En una sesión cruzada por un áspero debate, varios e interminables cuartos intermedios, artículos caídos y modificaciones acordadas en el recinto, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria, impulsado por el Gobierno. La iniciativa incorpora a las Personas Jurídicas como imputables en todos los delitos establecidos en el Código Penal con carácter de “imprescriptibles” –equiparándolos con delitos de lesa humanidad– y con penas mínima superiores a los 4 años para que no sean excarcelables pero con reducción de las sanciones económicas. Sin embargo, la alianza oficialista Cambiemos no pudo imponer el polémico artículo 37 del dictamen (rechazado por 131 votos a 87), en el que propiciaba que el procurador General del Tesoro pudiera hacer “acuerdos administrativos” con las compañías imputadas por fuera del ámbito judicial y con retroactividad a los supuestos delitos cometidos. Un artículo que la oposición tildó de “inconstitucional” y que desde el Frente para la Victoria (FpV-PJ) bautizaron como “Odebrecht-Calcaterra”, en referencia a la intención de habilitar al procurador Bernardo Saravia Frías, un abogado de las empresas del conglomerado familiar de Mauricio Macri, a seleccionar con la multinacional brasileña los delitos cometidos en la Argentina y desvincular a la sospechada empresa contratista que era del primo del Presidente.

El proyecto del gobierno se había empantanado la semana anterior, cuando después de la aprobación en general, el oficialismo perdió la votación del primer artículo e impuso un cuarto intermedio hasta ayer. Cambiemos volvió al recinto con la intención de imponer el cuestionado artículo 37. “El artículo primero es el objetos de la ley. Pero al haber sido rechazado, la ley se quedó sin objeto”, repitió, como el miércoles pasado, el jefe de la bancada del FpV-PJ, Héctor Recalde. El oficialismo tuvo que discutir el artículo primero del dictamen de minoría del Frente Renovador (FR), al que se sumó una propuesta del Bloque Justicialista (BJ). El FpV-PJ volcó su voto a favor de la propuesta renovadora. Allí se estableció que el Régimen de Responsabilidad Penal abarca a las Personas Jurídicas (las empresas) y a todos los delitos establecidos en el Código Penal. La propuesta original solo incluía los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública, y fraude contra la administración. 

“Hay un sinnúmero de situaciones que se pueden dar por fuera de los delitos contemplados, y hay otros delitos que nunca van a llegar a ser aplicados a las personas jurídicas, pero no está mal que estén previstos igualmente”, explicó la diputada massista Mónica Litza, al tiempo que consideró que así “no dejamos ningún cabo suelto; y para que no haya un régimen diferente para las personas jurídicas que para las personas humanas”.

Otros de los artículos polémicos del proyecto, el 5, varió la composición de las alianzas en el recinto. “Este es uno de los artículos Odebrecht”, soltó el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade y señaló que “en lugar de definir cuáles son las responsabilidades penales, lo estamos llevando al plano de cuáles son los incentivos para la delación”. Pero el massismo trocó con el oficialismo el apoyo en la votación del artículo (que obtuvo 135 a favor y 75 en contra) a cambio de modificar el texto del artículo 20 sobre el acuerdo de colaboración eficaz.

El debate volvió a calentarse en el artículo 8, que definió las penas económicas a las empresas que cometan delitos. Cambiemos elevó el monto mínimo de la pena, del 0,5 por ciento de su facturación anual al 1 por ciento, pero bajó el máximo que fijó su propio dictamen: del 20 pasó al 10 por ciento de los mismos ingresos. “Se está atenuando el monto de la pena. Yo iba a proponer que se llevara al 50 por ciento”, reclamó Carlos Heller (Psol). Entre las penas también figura la inhabilitación de operar comercialmente.  

