de Memoria de la Nación, Lorena Battistiol Colayago. El siguiente paso es afinar el proyecto arquitectónico con el Ministerio de Obras Públicas, presupuestarlo, habilitar el proceso de licitaciones y llevarlo a cabo. “Esperamos avanzar mucho en 2023”, apuntó la directora, que coordina la cosntrucción del Espacio para la Memoria en Campo de Mayo y obras de refacción y preservación en los centros clandestinos Club Atlético, la Escuelita de Famaillá en Tucumán, la Escuelita en Bahía Blanca, Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, Olimpo, Orletti y Virrey Cevallos.