La protesta de unas cuarenta personas, miembros de la comunidad mapuche, que se hizo anteayer frente al Palacio de Justicia así como la manifestación con corte en la Avenida 9 de Julio que protagonizaron organizaciones sociales con reclamos al Ministerio de Desarrollo Social, tuvieron un denominador común al ser reprimidas: hubo personas que fueron detenidas y acusadas del delito –entre otros– de “intimidación pública”, que puede tener pena de prisión. Según denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se trata de una figura que “no aplica a los hechos ocurridos y que expone a las personas a penas mayores”. Pero se usa para agudizar la criminalización de la protesta, intimidar y lograr que los casos sean investigados por la justicia federal.
La protesta en Tribunales reclamaba la liberación del dirigente mapuche Facundo Jones Huala, detenido por un juicio pendiente para su extradición, reclamada por el gobierno de Chile, que lo acusa de haber participado en 2013 de un ataque a la casa de los cuidadores de un campo cercano a Valdivia. Los mapuches que se manifestaron ni siquiera cortaron la calle. Fueron abordados por la policía cuando iban a prender fuego unas maderas. Los agentes avanzaron a los golpes y detuvieron a siete personas que seguían detenidas ayer a última hora e incomunicadas. Uno de los manifestantes está internado en Hospital Argerich.
Igual que frente a la protesta en la 9 de Julio, la represión comenzó cuando estaban en pleno desarrollo las negociaciones para la retirada. En el primer caso, además, había representantes de las organizaciones sociales dialogando en Desarrollo Social. El CELS recoge testimonios y analizan imágenes de la represión. Lo mismo tienen que hacer la fiscal Alejandra Mángano y el juez federal Sergio Torres, que quedaron a cargo de la investigación penal que llegó con la carátula de “intimidación pública” y “abuso de autoridad”, entre otros delitos.
Según explica Federico Efron, del CELS, “abuso de autoridad” es la figura que se utiliza tradicionalmente en manifestaciones. Cuando ese trata de cortes, también se les imputa la interrupción de la circulación. “Pero la intimidación pública –dice Efron– no se condice con estas situaciones, se usa por ejemplo si hay muchos pasajeros arriba de un avión y de pronto alguien grita que hay una bomba”. La intimidación prevé de 3 a 6 años de prisión. La “resistencia a la autoridad” puede tener penas de un mes a un año y se abusa de ella para justificar detenciones.
“El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires y la justicia federal y criminal –advierte el CELS– endurecieron su reacción a las protestas cuando no se trata de manifestaciones masivas. A las consecuencias para la integridad física que tienen los operativos violentos se agregan las consecuencias negativas que tiene la criminalización. La privación de la libertad y los procesos penales posteriores son mensajes claros que buscan desalentar el ejercicio del derecho a la protesta social.”