La polémica sobre el artículo 20 se saldó con su modificación: “El Ministerio Público Fiscal y la persona jurídica podrán celebrar un acuerdo de colaboración eficaz por medio del cual ésta se obligue a cooperar, a través de la revelación de información o datos precisos, útiles, completos y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes y/o el recupero del producto o las ganancias del delito”, reza el texto final de la norma. Se quitó de la redacción del artículo en el dictamen oficial que la colaboración empresaria sea “a cambio de la suspensión de la persecución”, aunque este punto se sumó como un inciso del artículo 22.

Derrota

La zizagueante estrategia oficialista se topó con un duro revés. Cambiemos insistió con el texto original artículo 37 que otorgaba al Procurador del Tesoro (que depende del Presidente) el poder de pactar con las personas jurídicas (las empresas). La intención  era que pudieran hacer un acuerdo administrativo de colaboración eficaz por fuera del ámbito de la justicia y con retroactividad sobre el supuesto delito cometido. La derrota se reflejó en el tablero electrónico: 131 votos negativos ante los 87 del solitario oficialismo. 

El resultado desató una discusión en el recinto. El jefe de los diputados PRO, Nicolás Massot, que asumió la representación del interbloque de Cambiemos (ante la ausencia del radical Mario Negri), no tuvo un buen bautismo de fuego. “Eliminamos el artículo 37, que implicaba legalizar la negociación espuria entre (el ministro de Justicia, Germán) Garavano, Laura Alonso (de la Oficina Anticorrupción) y Odebrecht para favorecer a Macri”, afirmó luego Tailhade ante PáginaI12. “La oposición impidió que hoy pudiéramos aprobar una ley que permitiera investigar sobre hechos pasados pero con la aprobación de una norma complementaria que votaremos en breve, y sobre la cual existe compromiso de avanzar, vamos a poder investigar el caso Odebrecht”, se justificó Burgos. La socialista Alicia Ciciliani propuso reemplazar el artículo 37 con la creación de una comisión Bicameral para seguir el tema, pero ante el rechazo de Burgos a introducir modificaciones en el frustrado artículo dio por tierra con la intención. Tras el último y prolongado cuarto intermedio y una reunión entre el presidente del cuerpo, el macrista Emilio Monzó, y los jefes de los bloques partidarios, el oficialismo admitió la derrota. “No vamos a forzar un tratamiento que puede deslegitimar la ley”, dijo Massot.

Luego, Massot amplió el debate a las modificaciones pactadas con el massismo. Recién entonces, el líder renovador, Sergio Massa, que había estado ausente en toda la sesión se incorporó al recinto para votar sus propuestas. El endurecimiento de penas, que llevó el mínimo a cuatro años para que no sean excarcelables, recibió en el acompañamiento de todos los bloques. Recalde criticó que los dueños de las empresas puedan deslindar su responsabilidad en gerentes o empleados. Cuando se aprobó equiparar esos delitos con los de lesa humanidad y se los declararó imprescriptibles, el FpV-PJ y FIT votaron en contra y el socialismo, Libres del Sur y la radical Karina Banfi se abstuvieron. 

El cierre del debate mostró distintas caras. “Logramos frenar el intento de garantizar la impunidad de Macri y Odebrecht. Eliminamos el artículo 37, que implicaba legalizar la negociación espuria entre Garavano, Laura Alonso y Odebrecht para favorecer a Macri”, afirmó luego Tailhade ante PáginaI12. El massismo celebraba con cierta discreción las modificaciones que introdujo en su acuerdo con Cambiemos. “La oposición impidió que hoy pudiéramos aprobar una ley que permitiera investigar sobre hechos pasados pero con la aprobación de una norma complementaria que votaremos en breve, y sobre la cual existe compromiso de avanzar, vamos a poder investigar el caso Odebrecht”, se justificó Burgos, que había festejado eufórica la media sanción en el recinto. Algunos compañeros del interbloque no eran tan optimistas: por lo bajo consideraban que las concesiones realizadas al massismo, como la imprescriptibilidad de los delitos, no pasaría por el Senado.