Un grupo de organizaciones cristianas de distintas denominaciones, reunido en torno al denominado “Espacio ecuménico Patrick Rice”, nombre adoptado en memoria de quien fuera militante por los derechos humanos, emitió una declaración en la que suma su condena por la iniciativa de “reconciliación” de la Conferencia Episcopal Argentina, subraya que “no hay reconciliación si no hay arrepentimiento, ni verdad, ni justicia sobre la historia pasada” y solicita también el acceso ciudadano a los archivos del Episcopado relacionados con la dictadura militar.

El documento, que además anexa una lista de 222 personas de filiación religiosa desaparecidas durante la dictadura, lleva la firma, entre otras organizaciones, de las Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), Fraternidad Laica Carlos de Foucauld, Casa Ecuménica Popular, Católicas por el Derecho a Decidir, Fundación Música Esperanza, Centro Martín Kunz y Curas en la Opción por los Pobres. Cuenta asimismo con la adhesión de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, del Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, de sacerdotes, ex sacerdotes y militantes de espacios religiosos.

Dice el texto de la declaración que, salvo honrosas excepciones, los obispos católicos “durante la dictadura poco defendieron la vida de sus hijos”, y hasta en muchos casos se hicieron cómplices del horror con su palabra (alentando a delatar a sus compañeros), obra (bendiciendo vuelos de la muerte y perdonando a sus pilotos, hechos consentidos por los capellanes de las Fuerzas Armadas) y omisión (con su silencio). Un pronunciamiento similar se conoció la semana anterior, también con el respaldo de un número importante de organizaciones y personalidades, con ocasión de la asunción del obispo Santiago Olivera como titular del obispado castrense. 

En apoyo a la posición asumida en el texto se recuerdan palabras de los propios obispos católicos, que en 1982, sostuvieron que “la reconciliación necesita de la verdad, aunque a veces sea dolorosa, porque ocultarla impediría la curación y la salud de la Patria”. Por entonces el episcopado agregó que “como la verdad no sirve nunca a la guerra sino a la reconciliación y la paz, debe provocar siempre la propia conversión”.

Subrayan los firmantes que “poco y nada hemos escuchado de un arrepentimiento en estos cuarenta años como Iglesia Jerárquica, que en gran parte no solo no cuidó su rebaño, sin que lo entregó”. E insisten en la situación del sacerdote Christian Von Wernich condenado por delitos de lesa humanidad. “No entendemos cómo todavía una persona así pueda tener la prerrogativa de celebrar el sacramento de la vida cuando participó repetidamente en la muerte”, dicen. Y señalan que “nos causa escándalo que esta persona celebre misa en su establecimiento de detención”.

Tras recordar a algunos “mártires” cristianos, entre los que se menciona a Carlos Mugica, Alice Domon, Leonie Duquet y los obispos Carlos Ponce de León y Enrique Angelelli,  insisten en que “no puede haber reconciliación por decreto o por una legislación como la del reciente intento de legislar impunidad desde la misma Corte Suprema con el denominado 2x1 que hubiera dejado libre a muchos genocidas”. 

Acerca del anuncio hecho por los obispos respecto de la apertura de los archivos eclesiásticos relacionados con la dictadura militar, los firmantes rechazan que solo los familiares de las víctimas puedan tener acceso a los datos. “Muchas familias han sido diezmadas, otras sus sobrevivientes murieron, otras están y permanecen en el exilio”, frente a lo cual “el hecho de que estos datos no sean abiertos a todo el público (investigadores, abogados, medios de comunicación, periodistas especializados) no nos hacen pensar otra cosa que un nuevo ocultamiento de la verdad y una nueva complicidad”.