La situación del octogenario comerciante Luis Yudi ocupó la primera parte de la audiencia de ayer en la continuidad del juicio oral que se sigue contra siete personas acusadas de integrar una asociación ilícita que lavó activos provenientes de actividades ilegales vinculadas al narcotráfico. 

El fiscal federal Carlos Amad pidió que Luis Yudi permanezca detenido, asegurando que su salida del país, el pasado 27 de julio, sin haber informado antes al Tribunal Oral en lo Federal N° 1 de Salta, puso en riesgo la realización de este juicio, iniciado el 3 de noviembre último. Luis Yudi, su sobrino Mario Yudi, su hermano Alberto Yudi (padre de Mario); el sindicado capo narco Delfín Castedo, su ex mujer Melba Araujo, su hermano Raúl Amadeo "Ula" Castedo y el martillero público Eduardo Torino, son juzgados acusados de integrar una organización delictiva. 

Luis Yudi regresó a Argentina el 16 de septiembre último, por Salvador Mazza, donde reside, se presentó en el Escuadrón de Gendarmería y fue detenido, porque pesaba sobre él un pedido de captura nacional e internacional, solicitado por la fiscalía el 14 de septiembre, cuando se supo que hacía semanas que estaba en el extranjero. 

Ayer el fiscal Amad detalló su derrotero en el exterior: el comerciante salió por el paso internacional de Salvador Mazza. Del vecino país fue a Madrid, en España, y luego viajó a Turquía. El 26 de agosto visitó por un día El Líbano y después fue a Siria, donde estuvo 15 días. Estaba en este país cuando supo que se lo consideraba prófugo de la justicia argentina, hizo declaraciones indignadas contra la fiscalía y los medios de comunicación que difundieron la novedad de su salida del país, también hizo reproches a su abogado, Adolfo Rodríguez, dijo que le había dado instrucciones para que tramitara el permiso del Tribunal, y anunció su regreso, que hizo siguiendo la misma ruta.

Cuando se supo de la ausencia de Luis Yudi, la fiscalía también pidió que se retengan los pasaportes de todas las personas acusadas en este proceso y que les impongan a Araujo, Alberto y Mario Yudi, residentes en el norte provincial, la obligación de presentarse diariamente en Gendarmería. Los hermanos Castedo están detenidos en la cárcel federal de Ezeiza, ambos tienen otros procesos por narcotráfico y están además procesados como autores intelectuales del asesinato de Liliana Ledesma, en 2006, luego de que esta mujer reclamara por el cierre de caminos vecinales en la zona de frontera y vinculara esta limitación con el tráfico de drogas ilegales. 

Tanto su defensor como Luis Yudi hablaron ayer antes de que el Tribunal decidiera sobre el planteo del fiscal Amad. "Mi defenfido siempre estuvo a derecho", sostuvo Rodríguez, aseguró que "no existió riesgo alguno" para el proceso; si bien reconoció que "cometió un error", dijo que no por eso debe estar en prisión, y solicitó que sea con la modalidad domiciliaria. 

Luis Yudi sostuvo que no intentó evadir el juicio, que viajó para ver a un pariente enfermo; dijo que "fue una torpeza" viajar sin haber informado, aunque detalló que hizo todos los trámites migratorios, "yo no tenía impedimento de salir del país", subrayó, contó que incluso viajó dos veces a Marruecos y "nunca se me dijo que no podía salir del país". 

"Efectivamente, existió un incumplimiento de una obligación procesal del señor Luis Yudi, no obstante, no regía la prohibición de salir del país", equilibró el presidente del Tribunal, Federico Díaz, al informar la decisión que compartió con el juez Mario Marcelo Juárez Almaraz y la jueza Marta Liliana Snopek. El Tribunal ordenó que el comerciante cumpla prisión domiciliaria, accedió también al pedido de la fiscalía para que se le coloque una pulsera electrónica; le prohibió abandonar el territorio nacional y dispuso que Gendarmería deberá constatar la presencia de Luis Yudi en su casa diariamente, en distintos horarios. También le retuvo el pasaporte. Además, Luis Yudi deberá escuchar las grabaciones de las cinco audiencias en las que no estuvo. 

Declaraciones, y alegatos 

Tras ese intercambio por el viaje de Luis Yudi, el juicio retomó su cauce, ya en etapas finales. El auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier leyó las últimas pruebas documentales incorporadas; luego se incorporaron otras pruebas y tras eso el presidente consultó a las personas acusadas si deseaban declarar. 

Eduardo Torino, Delfín Castedo y Melba Araujo pidieron la palabra otra vez para negar las acusaciones en su contra y explicar aspectos específicos. 

Torino empezó cruzándose con la fiscalía, a la que acusó de preguntar "para crear confusión". Amad le exigió respeto y Díaz reconvino al martillero. "He estado a proceso. Se me inculpó". "Yo siempre he hecho las cosas en forma correcta", aseguró Torino. 

Castedo insistió en que se dedica al trabajo rural en las dos fincas de su propiedad. "¿Vos la usabas para esto (la actividad agropecuaria) a la finca (El Aybal) o para comprar droga?", le preguntó su abogado, Mariano Alvarez, para habilitar la respuesta obvia. 

Araujo, a quien la acusación señala como quien siguió a cargo de la administración de El Aybal, y El Pajeal, cuando éste fue detenido, en 2016, volvió a presentarse como una madre dedicada al cuidado de las cinco hijas que tuvo con este hombre y se manejaban "como una familia, no como una sociedad". Dijo que no tiene propiedades, "hasta el día de hoy él (Delfín Castedo) sigue manteniendo a sus hijas y me sigue manteniendo a mí", sostuvo. 

Ayer mismo se cerró la etapa de pruebas. Los alegatos comenzarán el próximo 28 de septiembre, con la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF). El 12 de octubre alegará la fiscalía. Además, se previeron audiencias para el 19 y 26 de octubre.