En los últimos meses han sido noticia diversos artículos periodísticos que se hacen eco de declaraciones en las que desde el gobierno se ataca a los abogados a través de términos como “industria del juicio laboral” y/o “mafia de abogados laboralistas”, entre otras definiciones. Del análisis liviano que se realiza, se pretende afirmar que abogados inescrupulosos ponen en jaque el ordenamiento jurídico, afectando a empresas y pymes que se ven atacadas por esta “mafia” que hace que las empresas cierren no permitiendo así el desarrollo de la actividad laboral y económica del país. Llama la atención entonces que existiendo la Ley de Contrato del Trabajo desde el año 1976, ahora en el 2017 descubramos que la realidad de la falta de trabajo y/o cierre intempestivo de empresas que sucede en la actualidad sea por este accionar de los abogados, por lo que surge el siguiente interrogante: ¿acaso en años en los que subió el empleo (2003-2013) estando vigente la LCT no se veía afectado el empleo por la “mafia” de los juicios laborales? Evidentemente el análisis que se hace es erróneo, y no contempla quizás que las políticas económicas actuales no favorecen el empleo sino que por el contrario lo están machacando, como tampoco se cuestiona si es necesario realizar reformas impositivas quitando impuestos distorsivos que aquejan la actividad de las empresas. Seguramente debe ser más fácil cortar el hilo por lo mas fino y que sean los trabajadores los que paguen lo que le costaría al estado en sus arcas una reforma impositiva. Es importante entender que para que exista un juicio laboral, y el mismo pueda prosperar, debe existir un derecho lesionado y que esté consagrado en una ley; por más magia que hagamos los abogados, nada se puede hacer sin la existencia de un derecho que haya sido violentado. Es decir que cuando nos hablan de industria del juicio, estamos hablando de que existen derechos vulnerados amparados por la Ley y la Constitución Nacional y cuyo incumplimiento generó en el trabajador el derecho a percibir una indemnización. Sin embargo, los analistas de la “creciente litigiosidad laboral” omiten establecer las causas de lo juicios laborales, ya que si se toman el tiempo de ahondar en los mismos, se encontrarán con que más del 80 por ciento se deben a relaciones laborales no registradas o registradas indebidamente, es decir en negro. Ahora bien ¿por qué existen relaciones en negro? Justamente para evitar la carga impositiva de un trabajador en blanco, por lo que el problema que el gobierno quiere atacar con los juicios laborales no es el verdadero meollo de la cuestión, sino que por el contrario la falta de políticas para bajar las cargas laborales al empleador hacen que el empleador decida tomar a un trabajador por fuera de lo que la ley establece, generando luego un incipiente juicio si dicha relación finaliza con un distracto. Lo mismo ha sucedido con la nueva Ley de ART, en la que la alta litigiosidad fue señalada como el problema y no por ejemplo la falta de prevención, el accionar lento de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, los rechazos de enfermedades inculpables o los bajos porcentajes de incapacidad que las Comisiones Médicas siempre establecían. Finalmente, dejo planteado el siguiente interrogante: ¿no será que detrás del ataque a la “mafia laboral” se esconde un cercenamiento de derechos laborales? ¿No estaremos ante una sutil estrategia de volver a la flexibilización laboral de los noventa que tan mal hizo a los trabajadores del país? Espero que no, solo el tiempo lo dirá.

* Abogado especialista en derecho laboral.