Loma Negra es la gran cementera argentina. Las ganancias que acumuló durante la dictadura la empresa que había sido fundada por Alfredo Fortabat a mediados de la década de 1920 se incrementaron a partir del secuestro y posterior asesinato del abogado que defendía a los trabajadores de la cementera, Carlos Alberto Moreno. Antes de Moreno, la empresa había denunciado a operarios que fueron detenidos y sometidos a torturas mientras estuvieron en la Unidad 7 de Azul. Por estos hechos, el fiscal Santiago Eyherabide y las querellas pidieron al juez federal Gabriel di Giulio que eleve a juicio a cinco militares retirados. Si bien no habrá ejecutivos de la cementera en el banquillo, esperan que el proceso oral eche luz al rol que tuvo en el empresariado durante el terrorismo de Estado.

El 15 de julio de 1976, el jefe de personal de Loma Negra, Ernesto Cladera, y un empleado administrativo, Jacinto Takieldín, se presentaron ante el interventor del Ministerio de Trabajo en Olavarría, el capitán José Luis Álvarez. Fueron a denunciar a seis trabajadores, que –según ellos– habían parado la producción en la empresa. El interventor elevó las actuaciones al jefe del Área 124, Ignacio Verdura, y a los cinco días el comisario Alberto Balquinta ordenó las detenciones.

Los trabajadores detenidos fueron Andrés Staldeker, Eustorgio Arenzo, Walter Peralta, Manuel Antúnez, Antonio Álvarez y José Ricciardi. Después de pasar por las comisarías de Loma Negra y Olavarría, fueron trasladados a la Unidad 7 de Azul. Allí, los hicieron pasar a todos a una sala, los desvistieron, los pesaron, los midieron y les dieron ropa de cárcel. Los enviaron a la celda de “extremistas”. A las cinco de la mañana los despertaban, los hacían desnudar y los requisaban. El 29 de julio fueron finalmente liberados.

A Carlos Moreno lo secuestraron cerca de las 22 del 29 de abril de 1977. Estaba volviendo del comercial en el que trabajaba su esposa, adonde había ido a entregar una licencia. Su mujer estaba embarazada de cinco meses y lo esperaba con su otro hijito de un año y medio en casa, pero la dictadura tenía otros planes para Moreno –un abogado que le molestaba a la empresa con los juicios laborales y a quien tenía fichado la inteligencia de la Bonaerense desde tiempo antes–. El 3 de mayo, lo encontró Valentín Bulfoni cuando trataba escapar. Estaba en mal estado, le pidió auxilio y un vaso de agua. A poco de andar, un grupo de personas de civil recapturó a Moreno. Lo golpearon con ferocidad con una pala en la espalda. Lo asesinaron entre ese día y el siguiente.

La familia de Moreno recuperó su cuerpo recién el 23 de mayo de 1977. Estaba en la Jefatura de la Policía Bonaerense en La Plata. Tenía signos de torturas y una herida de bala en el pecho. Su cadáver estaba envuelto en una frazada verde del ejército. A su esposa le dijeron que no podía llevar el cuerpo a Olavarría. Ella y su hijito, Matías, sufrieron un allanamiento en su casa –de donde terminaron desalojados–.

En 2012, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata condenó a tres militares por el asesinato de Moreno--Julio Alberto Tommasi, Roque Ítalo Pappalardo y José Luis Ojeda-- y a dos civiles –Julio y Emilio Méndez– por haber prestado la chacra en la que estuvo cautivo. En diciembre de 2020, la Corte tomó el caso y fijó un estándar particular para los dos civiles y la Casación terminó absolviéndolos. 

El TOF de Mar del Plata en su sentencia ordenó que se investigaran los secuestros vinculados a Loma Negra. Como parte de esa investigación, la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) de la Procuración General detectó que la cementera logró reducir los costos laborales tras el asesinato de Moreno. "La relación entre el costo laboral y los resultados positivos de la empresa experimentó una disminución de un 53 por ciento durante la dictadura", informó la oficina que estaba a cargo de Judith König.

 La causa avanzó lentamente en la jurisdicción de Azul. Semanas atrás, el juez Di Giulio –que recién se hizo cargo del juzgado en 2020– informó a las partes que había terminado con la instrucción de la investigación. La fiscalía de Eyherabide pidió la elevación a juicio de cinco militares. Lo mismo hicieron las querellas. Una de ellas está representada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que conduce Matías, el hijo mayor del abogado Moreno.

Los acusados son Eduardo Bernadou –que oficiaba de jefe de personal y de inteligencia del Batallón Logístico I de Tandil– y varios jerarcas del Área 124, que tenía asiento en el Regimiento de Caballería de Tanques 2 “Lanceros General Paz”. Entre ellos, están el jefe de personal Julio César Tula, el jefe de operaciones Roberto Jorge Casares, el jefe de Logística Edgardo Mariano Viviani y Osvaldo Guarnaccia, quien ejercía como oficial de logística.

“Las órdenes secretas expuestas y la jurisdicción y asignación de blancos efectuada permiten afirmar que los imputados no sólo participaron, sino que fueron parte fundamental en el plan criminal de exterminio con jurisdicción sobre la zona en cuestión”, sostuvo en su requerimiento de elevación a juicio la querella de la Subsecretaría bonaerense.